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La aprobación fue llevada a cabo durante la sesión ordinaria de la Junta, convocada ayer, y en base a un dictamen favorable de las comisiones de Legislación, Hacienda y Presupuesto y de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial.
Solo la concejala Lilian González (ANR) se abstuvo de votar, aunque sin mencionar el motivo, mientras que los demás integrantes del legislativo distrital apoyaron la iniciativa.
El pedido fue realizado por el intendente Prieto Vallejos, que pretende convocar en los próximos días la licitación pública nacional N° 07/2020 para “el servicio de mensura judicial y actualización de catastro de la finca N° 29.295 (ex finca 66) Ad referéndum plurianual 2021-2022”.
Para la convocatoria de la licitación se comprometerá el presupuesto de 2021 con un monto referencial de G. 1.400 millones y el presupuesto 2022 con una cifra referencial de G. 1.326 millones.
La finca 66 es la propiedad madre de los populosos barrios Pablo Rojas, Che la Reina, La Blanca, Don Bosco, entre otros, y fue expropiada a favor de la Municipalidad en la década de los ´90, tras el pago de 38 millones de dólares.
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Ocupantes antiguos del inmueble en varias manifestaciones exigieron a la Municipalidad la mensura para frenar posibles desalojos por parte de propietarios de algunas fracciones de la ex finca 66.
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Según la abogada Analía Ántola, representante jurídica de la empresa Sur Inmobiliaria SA, perteneciente a los herederos del extinto Alfredo Stroessner, que lotea una fracción en el barrio Che la Reina, la finca 66 no existe y con la mensura se podría generar un caos jurídico, al considerar que miles de parcelas ya fueron tituladas y ocupadas por sus propietarios.
Por su parte, el concejal Teodoro Mercado (PLRA) sostuvo que la finca 66 existe y que con la mensura se determinará sus límites y superficie.