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La denuncia de invasión fue radicada hace poco más de dos meses por el empresario Abundio López Ibarra, quien arrimó al Ministerio Público el título la propiedad, ubicada en plena zona urbana del Km 333 (ex10 Acaray), a pocos metros de la ruta PY02.
El fiscal de la causa Edgar Benítez fue designado para investigar y desarrolló varias diligencias investigativas que derivaron en la imputación de al menos 20 supuestos invasores, identificados durante una constitución realizada días después de la ocupación.
Así también, solicitó informes al Servicio Nacional de Catastro y a la Dirección General de Registros Públicos, que confirmaron que el inmueble efectivamente pertenece al denunciante, pero pese a esos documentos, llamativamente el procedimiento no fue ejecutado.
Según los antecedentes, la ocupación del inmueble comenzó hace poco más de dos meses por unas 100 familias que tienen sus casas en un asentamiento contiguo, pero que estarían siendo engañadas por seudodirigentes avivados.
En el terreno se construyeron varias casas precarias y también se constató el aprovechamiento clandestino de energía eléctrica que también deberá ser investigado.