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Los policías favorecidos por la jueza Urunaga son los suboficiales Armando Sanabria Gauto y Adolfo Concepción Fernández, que se encuentran libres pese a que fueron reconocidos por la víctima Guillermo Silva Bueno como los autores del delito. El fiscal Villalba no apeló la decisión de la magistrada.
El 15 de agosto de 2018, el turista extranjero Silva Bueno fue conducido por un guía turístico a una tienda situada en el Shopping Hwu de Ciudad del Este para realizar compras.
Tras comprar un lote de celulares por 10.000 reales, el turista salió del local y fue interceptado por los agentes de la Comisaría 1ª que estaban en un vehículo particular.
Silva Bueno fue llevada hasta la comisaría y se le quitó su ropa para despojarle de 2.500 reales, unos G. 3.250.000 al cambio actual.
El turista permaneció varias horas en la sede policial y solo fue liberado luego de mencionar que era hijo de un agente de la Policía Federal de Brasil.
Los agentes policiales le intimaron a que regrese de inmediato a su país, pero el extranjero comentó el caso a cambistas que le recomendaron acudir a denunciar el despojo en el extinto diario Vanguardia, desde cuya sede se trasladó hasta la Fiscalía para presentar la queja formal.
El juez Carlos Vera y la fiscal Estela Marys Ramírez allanaron la comisaría e incautaron como evidencia G. 7.800.000, 200 dólares y 200 reales, además del cuaderno de novedades de la sede policial y varios celulares. Ese mismo día, Silva Bueno declaró en el juzgado vía anticipo jurisdiccional de prueba.
La investigación fue concluida por la fiscal Ramírez, quien presentó la acusación contra los agentes denunciados con un pedido de elevación del caso a juicio oral. Pero fue recusada por la defensa y la carpeta fue reasignada al fiscal Villalba.
La jueza Garcete tiene un largo historial de “blanqueo” de acusados. En Ciudad del Este los procesados emplean diferentes maniobras para enviar su expediente a la oficina de la referida magistrada en busca de impunidad.
Una persona de alto perfil beneficiada por la cuestionada jueza es el senador Javier Zacarías Irún (ANR). La magistrada archivó dos denuncias por supuesta usurpación de funciones en la Municipalidad esteña contra Zacarías, antes que el mismo se convirtiera en legislador.
Igualmente, otorgó al parlamentario colorado libertad ambulatoria cuando la Fiscalía requería su prisión preventiva ante el peligro de obstruir nuevamente una investigación de un caso de desvío de G. 3.700 millones de fondos municipales. Finalmente, la magistrada blanqueó a Zacarías por el millonario desfalco a la Comuna.
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La magistrada también impidió la realización de una prueba de ADN para favorecer al seccionalero Elías Bernal Sánchez, denunciado por supuesto abuso infantil.
Igualmente, la jueza excluyó pruebas incriminatorias claves en la causa abierta al diputado Carlos Portillo (PLRA), acusado de tráfico de influencia.
Piden más blanqueo
El comisario Gustavo Adolfo Vera Bertolo y el suboficial Víctor Sanabria Gauto también están procesados en la causa N° 9282/2018 por los ilícitos de cohecho pasivo agravado y privación de libertad, en el caso de Silva Bueno.
En la audiencia preliminar, el fiscal Villalba llamativamente retiró la acusación contra el comisario Vera Bertolo y Víctor Sanabria.
La jueza Garcete rechazó el planteamiento y remitió el expediente al fiscal adjunto Humberto Rosetti quien rectificó la postura del agente Villalba.
En noviembre pasado, se llevó a cabo otra audiencia preliminar que el fiscal Villalba nuevamente retiró la acusación y se adhirió a un incidente de sobreseimiento definitivo planteado por el abogado defensor Pablo Contreras.
La magistrada Garcete otra vez rechazó la posición fiscal y su resolución fue apelada por la defensa. El expediente se encuentra en el Tribunal de Apelaciones.
Se especula que los policías investigados son protegidos por la banda liderada por el presunto narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias “Cucho”.
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En un audio grabado por la Senad, Hugo Martín Ríos, alias “Yacaré”, supuesto socio de “Cucho”, operaba para blanquear a los policías.
“Rodolfo (Adolfo Fernández) quería hablar contigo, me dijo que su jefe de la comisaría 1 (por Vera Bertolo) y ellos fueron metidos por la fiscala (Estela Ramírez). Y ella no quiere plata. Dice les podías ayudar a alivianar su causa”, decía “Yacaré” a “Cucho”.
La conversación entre los presuntos narcos sugiere que habría ofrecimiento de dinero para la impunidad de los agentes.
Consultamos el caso al fiscal Villalba y dijo que “no recordaba” bien la causa, al indicar que tiene varias carpetas de policías. Prometió revisar su archivo para brindar información al respecto.
Otro caso
El comisario Gustavo Vera Bertolo y los suboficiales Armando Sanabria Gauto, Víctor David Sanabria Gauto y Adolfo Concepción Fernández Fernández también soportan otro proceso penal por supuestamente secuestrar a una familia brasileña el 14 de agosto de 2018.
En la causa igualmente están incluidos los suboficiales Ronald Marcel González Benítez, Fernando Llamas y Blas Ariel Franco.
Las víctimas fueron Joel Leal y Eveline de Leal, quienes se encontraban de paseo en Ciudad del Este. Los afectados relataron que atropellaron accidentalmente una vereda al cruzar el Puente de la Amistad, reventando una de las cubiertas del vehículo en que se movilizaban. Luego aparecieron los agentes de la comisaría 1ª y los llevaron hasta el calabozo de la sede policial.
Según la denuncia, los policías exigieron inicialmente 15.000 reales para dejar en libertad a los turistas. Finalmente las víctimas fueron liberadas luego de que la mujer transfiriera 4.500 reales, casi G. 6 millones al cambio actual, a la cuenta bancaria de uno de los agentes.
La denuncia fue realizada el 18 de agosto de 2018, tras conocerse públicamente el primer caso de extorsión perpetrado por los agentes. Las víctimas acudieron a la sede policial y reconocieron a los autores al igual que el calabozo donde estuvieron en cautiverio.
Comercio y turismo
El secuestro de la pareja de brasileños Mateus Mangiocca (22) y Julia de Lima Venancio (21) por parte de policías en la localidad de Torín, el lunes pasado, tuvo amplia repercusión en los medios digitales y televisivos en Brasil, y la imagen del país quedó gravemente dañada.
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El constante hostigamiento a los visitantes preocupa a los comerciantes que dependen del turismo de compra y a otros sectores económicos dedicados al rubro turístico.
Los gremios de hoteleros emitieron un comunicado para repudiar el secuestro de los brasileños y exigir acciones a las autoridades para que las denuncias no queden impunes.