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La aplicación de un total de 93 dosis a personas que no estaban en el grupo de prioridad causó mucha indignación. La aplicación irregular se registró el martes pasado en el vacunatorio de este distrito, habilitado en el polideportivo de la Universidad Privada del Este, propiedad de la familia del gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken (ANR). El mismo se desmarcó de la denuncia y afirmó que sólo prestaron el local, por ser un lugar amplio y cómodo. Aseguró que ninguna persona de su entorno accedió a la vacuna.
En la lista de beneficiados con la dosis de manera irregular figuran varios docentes de UPE, como el decano de la Facultad de Derecho, Lulio Vicente Gamarra, de 67 años; Blanca Maldonado Benítez, de 61 años, profesora de Teoría y Práctica de Derecho, ; Eladio Ramón Invernizzi, docente de Ingeniería de la UPE; Francisco Antonio Ruffinelli Cespedes, de 72 años, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UPE, y Beatriz González de Larramendia de 63, directora de la UPE, entre otros.
Igualmente fueron inmunizados varios políticos y exautoridades como Reinerio Santacruz Mendoza, de 78 años, ex intendente municipal de Presidente Franco, y su esposa, Blanca Escobar de Santa Cruz, de 72 años. También aparecen el ex concejal franqueño Éver Asunción Gamarra Sosa, de 76 años, y su esposa, la docente Sofía Argüello de Gamarra, de 65.
También saltaron nombres de empresarios que también fueron beneficiados con la vacuna de manera irregular, como Laura O’Hara de Parquet, de 55 años, y Pedro Renato Castro Marincovic, de 78 años.
En la lista también figuran varios abogados como Nelson Riveros Vera, de 64 años, vicedecano y docente de la Facultad de Derecho de la UNE, además del ex juez César Nider Centurión Barrios, de 63 años.
El privilegio de acceder a las dosis sin contar con la edad requerida generó la indignación de varias personas. Una familiar de paciente con Covid, Lorena Rivas manifestó que se debe corregir esta irregularidad para que las vacunas lleguen a quienes verdaderamente deben recibir. “Está muy mal porque incluso hubo médicos que murieron esperando recibir la vacuna. Ojalá que vean la forma de que reciban las personas que realmente deben”, expresó. Antonia Vázquez, otra familiar de paciente, cuestionó la aplicación irregular y dijo que “ojalá no ocurra más”. En tanto, Paola Da Silva fue tajante al afirmar que una gran irresponsabilidad y cuota de corrupción por parte del Gobierno. “Hay mucha irresponsabilidad por parte del Gobierno porque hay muchas personas que quieren aplicarse pero hay corrupción e irresponsabilidad de por medio. Ya no confiamos en nadie”, sentenció.
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La investigación quedó en manos del fiscal Julio César Paredes, quien como primera diligencia pidió de forma oficial las nóminas de vacunadores y vacunados, además de todos los responsables de la jornada de inmunización. Igualmente pidió que se le remitan las resoluciones sobre las especificaciones de las fases etáreas, dispuestas por el Ministerio de Salud. Una vez analizados los documentos, llamará a prestar declaración testifical a todos los involucrados.