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El Ministerio Público investiga la supuesta sobrefacturación en la compra de insumos médicos y kits alimenticios durante esta emergencia sanitaria por COVID-19. Las conductas atribuidas en la denuncia genérica son lesión de confianza, asociación criminal, estafa, extorsión y apropiación.
Rojas Rodríguez, antes de ingresar a la Comuna, explicó que buscan documentos contables y administrativos en el marco de un plan de trabajo iniciado a raíz de las denuncias presentadas por el edil opositor.
“Necesitamos la manera que se dan la ejecución de determinados actos administrativos que serían útiles en la tarea de investigación que tenemos. Así también, dar intervención a funcionarios a la Contraloría, particularmente a la Dirección de Gestión de Municipales y Gobernación, quienes estarán oficiando de auxiliares técnicos en la tarea de investigaciones contables y financieras que serán útiles para la Fiscalía”, expresó Rojas.
Por último, ante versiones sobre una supuesta persecución política al intendente Miguel Prieto, dijo que no están para incriminar falsamente a nadie y que el objetivo de la intervención es recabar elementos objetivos que respalden la versión de uno u otro grupo.
Por su parte, el equipo auditor de la Contraloría quedará toda la semana en la Municipalidad para la revisión de los documentos vinculados a las denuncias.