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A través del A.I. N° 1.454, de fecha 15 de octubre de 2020, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, compuesta por Antonio Fretes, César Antonio Garay y César Diesel Junghanns, rechazó “in limine” una acción que fue presentada por la fiscalía con la finalidad de reabrir una investigación contra el senador Zacarías por supuesto enriquecimiento ilícito.
La acción de inconstitucionalidad fue planteada por los fiscales Sussy Riquelme, Osmar Legal, Luis Said y Josefina Aghemo. Esta última había renunciado como agente del Ministerio Público.
Los fiscales recurrieron a la Corte Suprema para solicitar la declaración de la inconstitucionalidad de la resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este, integrado por Mirian Meza de López, Stela Maris Zárate e Isidro González (destituido). Los camaristas habían confirmado el veredicto del juez Marino Méndez, amigo del clan Zacarías, por el cual se había rechazado la pretensión fiscal de reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito.
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En su fallo los ministros de la Corte Suprema sostuvieron que los fiscales recurrentes no citaron el precepto constitucional violado y tampoco fue argumentado.
“Que, en el caso sometido a estudio, surge que los recurrentes pretenden reanudar el debate en esta instancia extraordinaria, sobre cuestiones que han recibido oportuno tratamiento por los magistrados intervinientes. La cuestión aducida por los accionantes fue debidamente argumentada por los magistrados del Tribunal de Apelaciones. Por otra parte, según las constancias de autos, el planteamiento del accionante ha sido juzgado conforme a derecho, resultando los agravios vertido, meros desacuerdos con el pronunciamiento que se cuestiona, por tanto, insuficiente para dar trámite a la acción de inconstitucionalidad”, indicaron los ministros del máximo tribunal.
Con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, se finiquitó el blanqueo de Zacarías en la causa por enriquecimiento ilícito.
El blanqueo fue dictado en la víspera de la inauguración del nuevo Palacio de Justicia en Ciudad del Este, considerado como feudo de blindaje del clan Zacarías.
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La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la reapertura de la investigación contra el senador Zacarías, tras detectar inconsistencias entre sus ingresos y su astronómico enriquecimiento y un principesco estilo de vida.
El legislador cartista soporta una acusación fiscal por lesión de confianza, tras constatarse que habría desviado G. 3.700 millones de la Municipalidad esteña para destinar a la campaña electoral de miembros del clan político en 2015 y 2017. En esta causa, poco tiempo después de asumir como senador había ordenado a Juan Sanabria, ex jefe de Prensa de la Comuna, a destruir evidencias.
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El congresista colorado igualmente afronta otro proceso penal por declaración falsa, tras descubrirse que escondía sus bienes de la Contraloría General de la República.
El domingo pasado, miles de esteños participaron de una caravana para solicitar al Senado la expulsión de Zacarías por uso indebido de influencias.