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El desalojo se ejecutó ayer jueves en inmuebles ubicados en la Colonia San Martín (Troncal 3), del distrito de Minga Porã. El mandamiento de desahucio fue firmado por el juez de primera instancia Ovidio Javier Bogado. Se realizó en el marco de una investigación por invasión de inmueble ajeno, por lo que el Ministerio Público dispuso el cese del hecho punible, a fin de volver a entregar la propiedad a sus dueños.
Videos que circularon en las redes sociales muestran que muchos niños tosían persistentemente y supuestamente fue a causa de que se lanzó gas lacrimógeno en un lugar donde estaban rezando con sus padres, a modo de resistir el desalojo.
Sin embargo, el fiscal de la causa, Alcides Giménez, afirmó que en ningún momento se utilizó la fuerza y que ninguno de los uniformados portó armas al momento del procedimiento.
Dijo además que hubo un largo diálogo y mediación y que finalmente accedieron a abandonar el inmueble en forma pacífica y luego los trabajadores contratados procedieron al desarme de los armajes de las casas precarias que fueron levantadas sobre la tierra mecanizada, donde se observan vestigios de cosecha reciente de granos.
Según el fiscal, los aborígenes no viven en el lugar sino en una extensa propiedad contigua que pertenece a la comunidad Cerrito y que con frecuencia ingresan en las fincas contiguas, donde hay cultivos.
Además de los agentes policiales participaron los representantes del Indi, de Derecho Étnico del Ministerio Público, de DD.HH. del Ministerio del Interior, de Pastoral Indígena Nacional, DD.HH de la Policía Nacional y asesores jurídicos de la Dirección de Policía de Alto Paraná, entre otros.