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Leonard Gotshalk, un jugador de fútbol de los Atlanta Falcons convertido en un hombre de negocios en Oregon tenía un historial de problemas legales en el momento de comprar una empresa offshore en 2010. Demandas y archivos criminales acusaron al ex jugador ofensivo de la NFL de fraude y extorsión.
Mossack Fonseca, un bufete de abogados con sede en Panamá que se especializa en la venta de las empresas offshore, en un principio le dijo a Gotshalk que no podía hacer negocios con él, debido a la “información negativa” que su unidad de cumplimiento (o verificación) había encontrado. Gotshalk convenció a la firma de abogados que reconsidere su petición, y señaló en un correo electrónico que “tenía cuentas en el extranjero en el pasado en Europa y Bahamas y Belice” sin problemas.
Tres meses después, el 21 de mayo de 2010, fiscales federales de Filadelfia deslacraron una acusación en donde se calificaba a Gotshalk de ser un jugador clave en un esquema que usó sobornos y otras tácticas para inflar los precios de las acciones de compañías de tecnología.
Tres días después, el 24 de mayo, Mossack Fonseca registró un giro de US$ 3,055 de Gotshalk, según los documentos internos de la firma. El dinero pagó por una compañía de las Islas Vírgenes británica llamada Irishmyst Consultants Limited.
Gotshalk no es el único estadounidense con un pasado sospechoso que usó los servicios de Mossack Fonseca. Una revisión de los archivos internos de la firma de abogados hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y socios de otros medios de comunicación identificó empresas vinculadas por lo menos a 36 estadounidenses acusados de fraude u otras irregularidades financieras graves.
ICIJ y sus medios de comunicación aliados encontraron los detalles de la compañía offshore de Gotshalk – y otras empresas vinculadas a los estadounidenses acusados de daño financiero – en los llamados “Papeles de Panamá”, un tesoro de documentos filtrados que exponen las prácticas comerciales de Mossack Fonseca, uno de los negocios más grandes a nivel mundial que opera con empresas offshore (extraterritoriales).
Algunos fueron condenados por fraude u otros delitos. Se incluye, por ejemplo a Martin Frankel, un empresario de Connecticut que se declaró culpable en 2002 de 20 cargos de fraude electrónico, como también de cargos por fraude de valores y conspiración de crimen organizado, y Andrew Wiederhorn, un ejecutivo de una empresa de Oregon que se declaró culpable de dos delitos graves en un caso vinculado a uno de los mayores escándalos corporativos en la historia de Oregon.
Otros fueron demandados en casos civiles impulsados por los reguladores de valores o demandantes privados. Entre ellos se encuentran seis estadounidenses que fueron acusados en una demanda en la corte federal en el estado de Washington de utilizar una empresa offshore establecida a través de Mossack Fonseca, la Dressel Investment Ltd., para ejecutar una estafa piramidal que costó a los trabajadores de clase media en Indonesia unos US$ 100 millones.
La demanda sostiene que dos de los implicados en un esquema llamado “de Dressel” lanzó a los inversores como expertos financieros, pero eran en realidad “un ex vendedor de electrodomésticos de Sears” y “un abogado inhabilitado que conducía un autobús para las personas que iban desde Utah hasta Nevada para poder apostar en casinos”.
Los expertos en los esquemas de Ponzi y otro tipo de argucias financieras afirman que las offshore a menudo desempeñan un papel importante en empresas fraudulentas. “A los estafadores les gusta las empresas offshore por la falta de transparencia”, dijo Ellen Zimiles, exfiscal federal de Nueva York quien ahora lidera la consulta Navigants, que se dedica a controlar los cumplimientos fiscales. Cuando las estructuras de las empresas offshore se ensamblan con habilidad, “se necesita mucho tiempo para que los investigadores determinen quién es el beneficiario final”.
Las relaciones de trabajo de Mossack Fonseca con decenas de estadounidenses vinculados a malas conductas financiera plantea preguntas acerca de qué tan bien la empresa mantiene su compromiso de seguir las normas internacionales para la prevención de lavado de dinero y de mantenimiento de empresas offshore fuera de las manos de elementos criminales.
Un portavoz de Mossack Fonseca no respondió a las preguntas de este artículo. En declaraciones anteriores, la firma dijo que ha “funcionado de forma irreprochable en nuestro país de origen (Panamá) y en otras jurisdicciones en las que tenemos operaciones. Nuestra empresa nunca ha sido acusada o tuvo acusados relacionados con actos delictivos”.
