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Iván Airaldi Franco, representante de las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), presentó la denuncia este martes contra los dos jueces penales de Garantías de Ciudad del Este ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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El magistrado Marecos, con anuencia de la exfiscala y actual camarista Juliana Giménez, sobreseyó de forma definitiva a ocho policías imputados por el secuestro de una familia brasileña, pese a que las víctimas identificaron a los agentes y hasta reconocieron una pieza de la comisaría 1 como lugar de cautiverio.
Según la denuncia, el 14 de agosto de 2018, Joel Leal de Moraes Junior y su esposa Eveline Palenske Leal de Moraes junto con sus hijos menores quedaron secuestrados en la comisaría 1, tras sufrir un accidente de tránsito en el microcentro esteño. Los policías habrían exigido 15.000 reales a los visitantes extranjeros a cambio de su libertad, hasta que acordaron bajar a 5.000 reales, unos G. 6.250.000 al cambio actual.
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Mientras que la jueza Garcete con consentimiento del fiscal Sergio Irán Villalba sobreseyó a dos agentes acusados por el rapto y extorsión del comerciante brasileño Guilherme Costa Bueno, el 15 de agosto de 2018, entre las calles céntricas y la comisaría 1.
“... Solicitamos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados enjuiciar a estos dos magistrados atendiendo a que Ciudad del Este vive del comercio y de los turistas extranjeros que vienen a nuestra ciudad. Esta mala imagen que deja la justicia a nivel nacional e internacional es una vergüenza, ya que con sumo esfuerzo realizamos campañas para atraer a los turistas. Con este mensaje de inseguridad a los extranjeros destruye la imagen de la ciudad y por ende perjudica al comercio”, remarca la denuncia presentada ante el JEM con el patrocinio del abogado Jorge Rolón Luna.
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En otra parte del escrito se resalta que la jueza Garcete es conocida por sus “actuaciones irregulares y por blanquear a varios políticos de la zona”. La misma magistrada sobreseyó al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) y de su esposa Sandra McLeod de un proceso por desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad.