El 9 de julio de 2011 un grupo de sicarios guatemaltecos al servicio del supuesto narcotraficante costarricense Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo” , asesinó “por accidente” al trovador en un céntrico bulevar de Ciudad de Guatemala.
Las investigaciones conjuntas realizadas alrededor de este caso por las autoridades de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia no solo identificaron a los autores materiales e intelectuales del asesinato, sino que desvelaron una estructura internacional del crimen organizado.
“La coordinación fue efectiva, profesional y comprometida, por eso se tuvieron resultados con rapidez”, dijo a Efe un investigador de la Fiscalía que participó en la primera parte de las investigaciones.
Aunque en menos de una semana las autoridades guatemaltecas determinaron la identidad de los sicarios que cometieron el crimen, la del costarricense que lo ordenó y las principales hipótesis del móvil, hubo que esperar nueve meses para que todas las piezas del rompecabezas ubicadas en diferentes países centroamericanos empezaran a encajar.
El 15 de julio del año pasado, apenas seis días después del asesinato, una fuente oficial guatemalteca cercana a la investigación, dijo a Efe que el autor intelectual del ataque en el que murió Cabral había sido identificado como “ Alejandro ” , “ un narcotraficante costarricense ”.
A partir de ese día, las fuerzas de seguridad de toda la región empezaron a investigar y perseguir a Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”, quien finalmente fue detenido en marzo pasado por la policía de Colombia, a donde había llegado apenas unos días antes con el apoyo de la banda criminal de “Los Rastrojos”.
El 13 de marzo las autoridades colombianas expulsaron a Jiménez de su país y lo entregaron a Guatemala para que fuera procesado por el asesinato de Cabral, quien era “Mensajero Mundial de la Paz” de la Unesco y había sido incluso nominado al Nobel de la Paz en 2008.
Los investigadores concluyeron que “El Palidejo”, un importante narcotraficante centroamericano, operador del mexicano cartel de Sinaloa y socio del cartel colombiano de “Los Rastrojos”, “organizó, digirió y ordenó” el ataque armado en el que el trovador falleció de forma fortuita.
El atentado orquestado por Jiménez iba en contra del empresario nicaragüense Henry Fariña, supuestamente como un ajuste de cuentas por el robo de un cargamento de drogas.
Fariña, quien vivía entre Guatemala, Nicaragua y Panamá, era propietario de varios clubes nocturnos en esos países, y promotor artístico internacional. Como tal había contratado a Cabral para que se presentará en diversos escenarios centroamericanos.
Los sicarios, que fueron detenidos tres meses después del atentado y que junto a “El Palidejo” serán llevados a juicio en breve, desconocían quien acompañaba a Fariña en su vehículo la madrugada del 9 de julio era Cabral y dispararon a mansalva.
Fariña, quien llevaba a Cabral hacia al aeropuerto La Aurora de la capital guatemalteca, sufrió graves heridas de bala, pero sobrevivió y meses después, el 29 de marzo, fue detenido en Managua, en donde es procesado por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Entre julio y octubre de 2011, las autoridades de Guatemala, apoyadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de las Naciones Unidas, capturaron a los guatemaltecos Juan Hernández, Byron Cortez, René Lima Muralles, Marvin Reyes Navarrete, Luis de León Ojeda, Gustavo Camey Amaya, Audelino García Lima, Elgin Vargas Hernández y Wilfred Allan Stockes Arnold.
Los nueve, según las investigaciones, formaban parte de la banda de sicarios que cometió el atentado, un grupo criminal que también se dedicada al robo de automóviles y a secuestros y asesinatos.
Un tribunal penal de Guatemala iniciará el juicio en contra de los detenidos por los delitos de asesinato, conspiración y asociación ilícita. De ser encontrados culpables podrían ser sentenciados a penas de hasta 50 años de prisión.
El asesinato de Cabral, según las autoridades, ha sido esclarecido, pero aún falta que la Fiscalía convenza con las pruebas aportadas la responsabilidad de los supuestos asesinos, algo sobre lo que los abogados de estos prometen larga lucha.