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La denuncia fue promovida hace poco más de cuatro meses por el empresario Abundio López Ibarra, quien vive permanentemente hostigado por los invasores desde hace varios años, causándole perjuicios millonarios al no poder disponer de su inmueble.
La invasión fue concretada por poco más de una docena de vecinos, pero estos rápidamente vendieron los terrenos hasta que en poco tiempo se sumaron más de 100 familias, copando toda la extensión de la propiedad.
Para investigar el hecho fue designado el fiscal Édgar Benítez Delgado, quien solicitó informe al Registro Público y a la Municipalidad de Ciudad del Este, instituciones en donde consta que la propiedad pertenece al denunciante. Sin embargo, el 15 de enero pasado, luego de movilizar a todo el aparato estatal, llamativamente a última hora decidió suspender la restitución del inmueble a su propietario.
Ese mismo día circularon varios audios adjudicados a supuestos campesinos en los que mencionaban una supuesta colecta para “trabar” el desalojo, por lo que Benítez Delgado fue apartado de la causa. Luego, fue reasignado su colega Édgar Modesto Torales, quien finalmente esta mañana se constituyó en el sitio para concretar el desalojo.