Impunidad a supuestos polibandis: jueza se lava las manos y culpa a la Fiscalía

CIUDAD DEL ESTE. La jueza Cinthia Garcete se lavó las manos en el sobreseimiento de dos policías denunciados por extorsionar a un turista brasileño y detalló las maniobras del fiscal Sergio Irán Villalba para el blanqueo de otros dos agentes implicados en el caso.

La jueza Cinthia Garcete Urunaga y el fiscal Sergio Irán Villalba.
La jueza Cinthia Garcete Urunaga y el fiscal Sergio Irán Villalba.Abc Color

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La magistrada Garcete dictó el sobreseimiento definitivo de los suboficiales Armando Sanabria Gauto y Adolfo Concepción Fernández Fernández. Ambos fueron procesados por supuestamente raptar al joven brasileño Guillermo Silva Bueno para despojarle de 2.500 reales (unos G. 3.250.000 al cambio actual) en agosto de 2018 en Ciudad del Este.

Por su parte, el fiscal Villalba retiró la acusación contra otros dos imputados: el comisario Gustavo Vera Bertolo y el suboficial Víctor Sanabria Gauto.

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Tras la publicación del blanqueo en ABC Color, la Asociación de Magistrados de Alto Paraná divulgó en su cuenta de Facebook un comunicado de la jueza Garcete.

La magistrada dijo estar “sorprendida por publicaciones maliciosas” y sostuvo que actuó conforme a derecho en la causa N° 9.282/18, caratulada “Gustavo Vera Bertolo y Otros s/ Cohecho Pasivo Agravado y Otros”.

“El MINISTERIO PÚBLICO terminó presentando acusación por otro hecho punible, en este caso PERSECUCIÓN PENAL DE INOCENTE, sin que exista una investigación sobre este hecho ni imputación fiscal alguna. Tampoco fueron escuchados los procesados mediante declaración indagatoria por esta calificación”, reza parte del comunicado.

La imputación fue por los delitos de cohecho pasivo agravado y privación de libertad, pero posteriormente la fiscala inicial del caso, Estela Mary Ramírez, amplió y presentó la acusación por tres delitos.

“En cuanto a la calificación jurídica de PERSECUCIÓN PENAL DE INOCENTES, mencionada en la ACUSACIÓN FISCAL, al no existir IMPUTACIÓN sobre esta calificación jurídica, ni porción de hecho verificada, y ante el incidente de falta de acción planteado por la defensa técnica, sin alternativa jurídica válida, el JUZGADO PENAL DE GARANTÍAS hace lugar al incidente de FALTA DE ACCIÓN solamente por esta calificación jurídica, que nunca fue imputada”, añade otra parte del manifiesto.

Según la jueza, los policías sobreseídos no fueron reconocidos como los autores por la víctima, quien individualiza al comisario Vera Bertolo y al suboficial Víctor Sanabria como los responsables.

La magistrada señala que el fiscal Villalba solicitó en la audiencia preliminar el sobreseimiento definitivo de los policías que no fueron reconocidos y sobreseimiento provisional para los agentes individualizados por el turista.

La jueza había rechazado el blanqueo definitivo de los dos agentes reconocidos y envió el expediente al fiscal adjunto Humberto Rosetti, quien rectificó la postura del agente inferior. En una segunda audiencia, Villalba retiró nuevamente la acusación cuyo planteamiento también fue rechazado por el juzgado.

La fiscala Estela Mary Ramírez y el juez Carlos Vera Ruiz allanaron la comisaría 1° dos veces en agosto de 2018, tras denuncia de dos casos de rapto y extorsión a turistas extranjeros. En la foto el dinero incautado como evidencia.
La fiscala Estela Mary Ramírez y el juez Carlos Vera Ruiz allanaron la comisaría 1° dos veces en agosto de 2018, tras denuncia de dos casos de rapto y extorsión a turistas extranjeros. En la foto el dinero incautado como evidencia.

El expediente actualmente se encuentra en el Tribunal de Apelaciones, que deberá estudiar un recurso presentado por el abogado defensor Pablo Contrera contra la decisión de la jueza Garcete.

La fiscala Ramírez, quien se encargó de la investigación, afirmó que los policías tuvieron su audiencia indagatoria tras la ampliación de la imputación por el delito de persecución de inocentes. Indicó que el mismo pleito ya fue discutido previamente y que la Cámara de Apelaciones había rechazado un recurso del mismo tenor de la defensa.

Intentamos comunicarnos con el fiscal Villalba, pero no atendió nuestras llamadas ni tampoco respondió nuestras consultas por mensaje de texto vía WhatsApp. El sábado pasado había dicho a nuestra redacción que no “recordaba bien” el caso y prometió revisar su archivo para pronunciarse al respecto.

Protección de “Cucho”

Uno de los policías blanqueados sería protegido de la banda liderada por el presunto narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias “Cucho”.

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En una conversación telefónica interceptada por la Senad, Hugo Martín Ríos, alias “Yacaré”, supuesto socio de “Cucho”, maniobraba en busca del blanqueo a los policías.

“Rodolfo (por Adolfo Fernández) quería hablar contigo, me dijo que su jefe de la comisaría 1 (por Vera Bertolo) y ellos fueron metidos por la fiscala (Estela Ramírez). Y ella no quiere plata. Dice que les podías ayudar a alivianar su causa”, decía “Yacaré” a “Cucho”.

Casualmente, entre los dos primeros blanqueados figura el suboficial Adolfo Fernández. De la conversación entre los presuntos narcos se deduce que habría ofrecimiento de dinero para beneficiar a los agentes con la impunidad.

Los dos agentes sobreseídos, al igual que el comisario Vera Bertolo y el suboficial Víctor Sanabria, habían firmado un acuerdo “amistoso” con la víctima diez días después del rapto, el 24 de agosto de 2018. En el documento se hizo constar que la víctima quedó resarcida, tras recuperar el dinero.

Cabe resaltar que el acuerdo entre víctimas y victimarios no habilita para el archivo de casos graves.

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La jueza Garcete tiene un largo historial de blanqueos. El senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), el diputado Carlos Portillo (PLRA), el presidente de la seccional Elías Bernal Sánchez, los exintendentes de Hernandarias Mario Castillo (PLRA) y Erico Agüero (PLRA) son algunos de los beneficiarios.

Otro caso

El comisario Vera Bertolo y los suboficiales Armando Sanabria, Víctor Sanabria y Fernández también fueron denunciados por otro caso de extorsión en perjuicio de la pareja de brasileños Joel Leal y Eveline de Leal, en agosto de 2018.

Luego de sufrir un choque vehicular, las víctimas fueron trasladadas hasta la sede policial y recluidas en el calabozo. Los efectivos exigieron 15.000 reales a los extranjeros por su libertad, pero finalmente fueron liberados tras pagar 4.500 reales (casi G. 6 millones al cambio actual) mediante transferencia a la cuenta bancaria de uno de los policías.

Los suboficiales Ronald Marcel González Benítez, Fernando Llamas y Blas Ariel Franco igualmente fueron imputados en esta causa.

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