Cargando...
En una sesión extraordinaria convocada este jueves, la Junta Municipal derogó las resoluciones N° 675/2012 y N° 784/2013, por las cuales se adjudicaron un inmueble del MOPC inicialmente a Óscar Rodrigo Torres (hijo del concejal Brizuela) y posteriormente a Alcides Guzmán Aquino (sobrino del exedil colorado Vicente Gauto).
Se trata de un inmueble de 794 m² individualizado con cuenta corriente catastral 26-312-6, localizado sobre la transitada avenida Monday, a escasas cuadras del centro de Presidente Franco.
Lea más: Autoridades de Presidente Franco rifaron predio del MOPC
Como único punto de la sesión extraordinaria figuraba una minuta presentada por el concejal Brizuela para proponer la anulación del negociado con el predio público. El proponente alegó que “se enteraron” que el inmueble es propiedad del Estado y culpó a los funcionarios de la oficina de Catastro de la Comuna por la adjudicación irregular del inmueble.
Lea más: Concejales se resisten a anular entrega irregular de predio del MOPC
El cuestionado concejal Adolfo Acosta (ANR, zacariista) se opuso tenazmente a anular el negociado y a toda costa intentó postergar el estudio de la minuta. Hace dos semanas el mismo edil había propiciado el rechazo del estudio de un dictamen del asesor jurídico de la Junta Juan Leonardo Rodas, que sugería la derogación de las resoluciones.
Lea más: Presidente Franco: concejal hace proselitismo con víveres de Itaipú
En los pasillos de la sede legislativa se instalaron fuertes versiones de que el edil Acosta habría recibido una coima de G. 40 millones de un empresario franqueño para defender el despojo del predio del MOPC para la construcción de un surtidor. Aunque el concejal negó el cobro de propina y afirmó que su oposición se debe al “temor de que la Municipalidad soporte una millonaria demanda” por parte de Guzmán Aquino.
Los concejales se constituyeron en comisión para dictaminar a favor de la derogación de las resoluciones. Luego, la plenaria aprobó anular la adjudicación ilegal del predio del MOPC.
Investigados
Óscar Rodrigo Torres y Alcides Guzmán Aquino están en la mira de la fiscala Analía Rodríguez en una causa penal caratulada como “”Investigación fiscal sobre supuesto hecho punible contra el patrimonio y la prueba documental”.
Ambos fueron convocados por la agente investigadora para este 7 de diciembre para una audiencia indagatoria. Según una denuncia presentada en el Ministerio Público, Torres y Guzmán Aquino supuestamente falsearon datos en un documento público, al afirmar que residían en el inmueble público, pese a que nunca ocuparon el predio.
El exintendente Alcides Fernández (ANR) y la exjefa comunal interina y actual concejala Blanca Acuña (ANR), al igual que concejales del período 2010-2015, también están implicados en las maniobras para el despojo del inmueble público.
La fiscala Rodríguez también solicitó en dos ocasiones a la Municipalidad franqueña, administrada por Roque Godoy (PLRA, indep.), las documentaciones relacionadas a la adjudicación ilegal. Pero el ente municipal aún no envió el archivo y tampoco justificó la falta de cooperación con la investigación.
Antecedentes
En 1980 la Comuna franqueña cedió el predio a favor del MOPC y en 1991 se concretó la transferencia de la propiedad ante el escribano Amílcar Pastor Bordón. Sin embargo, en 2012 la exintendenta interina Acuña y concejales anularon sin argumento válido la adjudicación y entregaron en arrendamiento el inmueble a Óscar Rodrigo Torres.
En 2013, Torres vía contrato privado municipal traspasó el predio a Alcides Guzmán Aquino. Ese mismo año la Junta a través de la resolución N° 784/13 adjudicó la finca de forma definitiva a Guzmán Aquino. Mientras que en 2014 mediante la resolución IM N° 1128/2014, el exintendente Fernández autorizó la escrituración definitiva del inmueble a favor de Guzmán Aquino.