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La resolución se dio a conocer esta mañana, tras una larga audiencia preliminar que se extendió por 15 horas el viernes pasado.
La jueza Garcete sobreseyó definitivamente al senador Javier Zacarías y al coimputado Alberto Rodríguez (ANR, cartista), ex intendente interino, pese a que la Fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
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Mientras que Sandra McLeod y los coimputados Carlos Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones; Juan Sanabria, exjefe de Prensa de la Comuna, y David Espínola, exdirector de Finanzas, fueron beneficiarios con sobreseimiento provisional. Igualmente, los hermanos Dora, Gustavo, Lucía y Olga Rojas Espínola.
Cabe recordar que la imputación por lesión de confianza fue presentada en enero de 2019 y un año después, en enero de este 2020, el Ministerio Público acusó a los implicados. Asimismo, la Fiscalía había solicitado prisión para el senador.
No obstante, la magistrada Garcete dijo que los balances de 2014 y 2015 de la Municipalidad, ejercicios en que se habría producido el presunto desfalco, cuentan con resolución de cosa juzgada emitida por el Tribunal de Cuentas. Indicó que la Fiscalía no presentó acusación respecto al ejercicio 2017 y solo queda el ejercicio 2018, de cuyo periodo fueron anuladas y excluidas varias pruebas.
La causa guarda relación con las licitaciones otorgadas a la empresa de maletín Frontera Producciones. Desde 2010 hasta 2018, la firma fue adjudicada con contratos de publicidad por un monto superior a G. 20.000 millones.
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Según la investigación fiscal, los citados habrían participado en un esquema que permitió G. 1.200 millones de las arcas municipales. El dinero fue sacado del presupuesto de publicidad institucional de la Municipalidad y destinado a la campaña electoral a candidatos cartistas en las internas de la ANR en 2015 y 2017.
El blanqueo del clan Zacarías estaba cantado, ya que la casta política desistió a su fiel estilo de chicanero y permitió la realización de la audiencia preliminar. Además, la jueza Garcete Urunaga tiene un largo historial de resoluciones favorables a la familia Zacarías. La magistrada había desestimado dos denuncias contra el legislador cartista por supuesta usurpación de funciones públicas y una de sus resoluciones fue usada por Zacarías para lograr la imputación de concejales opositores.
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Durante la investigación, radialistas de la zona en su declaración testifical revelaron que mantenían vínculo de publicidad con la Municipalidad esteña para divulgar avisos institucionales. Sin embargo, la Comuna enviaba materiales para promocionar la figura política del senador Zacarías y de su familia. Es decir, con dinero municipal se financiaba su campaña.
El exjefe de Prensa también había revelado que el senador Zacarías lideraba el esquema de saqueo. Pero después cambió de versión y dijo que fue “engañado” por la Fiscalía.