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A finales de enero pasado, la fiscala Ramírez y la jueza Garcete se culparon por el blanqueo de los suboficiales Adolfo Fernández y Armando Sanabria, ambos imputados por el secuestro del turista brasileño Guilherme Costa Bueno ocurrido en 2018.
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Ramírez había realizado la investigación y cuando solicitaba el juzgamiento público de los policías fue recusada en plena audiencia preliminar por el abogado defensor Pablo Contreras. Posteriormente, Garcete con anuencia del nuevo fiscal Sergio Irán Villalba sobreseyó a los dos agentes.
Luego de la desavenencia entre la fiscala con la jueza, dos afectados por las investigaciones de Ramírez aprovecharon una coyuntura para denunciar a la agente del Ministerio Público por supuesto mal desempeño de funciones. Resulta que la magistrada Garcete es considerada como “protegida” y “cercana” al senador Silva Facetti, titular del JEM, que precisamente estudiará las quejas contra Ramírez.
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El ciudadano Chiao Lung Hsu -procesado por no justificar el origen de 40.000 dólares incautados en un allanamiento de Ciudad del Este, en marzo de 2020- accionó contra la fiscala Ramírez.
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Igualmente el suboficial Diego Osvaldo Cáceres Benítez, imputado por el secuestro e intento de asesinato de un vendedor de autos, denunció a la agente investigadora. En este caso también están procesados los policías Marcos Javier Méndez Villalba y Carlos Acuña.
En los pasillos tribunalicios se especula que ambas denuncias serían una vendetta contra la fiscala Ramírez por criticar no solo el blanqueo dictado por la jueza Garcete, sino también la impunidad otorgada por el magistrado Amílcar Marecos a ocho policías procesados por el secuestro de una familia brasileña.
En la última sesión del JEM, Silva Facetti se opuso tenazmente al pedido de informe sobre el expediente de los policías tramitado en el despacho de Garcete, planteado por el senador Enrique Bacchetta (ANR) ante sospechas de irregularidades en la causa. El titular del Jurado incluso intentó sin éxito someter a votación irregularmente la propuesta de solicitud de las compulsas, situación no contemplada en la ley ni reglamento del JEM. “El cumplimiento de la ley no se vota”, había remarcado Bacchetta en relación a la facultad legal de pedir informes.
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Finalmente en la víspera el Jurado de Enjuiciamiento solicitó informe pormenorizado a la jueza Garcete sobre el sobreseimiento definitivo. Mientras que empresarios de Ciudad del Este presentaron una denuncia contra los magistrados Marecos y Garcete en los dos casos de secuestro de turistas.
Intentamos comunicarnos con el senador Silva Facetti para conocer su versión. Pero no atendió nuestras llamadas ni respondió nuestras consultas vía WhatsApp.