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El anuncio se produjo en la mañana de este viernes en la sede de la Orden de Abogados del Alto Paraná, durante una conferencia de prensa brindada por representantes de gremios y asociaciones nucleados en la multisectorial ciudadana.
La iniciativa se dio luego de que la bancada del Partido Patria Querida y del senador Tony Apuril (Hagamos) presentó en la Cámara Alta un pedido de pérdida de investidura contra Javier Zacarías Irún. Los proyectistas alegaron que el congresista colorado incurrió en uso indebido de influencia.
Los miembros de la multisectorial ciudadana anunciaron que este sábado 10 de octubre distribuirán pegatinas y panfletos alusivos a la pérdida de investidura de Zacarías, en diferentes puntos de la capital departamental. Mientras que para este domingo se prevé una caravana y el punto de concentración será la ruta PY02, a la altura del Km 333 (exKm 10).
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Víctor Enriquez, representante de la Orden de Abogados del Paraguay (OAP), dijo que los esteños se movilizarán hasta que el legislador cartista sea expulsado del Senado. Sostuvo que existen suficientes motivos para la pérdida de investidura de Zacarías.
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE JAVIER ZACARÍAS IRUNUNA VEZ MÁS! MÁS FUERTES QUE NUNCA!! POR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE JAVIER ZACARIAS IRUN!!! #PÉRDIDADEINVESTIDURAZIYA #MULTISECTORIALCIUDADANAAUTOCONVOCADA #ZINUNCAMÁS.
Posted by CDE TRANSPARENTE on Friday, October 9, 2020
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El profesional del Derecho aseveró que el uso indebido de influencias fue evidenciado con un audio ampliamente difundido en los medios de comunicación.
Se trata de una grabación en la que se escucha al senador Zacarías cuando supuestamente ordenaba a Juan Sanabria, exdirector de Prensa de la Comuna, a destruir evidencias para entorpecer la investigación de la Fiscalía sobre el desvío de unos G. 3.700 millones de las arcas municipales.
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"(Zacarías) había sido avisado de que se harían allanamientos en sus oficinas y en la Municipalidad de Ciudad del Este. En su carácter de senador nacional, a través de la influencia, consiguió informaciones privilegiadas y torcer la investigación, recalcó el representante de la OAP.
Enriquez igualmente recordó el testimonio del exdirector de Prensa en la Fiscalía en el que se revela que Zacarías habría ordenado la compra de equipos de comunicación con recursos de la Municipalidad, para usar en su promoción personal. “Los funcionarios municipales de la Dirección de Prensa daban cobertura a Zacarías en sus labores legislativas, eso es uso indebido de influencia”, remarcó.
Además de la OAP, la Contraloría Ciudadana, la organización CDE Transparente y ciudadanos autoconvocados apoyan la iniciativa para solicitar la revocación de mandato del senador Zacarías.
En los últimos días, miles de internautas se sumaron a una campaña a través de las redes sociales para pedir la expulsión de Zacarías del Congreso.
El senador cartista afronta dos procesos penales por supuestos hechos de corrupción; además, de un pedido fiscal de reapertura de investigación por enriquecimiento ilícito en su contra.
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El 22 de junio pasado, el senador Zacarías y su esposa Sandra McLeod, exintendente de Ciudad del Este, fueron blanqueados por la jueza Cinthia Garcete en el caso Frontera Producciones. Aunque la Fiscalía Anticorrupción apeló el blanqueo para insistir en llevar al banquillo de los acusados a la pareja por el supuesto desvío de G. 3.700 millones de la Comuna esteña.
El matrimonio político también soporta otro proceso penal por declaración falsa, por haber ocultado sus bienes de la Contraloría General de la República.
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Tras las imputaciones por los casos de corrupción, el Senado había solicitado vía resolución a Zacarías a renunciar a su banca. Sin embargo, el legislador cartista ignoró la sugerencia y siguió con un perfil bajo en el Congreso.
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En los últimos meses Zacarías ganó nuevamente notoriedad pública al fungir de activista anticorrupción y criticar supuestas irregularidades en la administración municipal de Miguel Prieto Vallejos (MCDE).
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Además, estuvo a punto de convertirse en “juez de los jueces” para entender una denuncia contra tres magistrados y una fiscala en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Pero debido a críticas generalizadas renunció como miembro del Jurado.