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El Tribunal de Apelaciones -compuesto por Celsa Rojas de Morínigo, Mirian Meza de López y Marta Acosta Insfrán- amplió el plazo de investigación hasta el próximo 24 de septiembre, tiempo en que el fiscal Víctor Adolfo Santander deberá presentar el requerimiento conclusivo respecto al intendente Caballero Ruiz.
El fiscal Santander dijo que están pendientes algunos pedidos de informes a instituciones públicas para cerrar el caso en relación al jefe comunal, quien buscará un tercer mandato de forma consecutiva en las próximas elecciones municipales.
Mientras que Ríos Ocampos ya afrontó la audiencia preliminar ante la jueza Alba Meza, quien elevó su caso a juicio oral y público.
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Caballero Ruiz y Ríos Ocampos, dueño de la empresa Serteco, están procesados a raíz del funcionamiento de un vertedero de forma irregular, en el Km 323 Monday (ex Km 20), a unos 1.500 metros de la ruta PY02.
La Fiscalía atribuyó al intendente cartista los delitos de procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación ambiental. En el relato fáctico de la imputación se menciona que el jefe comunal habilitó el funcionamiento de un vertedero, perteneciente a la empresa Serteco, sin contar con la licencia ambiental.
Una comitiva fiscal-Mades intervino el depósito de basuras y detectaron que el vertedero no contaba con licencia ambiental; además, constataron que los residuos eran arrojados en un predio de aproximadamente tres hectáreas sin relleno sanitario y tampoco contaba con fosa de lixiviados.
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Caballero Ruiz también está en la mira del fiscal Anticorrupción Francisco Cabrera en una causa por supuestos casos de corrupción denunciados por los concejales disidentes. El jefe comunal había adjudicado millonarias licitaciones a dos empresas pertenecientes a su esposa diputada Blanca Vargas. Se trata de Po Kuarahy Rese SA, beneficiada con contratos por G. 1.417 millones, y Dimafre SA con contratos por G. 2.026 millones.