Cargando...
Cevima SA, propiedad de Carlos Alberto Escobar Brizuela, es proveedora en varias instituciones públicas, predominantemente en el rubro de limpieza. La firma acumula una serie de cuestionamientos por incumplimiento de obligaciones laborales desde hace años.
Lea más: Viajó por el mundo con dinero estatal obtenido en dudosos procedimientos
El 18 de diciembre de 2019, 24 trabajadoras de limpieza del Poder Judicial de Ciudad del Este presentaron en la Fiscalía una denuncia contra Escobar Brizuela y Alba Galván, encargada regional de Cevima SA, por los supuestos delitos de extorsión, estafa, coacción y producción de documentos falsos.
Según la denuncia, Galván habría obligado a las afectadas a firmar recibo de dinero bajo amenaza de ser desvinculados de la empresa. Luego, esos papeles eran usados para descontarle G. 800.000 de su salario como supuesto cobro de “adelanto”.
Más info: Otra denuncia por supuesta estafa contra cuestionada proveedora
A casi 18 meses de la denuncia, la investigación en la causa N° 17.864/2019 contra los representantes de la empresa Cevima SA está paralizada en la oficina del fiscal Alcides Giménez Zorilla.
A consecuencia de la supuesta estafa a las trabajadoras, la firma fue “marcada” en la administración de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Cevima SA ya no participó en las últimas licitaciones para limpieza de sedes judiciales de la región.
Lea más: El hombre de los G. 500.000 millones
Escobar Brizuela es igualmente representante legal de la empresa Chaco´i Industrial y está vinculado a la Constructora Eco SA. Las firmas de Escobar Brizuela se embolsaron más de G. 500.000 millones del dinero público mediante licitaciones.
Nueva denuncia
El martes pasado, alrededor de 45 trabajadores del sector de limpieza del Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este denunciaron públicamente que la empresa Cevima tampoco le abona completamente su salario y que solo perciben G. 1.100.000 mensual.
Tras la protesta, la empresa despidió a 19 trabajadores. Los afectados denunciaron el caso en la oficina regional del Ministerio del Trabajo.
La encargada regional de la empresa Alba Galván negó que haya obligado a los trabajadores a firmar cualquier recibo. Afirmó que los trabajadores cobran libre G. 1.100.000 cada quincenal y aseguró que perciben más del salario mínimo. Dijo que el despido de los limpiadores fue por “abandono de trabajo”.
Intentamos comunicarnos con Escobar Brizuela en la línea de la empresa que figura en el portal de Contrataciones Públicas. Una secretaria respondió que Escobar Brizuela se comunicaría con nuestra redacción, pero aún no se manifestó el denunciado.