La firma dijo que trabaja para asegurarse “de que las empresas que incorporamos no están siendo utilizados por evasión de impuestos, lavado de dinero, financiación del terrorismo u otros fines ilícitos”. Afirmó que desecha clientes que han sido condenados por delitos o que participan en otra conducta que plantean “señales de alerta”.
“Nuestros procedimientos de debida diligencia nos obligan a actualizar la información que tenemos sobre los clientes y para verificar periódicamente que no existen resultados negativos en lo que respecta a las empresas que incorporamos y las personas detrás de ellos”, dijo la firma.
Gotshalk y Frankel no pudieron ser contactados para hacer comentarios. Wiederhorn, el ejecutivo de una empresa de Oregon, dijo que la compañía offshore ligada a él en los archivos de Mossack Fonseca se utiliza para transacciones de bienes raíces de rutina en el Reino Unido.
No le iba a tomar mucho tiempo al equipo de cumplimiento de Mossack Fonseca buscar en internet para determinar que el jugador profesional de fútbol Leonard Gotshalk era un cliente de riesgo.
La Comisión de Valores de los EE.UU. demandó a Gotshalk en 1994, acusándolo a él y a otros de proporcionar a los inversores “información falsa y engañosa” sobre una empresa dedicada a inversiones en petróleo y gas. En 1995, un juez federal de Washington DC, emitió una orden judicial permanente prohibiendo a Gotshalk violar las disposiciones antifraude de las leyes de valores de Estados Unidos.
En 2004 un tribunal de Oregon condenó a Gotshalk por robo y le ordenó pagar una indemnización y servir a 20 días de cárcel en un caso que involucra la extracción de grandes préstamos de dinero en donde Gotshalk no tenía ninguna intención de pagar ese crédito. La información sobre la condena estaba disponible en Internet en una nota publicada por Mail Tribune de Medford, en Oregon, que citó a un detective de la policía que dijo que había entrevistado en varios estados a personas que afirmaban Gotshalk les estafó.
No hay ninguna indicación en “Papeles de Panamá” de que Mossack Fonseca se haya dado cuenta de los más recientes problemas legales de Gotshalk que incluyen la acusación de fraude en Pennsylvania y una nueva demanda presentada por la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC).
La audiencia de sentencia fue programada para Gotshalk para el 19 de mayo en el caso penal. Los documentos no indican si él fue o no condenado en el caso. La demanda de la SEC ha sido puesta en espera hasta que finalice el asunto penal. El abogado de Gotshalk no respondió a los pedidos de comentarios sobre los problemas legales de su cliente o la compra que hizo Gotshalk de una empresa offshore a través de Mossack Fonseca.
No es ilegal poseer una compañía offshore, pero expertos en delitos financieros dicen que las preocupaciones por el lucro pueden desalentar a los intermediarios de estas empresas offshore para controlar a sus clientes, permitiendo a los individuos sin escrúpulos obtener el control de las empresas offshore y usarlas para abrir cuentas bancarias difíciles de rastrear.
Los registros filtrados en los documentos de Panamá sugieren que el modelo de negocio de alto volumen de Mossack Fonseca le hizo difícil hacer un seguimiento de los fondos y las actividades de sus clientes. Entre 2005 y 2015, Mossack Fonseca incorporó más de 100.000 entidades offshore, como los fideicomisos y empresas fantasmas. En muchos casos, la firma tiró la responsabilidad de control de los posibles clientes a los bancos y bufetes de abogados externos que se alimentaban con esos negocios. En su anterior respuesta a las preguntas de ICIJ y otros medios de comunicación asociados, la firma dijo que era “legal y prácticamente limitados en nuestra capacidad para regular el uso de las empresas que incorporamos”.
En una entrevista con la Associated Press, el cofundador de la empresa, Ramón Fonseca, dijo que “como una política prefieren no tener clientes estadounidenses”. Los documentos de Panamá muestran que esas dudas de tener clientes de ese país muestran un miedo a las autoridades de los EE.UU.
Los documentos filtrados indican que en el año 2000 la Oficina Federal de Investigaciones contactó con Michael B. Edge, un representante estadounidense para Mossack, y amenazaba con una citación legal en un esfuerzo por obtener información de Mossack Fonseca acerca de una compañía offshore que habían sido involucrada en “un fraude bancario aparente”.
