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El 6 de octubre pasado, la Junta Municipal aprobó la resolución 1941 para pedir al ejecutivo municipal documentos que respalden los gastos de un préstamo de G. 2.000 millones. El empréstito fue autorizado por el Legislativo comunal en 2019 bajo la figura de déficit temporal de caja.
Los concejales también solicitaron copias autenticadas de extractos bancarios de la Municipalidad de los primeros nueve meses de 2020, además de datos detallados de los funcionarios de la Comuna.
La Junta había emplazado al intendente por 72 horas para remitir las documentaciones.
Tras el vencimiento del plazo y sin tener respuesta favorable, el 13 de octubre último la Junta reiteró el pedido. La tercera intimación para brindar explicación sobre el destino de los fondos municipales fue el 20 de octubre, pero el jefe comunal aún no envió los documentos.
En la última sesión ordinaria convocada, el intendente remitió una nota a la Junta para solicitar extensión del plazo por una semana más para responder el requerimiento legislativo.
El concejal disidente Édgar Franco (ANR) remarcó que el intendente está facultado a solicitar prórroga de plazo para responder a informes de la Junta solo una vez, según establece el artículo 36 de la carta orgánica municipal. Sin embargo, el jefe comunal ya pidió la ampliación del plazo en tres ocasiones.
Denuncia e imputación
El intendente Caballero soporta una imputación por supuestos delitos ambientales, tras habilitar un vertedero que no contaba con licencia otorgada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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El jefe comunal también es investigado por el fiscal Anticorrupción Francisco Cabrera por supuestos hechos de corrupción. Caballero había otorgado licitaciones por más de G. 6.000 millones a las empresas Dimafre SA y Po Kuarahy Resê SA, que pertenecían a su esposa diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR, cartista).
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