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A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de Alto Paraná (CAAP) sostiene que la Corte Suprema de Justicia debe ponerse a la altura de las expectativas del sufrido y castigado pueblo.
"Y debe comenzar por liberar Alto Paraná de una superintendente (por Bareiro de Módica) que durante ya su prolongada actuación se ha mostrado sorda a los reclamos, insensible a las inquietudes de la comunidad jurídica, que solo accede a entrevistarse con magistrados y funcionarios, exigiendo a los abogados y a los gremios de abogados agendar audiencia en su despacho en la Capital, donde tampoco los recibe...", reza una parte del manifiesto.
El CAAP igualmente acusó a la ministra de la Corte Suprema de Justicia de ejercer su influencia para la represión de manifestantes disgustados por su gestión. Durante la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del martes pasado, Bareiro de Módica había solicitado al titular del JEM, Enrique Bacchetta, dispersar a los manifestantes concentrados frente al ente para exigir el tratamiento de una causa de tres camaristas procesados por liberar un condenado por abuso.
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“Cuando los mismos manifestantes se trasladaron hasta la residencia, fueron reprimidos por las fuerzas policiales, quienes aprehendieron a uno de ellos por el solo hecho de utilizar un megáfono para amplificar su voz y luego un juez penal de Garantías decreta su prisión preventiva, como si dicho megáfono fuera un arma peligrosa. Esto conduce a la satanización de la protesta para amordazar a los ciudadanos”.
Bareiro de Módica en su historial de superintendente de la Circunscripción de Alto Paraná siempre defendió a cuestionados jueces esteños, algunos incluso bajo sospecha de enriquecerse en el cargo.
Tras divulgarse las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, se reveló que la ministra de Corte cuenta con millonarias cuentas bancarias en EE. UU. y Suiza. En total declaró un patrimonio de G. 5.281 millones. Incluso cuando en la Corte Suprema se debatió la pertinencia de la publicación jurada de bienes, Bareiro de Módica se había opuesto tenazmente a la propuesta y pretendía mantener en secreto el patrimonio de los funcionarios públicos.
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Debilitamiento institucional
En el comunicado, el CAAP advierte sobre un pronunciado debilitamiento institucional y un resurgimiento de fuerzas antidemocráticas. El gremio enumera algunos acontecimientos políticos y judiciales impulsados por actores interesados en la impunidad y en el oscurantismo.
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En primer término, el CAAP resalta la destitución irregular del diputado Ramón Romero Roa (ANR, abdista) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “(Diputados) nombra en su reemplazo a una persona de dudosa formación académica (por el cartista Hernán Rivas) y que públicamente reconoce no haber ejercido la profesión de abogado nunca, nada menos para ser juez de jueces. Esos pobres antecedentes y el escándalo que rodeó su anómala designación hacen presumir que solo recibirá órdenes e indicaciones del grupo de poder que lo catapultó”, recalca el comunicado.
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El gremio también recordó el salvataje del Jurado al juez Marino Méndez, quien benefició en varias causas penales a la familia Zacarías, cuyos integrantes son sus compañeros de farra. Además, cita la confirmación en el cargo de Méndez por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, menciona la constante postergación en el Jurado del estudio de la causa de los camaristas Aniceto Amarilla, Isidro González y Mirian Meza de López, procesados por liberar a un condenado por abuso sexual.
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Por último, comenta el blanqueo al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) y a su esposa Sandra McLeod de Zacarías, exintendenta de Ciudad del Este, de dos acusaciones penales por lesión de confianza. El matrimonio fue acusado por la Fiscalía de causar un perjuicio de unos G. 3.700 millones a la Municipalidad esteña y el caso sigue impune.
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