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Vázquez Figueredo se desempeñó como defensor público entre 2001 y 2009. Luego, se convirtió en fiscal y pasó por varias oficinas de Alto Paraná hasta que en agosto de 2019 renunció al cargo, acorralado por denuncias de supuesto mal desempeño de funciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En su declaración jurada de bienes presentada el 4 de octubre de 2013 ante la Contraloría General de la República, el entonces fiscal informó que sus activos ascendían a G. 2.372 millones. Como fuentes de ingresos declaró su salario del Ministerio Público y de su esposa, sueldo como docente en la Universidad Nacional del Este, percepción por alquileres y cobro de intereses por dinero prestado.
Dos años después Vázquez Figueredo declaró una astronómica fortuna superior a G. 60.000 millones. Según la comunicación de bienes de fecha 1 de junio de 2015, el entonces funcionario tenía ahorros de G. 405 millones depositados en dos cuentas bancarias y en tres cuentas abiertas en una cooperativa, préstamos a cobrar por G. 228 millones, una residencia de G. 1.500 millones, vehículos por G. 317 millones y mobiliarios por G. 100 millones. Además, de otros activos por G. 60.062 millones sin especificar precisamente de qué se tratan.
En su último informe de bienes, entregado en 2019 por motivo de renuncia al cargo de fiscal, redujo abismalmente su patrimonio a G. 426.400.000 y ni siquiera declaró una propiedad.
Litiga como pobre
El ex fiscal Vázquez Figueredo se declaró insolvente ante la jueza Delsy Cardozo, quien le concedió el beneficio para litigar sin gastos en un juicio privado mediante la asistencia de la defensora pública Blanca Benítez.
El ex funcionario dijo en el juzgado que se encuentra en la extrema pobreza, que no cuenta con ingresos económicos y que reside en un inquilinato cedido gratuitamente por un familiar. Llamativamente la jueza Cardozo sin mayores trámites le autorizó la asistencia de la Defensoría Pública; la magistrada incluso permite la vulneración de un derecho de rango constitucional de la contraparte desde hace más de un año para favorecer al ex fiscal. Por motivo de reserva legal no podemos brindar detalles del pleito judicial.
Sin embargo, Vázquez Figueredo sigue domiciliado en la residencia de G. 1.500 millones y se moviliza en una camioneta Chevrolet S10, de color gris sun y chapa CFA 745, año 2017, valuado en casi G. 200 millones. El rodado -que figura a nombre de la empresa Alliance Group SA- estaba estacionado esta mañana dentro de la vivienda.
Al ex fiscal igualmente se le atribuye la propiedad de varios edificios de Ciudad del Este escondidos a nombre de testaferros.
¿De dónde sacaron la plata?
En 2013 Vázquez Figueredo tenía una comunidad conyugal con la defensora pública Iris Alisa Carballo Cáceres. En aquel año el ex fiscal declaró el patrimonio del matrimonio por un valor total de G. 2.372 millones.
Solo dos años después, la pareja declaró activos por más de G. 60.000 millones. Un astronómico aumento, 25 veces al monto declarado en 2013. El matrimonio comunicó ingresos mensuales de G. 31 millones y para conseguir el meteórico incremento patrimonial requería 154 años de ahorro íntegro.
La defensora Carballo Cáceres dijo que su declaración jurada “obviamente que tiene unos cero (0) demás” y añadió que ya no tiene ninguna vinculación conyugal con Vázquez Figueredo. Consultada sobre la camioneta estacionada en la residencia, respondió que el rodado pertenecía a la familia pero que fue vendido.
Intentamos comunicarnos con el ex fiscal, pero no atendió nuestra llamada telefónica ni respondió nuestra consulta vía mensaje de texto. Mientras que la jueza Cardozo se excusó a hablar del caso.