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Los favorecidos por la benevolencia judicial son los suboficiales Ronald Marcell González Benítez, Blas Ariel Cardozo Franco y Fernando Llamas. Además, el comisario Gustavo Vera Bertolo y los suboficiales Armando Sanabria Gauto, Víctor Sanabria Gauto y Adolfo Concepción Fernández Fernández, quienes también fueron procesados por otro caso similar.
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Los citados agentes estaban procesados por los hechos punibles de privación de libertad, extorsión, cohecho pasivo agravado (coima), hurto y asociación criminal, tras el secuestro de la pareja brasileña compuesta por Joel Leal de Moraes Junior y Eveline Palenske Leal de Moraes, el 14 de agosto de 2018.
Según la denuncia presentada por el matrimonio, luego de sufrir un percance automovilístico sobre la avenida Luis María Argaña de Ciudad del Este, a las 14:00 aproximadamente, ambos fueron aprehendidos por los suboficiales Ronald Marcell González, Blas Ariel Cardozo y Fernando Llamas y trasladados hasta la comisaría 1ª.
Los turistas habían relatado que dentro de la dependencia sufrieron maltrato y que los policías les exigieron la entrega de 15.000 reales por su libertad, hasta que acordaron bajar el monto a 5.000 reales.
Alrededor de las 20:20, la mujer realizó desde su celular una transferencia de 2.500 reales (unos G. 3.250.000 al cambio actual) a una cuenta bancaria a nombre de Carlo Marangoni, por instrucciones de los supuestos polibandis.
Luego, la pareja fue liberada y conducida hasta su domicilio ubicado en la ciudad fronteriza de Foz de Yguazú (Brasil), acompañada por un hombre a bordo de una motocicleta. La misión del escolta sería asegurar que las víctimas no realizaran la denuncia y para conocer la localización de su casa.
El 16 de agosto, Eveline Palenske regresó a la comisaría para entregar otra suma y encontró al comisario Vera Bertolo y a los suboficiales Armando Sanabria, Adolfo Fernández y Víctor Sanabria. La mujer habría entregado 1.800 reales (casi G. 2.500.000 al cambio actual) para retirar su vehículo, que fue devuelto sin el extintor y sin un lente de grado valuado en dos 2.000 reales, acorde se había consignado en el acta de imputación.
La mujer denunció que uno de los policías le amenazó con la muerte de sus familiares si presentaba la denuncia.
La pareja tuvo coraje para presentar la denuncia dos días después, luego del allanamiento de la comisaría a raíz de otro caso de extorsión a un turista extranjero.
Tiempo récord
La causa de los policías fue finiquitada con una inusitada celeridad en la justicia esteña: en menos de un año. La imputación fue presentada en agosto de 2018 y en mayo de 2019 los policías ya quedaron libres e impunes.
La entonces fiscala Juliana Portillo solicitó en su requerimiento conclusivo el sobreseimiento provisional de los agentes, al alegar que faltaba tramitar algunas pruebas. Llamativamente, no había solicitado la ampliación del plazo para concluir la investigación, que se podía extender hasta 12 meses.
Por su parte, el juez Marecos sostuvo en su resolución que “los elementos a ser incorporados, ninguna de ellos resulta, objetivamente analizado, plena prueba para fundamentar una acusación y posterior elevación a juicio oral contra los procesados...” y dictó el sobreseimiento definitivo de los ocho agentes policiales.
Sugestivamente, la resolución no fue apelada por la fiscala Giménez Portillo.
Desistimiento
Los abogados defensores Pablo Conteras, Armando Notario, Ermógenes Cardozo y Noelia Martínez resaltaron en la audiencia preliminar un dudoso desistimiento de la denuncia de las víctimas.
La pareja había presentado en la Fiscalía una manifestación realizada en una escribanía en la que rectificaba la denuncia inicial. Se especula que las víctimas fueron amenazadas de muerte para cambiar su versión y la rectificación fue usada por los defensores para pedir el blanqueo de los policías.
Los afectados participaron del allanamiento de la comisaría y reconocieron plenamente el lugar del cautiverio; además, identificaron a los agentes implicados.
El juez Carlos Vera, que había autorizado el allanamiento, contuvo a Joel Leal de Moraes Junior cuando se quebró en llanto al recordar las vejaciones sufridas en la sede policial.
El magistrado Vera había prometido al visitante extranjero que se haría justicia. Sin embargo, el caso terminó en la impunidad.