En una carta dirigida a parlamentarios del país suramericano, a la que tuvo acceso la Agencia EFE, la directora general de la SUDEI, Gabriela Pintos, manifestó que su ánimo es "llegar a un entendimiento entre las diferentes partes defendiendo el derecho de los intérpretes".
En tanto apuntó que aún no está aprobado el decreto reglamentario para los cambios en derechos de autor por los que la plataforma de origen sueco planea dejar de funcionar en Uruguay a partir del 1 de enero de 2024, la SUDEI indicó que trabaja "en los puntos necesarios" para resolver la situación "a la brevedad".
"Estamos avocados a tener contacto con las plataformas de manera de transmitirles nuestra intención de no boicotear el negocio de la industria musical del que somos parte", destaca la carta firmada por Pintos.
Spotify advirtió que "gradualmente" dejará de funcionar en Uruguay a partir de 2024 tras aprobarse en octubre una ley uruguaya con dos artículos que obligan a remunerar a los artistas por la difusión de sus obras en "internet o redes digitales".
Así lo informó la compañía en un comunicado recogido este lunes por la prensa local, en el que asegura que dejará de operar en el país "ante la falta de claridad sobre los cambios en las leyes de derechos de autor".
"Spotify lamentablemente comenzará a eliminar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1 de enero de 2024 y cesar completamente el servicio en febrero, en detrimento de artistas y fans", indica el documento.
Según la empresa, esta decisión se debe a que "ya paga cerca del 70 % de cada dólar que genera la música a las discográficas y editoras, dueñas de los derechos de la música" y considera que "cualquier pago adicional" haría que su negocio resulte "insostenible".
El pasado 2 de octubre la plataforma de audio que da servicio a más de 574 millones de usuarios en el mundo cada mes y que días atrás amplió su alianza estratégica con Google para incorporar la inteligencia artificial a su servicio, advirtió que podría dejar de funcionar en Uruguay.
Lo hizo a raíz de la inminente aprobación en el Parlamento de dos artículos de la luego sancionada ley de Rendición de Cuentas, cuya regulación por parte del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou aún no se ha concretado.