Edge, que ha actuó como intermediario en cientos de empresas registradas por Mossack Fonseca en las Bahamas y otros paraísos fiscales, recordó en un correo electrónico de 2008 que la empresa decidió que debido a la amenaza de los federales “debía convertirse en un representante no oficial” de Mossack en EE.UU. Dijo que continuó trabajando “exclusivamente” con Mossack Fonseca, pero tuvo cuidado de no dejar “ningún vínculo discernible (directo) para Mossfon”.
En un correo electrónico de 2014, Edge explicó que Mossack Fonseca tuvo relativamente pocos clientes estadounidenses ya que quería “evitar nuevos intentos de las autoridades estadounidenses para atacar a la Alianza”. Dijo que con el consentimiento de uno de los socios administrativos de la empresa - Jürgen Mossack – “los clientes estadounidenses fueron purgados”. Los registros muestran, sin embargo, que algunos clientes traídos a Mossack Fonseca a través de Edge fueron pillados en casos de fraude en los Estados Unidos.
En 2003 los reguladores de valores de Estados Unidos acusaron a uno de los clientes de Edge (Mary Patten, con sede en Florida) de ayudar a perpetrar un fraude de inversión de US$ 6 millones mediante una sociedad constituida a través de Mossack Fonseca en la isla de Jersey. Después de que las acusaciones en su contra salieron a la luz, Edge dijo la firma de abogados que había sido “engañada en la creencia de que Patten necesitaba ayuda porque ella era la víctima de una demanda maliciosa”.
En 2005 un juez federal dictaminó que Patten había jugado un “papel crucial” en la estafa. Ella y otro acusado fueron condenados a pagar más de US$ 5 millones en restitución, multas e intereses.
Otro cliente de Edge fue Harvey Milam, un empresario de Mississippi y el hijo del difunto J. W. Milam, uno de los asesinos de Emmett Till, cuyo macabro asesinato ayudó a expandir la lucha por los derechos civiles de Estados Unidos. Los acreedores de una compañía de seguros con base en la isla caribeña de Nevis afirmaron que Harvey Milam y otros acusados engañaron a inversores mediante la transferencia fraudulenta de activos de la aseguradora a otras empresas. Milam y otros acusados arreglaron el caso en 2012 sin admitir ninguna irregularidad.
Patten y Milam no pudieron ser contactados para hacer comentarios para este artículo. El abogado de Milam no quiso hacer comentarios. Edge no respondió a repetidos correos electrónicos y faxes en busca de comentarios.
Todo parecía en orden cuando Rebel Holiday se presentó en la sede de Panamá Mossack Fonseca, en mayo de 2009.
Ella vivía en Virginia y se presentó como una empresaria exitosa con un plan para vender “coleccionables” que contenían pequeñas cantidades de oro. La compañía que quería formar en Panamá estaría “comprometida con la democratización de oro y metales preciosos que sólo han estado disponibles para los ricos en los últimos años”, de acuerdo con un plan de negocio que se encuentra en los archivos de la firma de abogados.
Mossack Fonseca más tarde afirmó que había hecho una búsqueda en Internet sobre Holiday y no encontró nada negativo. Miembros del personal de Mossack registraron la empresa. Al mismo tiempo, en Virginia, los reguladores de valores estatales buscaban accionar contra Holiday y las múltiples empresas que había creado, acusándola a ella y las empresas de engañar a los inversionistas y vender los valores sin licencia. Las alegaciones del Estado se concentraron sobre todo en una agencia creada para vender asesoría de moda a través de Internet.
Una de las inversionistas era Amanda Susan Piola, quien compró acciones por US$ 10.000, pero nunca recibió documentación alguna. Holiday le dijo que lo había pedido todo y que no podría devolverle el dinero de sus acciones. La mujer le dijo al ICIJ que lo había perdido todo en el negocio y no podía pagar a sus acreedores.
Mises Technologies desapareció de los registro de Panamá en julio de 2013. No está claro si Mossack eliminó a la empresa por las acusaciones que Holiday tenía en Virginia. Holiday dijo que el negocio de colección no funcionó y ella misma dejó que la empresa expire. Insiste en que es inocente.
Decenas de otros casos verán hoy la luz a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Para hurgar en la base de datos de más de 200.000 empresas, puede hacer clic aquí.
Por Michael Hudson, Jake Bernstein, Ryan Chittum, Will Fitzgibbon y Catherine Dunn