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La impunidad otorgada por el juez Amílcar Marecos, con anuencia de la ex fiscala y actual camarista Juliana Giménez, a ocho policías imputados por el secuestro de la pareja brasileña Joel Leal de Moraes Junior y Eveline Palenske Leal de Moraes y de sus hijos menores (de 7 y 11 años) tuvo amplia difusión en los medios brasileños. Igualmente, el blanqueo firmado por la jueza Cinthia Levia, con complacencia del fiscal Sergio Irán Villalba, a favor de dos agentes acusados por supuestamente extorsionar al brasileño Guilherme Costa Bueno. Ambos casos ocurrieron en el microcentro de Ciudad del Este, en agosto de 2018.
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La publicación de los dos casos en medios brasileños derivó en una cadena de comentarios de visitantes que fueron víctimas de extorsión en Ciudad del Este en manos de la Policía.
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“Solo quien pasó por eso sabe cómo es esa sensación. Ciudad del Este es tan bonita, ofrece tantos lugares para visitar, pero tengo miedo de volver”, comentó Marcio Colleta, de la ciudad brasileña de Marialva, como parte de su testimonio de víctima del hostigamiento policial.
“Ya fuí víctima de ese esquema de extorsión. Nunca más volví a ese lugar”, escribió a su vez Francisco De Laurentiis, de la ciudad de Ribeirão Preto, en alusión al caso del turista Costa Bueno. El extranjero fue extorsionado bajo amenaza de ser incriminado en tráfico de armas.
“En Paraguay debemos tener más miedo de la Policía. Digo por mi experiencia propia”, indicó Reginaldo Bonadiman, residente de São Paulo.
“Ciudad del Este debe procurar disminuir o acabar con la violencia contra los turistas o sino la ciudad morirá para el turismo brasileño”, recalcó por su parte Carlos Eli Faraco, de Balneario Camboriu.
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La mayoría de los brasileños extorsionados por la Policía no denuncian en nuestro país por falta de confianza en las instituciones. Mientras que los pocos casos comunicados a las autoridades paraguayas terminan en la impunidad, como la extorsión al turista Costa Buena o el secuestro de la familia Leal-Palenske.
En los pasillos tribunalicios corren fuertes versiones de que el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista), sería el protector de la jueza Garcete. Se trata de la misma magistrada que blanqueó al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) y a su esposa Sandra McLeod de un proceso por desvío de G. 3.700 millones.
Empresarios preocupados
Armando “Tony” Santamaría, presidente de la Fedecámaras (Federación de Cámaras de Comercio de Ciudad del Este, dijo que desde el gremio están preocupados por la impunidad de los casos que afectan a turistas. Sostuvo que la ineficiencia judicial ahuyenta a inversionistas interesados en el sector turístico.
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“No entendemos como estos casos terminaron así, si las víctimas dieron todos detalles y se vio en la televisión”, cuestionó Santamaría en referente a la familia Leal-Palenske que acompañó el allanamiento de la comisaría 1ª, reconoció el lugar de cautiverio y citó a los agentes involucrados.
Según el presidente de la Fedecámaras, la decisión judicial repercute de forma negativa en la imagen del país e imposibilita al país obtener la calificación grado de inversión, debido a la inseguridad jurídica. “Ojalá no se repita, es lo que deseamos”, recalcó.
Denuncia
Iván Airaldi, referente de Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), anunció que mañana presentará ante el Jurado de Magistrados una denuncia contra los jueces y fiscales que firmaron la impunidad en los dos casos de extorsión a turistas.
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La Cámara Nacional de Turismo también se había pronunciado en repudio al blanqueamiento de los investigados por los hostigamientos a los visitantes extranjeros. También anunció una acción contra los funcionarios blanqueadores.