Concejales se resisten a anular entrega irregular de predio del MOPC

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Durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, convocada ayer, siete concejales se rehusaron a anular el negociado con un inmueble de 794 m2, propiedad del MOPC. Se trata de Roberto Brizuela (PLRA), Lucio Vera (PLRA), Semión Duarte (PLRA), Wilfrido Benítez (ANR), Adolfo Acosta (ANR), César Benítez (Indep.) y Bartola Fernández (CN).

Los citados ediles como excusa expusieron que requerían primero de un informe de Registro Público sobre las condiciones de dominio del inmueble en cuestión, ubicado sobre la transitada avenida Monday, a escasas cuadras del centro franqueño.

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Según los antecedentes, en la década de los ’80, la Comuna franqueña cedió el inmueble a favor del MOPC y en 1991 se concretó la transferencia de la propiedad ante el escribano Amílcar Pastor Bordón.

Sin embargo, en 2012, la exintendenta Blanca Acuña y los concejales anularon sin argumento válido la adjudicación y entregaron en arrendamiento el inmueble a Óscar Rodrigo Torres, hijo del concejal Brizuela. Este, a su vez, traspasó en 2013 el predio a Alcides Guzmán Aquino, sobrino del entonces concejal Vicente Gauto (ANR). Mientras que en 2014, mediante la resolución IM N° 1.128/2014, el exintendente Alcides Fernández (ANR) autorizó la escrituración definitiva del inmueble a favor de Guzmán Aquino.

Según fuentes, Guzmán Aquino solo sería un testaferro del exconcejal Gauto.

Alcides Guzmán Aquino con su tío exconcejal Vicente Gauto (ANR). El primero fue adjudicado ilegalmente con un predio público con voto de su tío.

Llamativamente, el edil Acosta, quien es allegado del exconcejal Gauto, fue el más insistente en la postergación del estudio del dictamen. Sostuvo que la Municipalidad se “expone a una millonaria demanda” si se anula la adjudicación ilegal a Guzmán Aquino.

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Tanto Óscar Rodrigo Torres como Guzmán Aquino, al igual que funcionarios municipales, son investigados por la fiscala Analía Rodríguez por supuesta producción de documentos públicos de contenido falso. La denuncia señala que se falsearon datos en informes de la oficina de Catastro de la Comuna para certificar que Torres y Guzmán residían en el inmueble, pese a que nunca ocuparon el predio. En el inmueble reside la familia conformada por Avelino Gómez y Dionicia Villalba desde la década de los ’90.

PRESIDENTE FRANCO. La Junta Municipal postergó para el próximo año el estudio de un dictamen que propone la anulación de la adjudicación de un inmueble perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a familiares de concejales.