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En la víspera, las familias campesinas se movilizaron frente a la sede judicial de Itakyry en repudio a la decisión de la jueza Ana Giménez, quien dispuso una medida cautelar para prohibir a los labriegos ingresar a una parcela de la finca en pleito judicial.
La protesta se inició el martes pasado y será de forma indefinida hasta que los campesinos sean atendidos por las autoridades.
En 2014, unas 575 familias campesinas -que ocupaban un predio en Ñacunday- fueron ubicadas en una colonia fundada por el Indert en Itakyry. Los beneficiarios recibieron una parcela para construir su vivienda y para el cultivo de autosustento, además de otra parcela mayor para el cultivo de renta.
Cristian Sánchez, presidente de la comisión de Desarrollo Social de la colonia, recordó que inicialmente cuatro familias fueron expulsadas de un sector de la finca colonizada por el Indert, pero actualmente son 90 familias las afectadas por las demandas judiciales presentadas por 21 colonos extranjeros que reclaman la propiedad.
Sánchez dijo que los pobladores de la colonia están desamparados y que ni siquiera desde el Indert tienen un acompañamiento adecuado para solucionar la problemática de la tierra. Indicó que desde el ente agrario habían prometido enviar a un abogado para revisar las cuestiones legales, pero que hasta ahora no se cumplió.
El año pasado, el entonces presidente del Indert, Mario Vega, había presentado una denuncia contra personas innominadas por la producción de supuestos títulos falsos para despojar las tierras de la colonia Santa Lucía, pero hasta ahora se desconoce el avance de la investigación en la Fiscalía.
Por su parte, la directora jurídica del Indert, Rosanna Galván, anunció que intervendrán en los casos judiciales al alegar que las tierras en conflicto pertenecen a la entidad agraria. “Vamos a defender a los verdaderos adjudicatarios. El Poder Judicial debe entender que es el Indert quien define la calidad de sujeto agrario”, añadió.