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Las autoridades sanitarias activaron el protocolo para la identificación de los contactos para determinar el grado de propagación del virus y las medidas para su contención. Adelantaron que ampliarán las muestras para la totalidad de la población penal y a los familiares de los funcionarios contagiados.
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El doctor Sequera explicó que desde el punto de vista epidemiológico la situación es similar a lo que ocurrió en algunos albergues, pero con la diferencia de que los funcionarios que se contagiaron desarrollaron sus actividades normales en sus comunidades.
“Lo que complica son los positivos de los funcionarios que antes de ir al albergues estaban con su familia, por eso hay que establecer el grupo de contacto, para dimensionar si se dispersó mucho en la comunidad”, expresó el profesional.
La mitad de los funcionarios que dieron positivo al COVID-19 se encuentran en aislamiento en albergues, mientras que a los reos les realizarán un monitoreo de síntomas y otros que tienen enfermedades de base serán trasladados a otras penitenciarías para un mejor seguimiento.
El nexo epidemiológico aún no se tiene definido, pero no se descarta que el virus haya ingresado a través de algún funcionario o productos donados, algunos provenientes del Brasil.