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La queja fue presentada por los concejales disidentes Edgar Franco (ANR), Proto Meza (ANR), Eudes Mereles (ANR) y Óscar Romero Roa (ANR) ante la oficina del fiscal Anticorrupción Francisco Cabrera, en Asunción. Previamente el intendente Caballero fue denunciado por varios supuestos hechos de corrupción.
Los denunciantes resaltaron que, tras la divulgación de las declaraciones juradas de bienes, descubrieron que Vargas de Caballero antes de asumir como diputada en julio de 2013 era accionista de la empresa Po Kuarahy Rese SA y Dimafre SA. Se tratan de dos firmas “mimadas” por la administración municipal del intendente Caballero.
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El jefe comunal cartista había otorgado 19 contratos directos a la empresa Dimafre SA por un valor de G. 2.026.600.500 para la provisión de productos diversos y para obras municipales. Además, 15 licitaciones (13 fueron por contrato directo) a la empresa Po Kuarahy Rese SA por G. 3.060.691.160 para provisión de piedra basáltica y para obras.
Antes que se conozca la vinculación de la diputada con la firma Po Kuarahy Rese SA, los concejales informaron a la Fiscalía que se desconocía el destino de las piedras adquiridas por millonarios montos.
Además, los denunciantes comunicaron al Ministerio Público que la Comuna minguera había transferido millonarias sumas a la comisión vecinal “Instancia Territorial”, que a su vez compraba combustible de la empresa TyF SA, propiedad de la familia del clan Caballero-Vargas.
Los ediles disidentes igualmente sostuvieron en su denuncia el dudoso enriquecimiento de Vargas de Caballero. Indicaron que de humilde docente se convirtió en una acaudalada con una fortuna de G. 10.064 millones antes de asumir como diputada.
La diputada cartista será investigada en la causa 74/2020 caratulada “Investigación s/supuesto hecho punible lesión de confianza y otros”. En la misma causa es indagado el intendente Caballero.
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Según la denuncia inicial, en la gestión del jefe comunal se detectó un presunto faltante de G. 716.639.380 en diferentes cuentas bancarias en la Comuna en el período 2019; además, de una supuesta malversación de G. 690 millones de royalties. También por la transferencia de G. 412.013.000 a tres comisiones sin conocerse la contraprestación a favor de la Comuna.
Versión de diputada
La diputada Vargas desafió a los denunciantes a demostrar las acusaciones y dijo que “empobrecimiento ilícito lo que deben denunciar”. Afirmó que poco después de asumir como legisladora vendió las acciones de Dimafre SA y de Kuarahy Rese SA antes que estas firmas fueran adjudicadas con los contratos municipales.
La parlamentaria reconoció que la empresa TyF SA es propiedad de su familia. Consultada si la comisión vecinal que recibe dinero municipal compra combustible de la firma, respondió “macanada, si la venta es libre y de donde quieren comprar van a comprar”.
En cuanto a su enriquecimiento, la diputada siempre se dedicaba también al comercio.
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Por otro lado, el intendente Caballero soporta una imputación penal por habilitar un vertedero municipal que no contaba con la licencia del Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible).