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La movilización se inició poco después de las 09:00 con una cantidad razonable de vehículos que partieron del Km 10 en dirección al microcentro, pero a medida que la caravana avanzaba iban sumándose más vehículos desde los diferentes barrios. Igualmente, un importante grupo de mototaxistas los aguardaba en la rotonda Reloj de la capital departamental.
La movilización de los autoconvocados se da luego de que salieran a luz audios sobre un presunto plan para derrocar al intendente de Ciudad del Este y las causas penales que fueron abiertas a raíz de las denuncias presentadas por el concejal Celso Miranda (ANR, cartista), alias Kelembu.
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Muchos de los que aguardaban la llegada de la caravana ignoraron las recomendaciones sanitarias sobre el distanciamiento social y el uso del tapabocas para evitar la propagación de la COVID-19, enfermedad que hasta la fecha lleva 850 casos confirmados en el país, de los cuales 11 fallecieron y 299 han logrado recuperarse.
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Cabe recordar que los audios filtrados apuntan a que supuestamente un operador político vinculado al Clan Zacarías, Francis Perrier, hablaba de que imputarían a Prieto y este iría a prisión preventiva, por lo que se vería obligado a renunciar a la intendencia esteña. Así también en las conversaciones se mencionaban cómo posicionar a posibles candidatos incluso pagando a la prensa. No obstante, tanto Perrier como el senador Javier Zacarías Irún negaron esta supuesta conspiración.
Es importante destacar que Miguel Prieto es el primer jefe comunal no colorado de Ciudad del Este, asumió la administración de la ciudad en mayo de 2019, luego de que el Congreso destituyera a Sandra McLeod de Zacarías debido a que en la intervención de su administración se encontraron una serie de irregularidades.
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Asimismo en enero pasado la Fiscalía Anticorrupción presentó acusación contra el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) y su esposa Sandra McLeod de Zacarías, por lesión de confianza, debido al supuesto desvío de G. 2.174 millones de las arcas municipales. No obstante, a pesar de que el Ministerio Público ha solicitado la prisión del legislador, los jueces no han dado curso a este pedido.
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