En 2020 el artista fue detenido y llevado ante un tribunal superior de la "sharía" o ley islámica en el estado de Kano (noroeste del país), donde se le condenó a la pena capital, que fue anulada más tarde por un tribunal de apelación pero podría ser nuevamente revisada.
"Tomamos nota de que el Tribunal Supremo de Nigeria se ha ocupado del asunto, pero seguimos profundamente preocupados por el hecho de que Sharif-Aminu lleve demasiado tiempo en prisión por ejercer sus derechos humanos", afirmaron en un comunicado, entre ellos la relatora de la ONU sobre los derechos culturales, Alexandra Xanthaki.
Ante esta situación, instaron al tribunal nigeriano a considerar prioritario el caso del cantante, ya que corre "grave riesgo" de que se confirme su condena a muerte de nuevo si vuelve a ser juzgado en base a la ley islámica.
La pena de muerte por blasfemia, afirmaron, equivaldría a una "privación arbitraria de la vida según el derecho internacional", por lo que pidieron al Gobierno limitar esta condena sólo a los delitos más graves, así como establecer una moratoria sobre ella, con vistas a abolirla por completo.
"Si un tribunal vuelve a confirmar la condena a muerte, el Gobierno debe suspender la ejecución hasta que las leyes nigerianas cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en asuntos relacionados con la pena de muerte", afirmaron.
También pidieron a las autoridades nigerianas que garanticen la protección de los derechos humanos, así como el bienestar físico y psicológico del cantante y de cualquier persona que intente ayudarle a defender sus derechos.
Firman también el comunicado las relatoras de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Nazila Ghanea; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan; y sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; así como el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.