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La denuncia fue presentada el 20 de enero luego de que la madre de la menor descubriera que el familiar cercano, mayor de edad, solicitaba fotografías íntimas de contenido sexual a la niña.
El médico forense Hugo Céspedes inspeccionó a la víctima y no encontró evidencias de lesiones ni tampoco hubo contacto sexual. De igual modo, la psicóloga Mirna Vallejos atendió a la menor y recomendó que se realice terapia psicológica, con el fin de superar emocional y cognitivamente las experiencias negativas vividas.
La fiscala Hermenegilda Cubilla imputó al supuesto autor del ilícito, que se encuadra en el Art. 135 b, dentro de las modificaciones por el Art. 1 de la Ley 6002/17, que reza lo siguiente: “El que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, solicite o exija de cualquier modo a un niño o niña que realice actos sexuales o que envíe imágenes de sí misma con contenido sexual, será castigado con pena privativa de libertad hasta tres años”.
La fiscala tuvo que solicitar a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Poder Judicial la inclusión de dicha figura en el sistema de sorteo, a fin de realizar dicho trámite, pues se trata de la primera imputación registrada en el país por el citado artículo. Una vez incluida, se hizo el sorteo de la causa que recayó en el Juzgado Penal de Garantías Nº 7, a cargo de la magistrada María de Fátima Burró.