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El 9 de marzo de 2016, los empleados de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que durante décadas había guardado los secretos financieros de celebridades, oligarcas y criminales mundiales, hicieron un descubrimiento que los dejó fríos. Alguien había copiado grandes cantidades de datos de sus computadoras.
Correos electrónicos, contratos, estados de cuenta bancarios –11.5 millones de documentos de los clientes más delicados del bufete, que ocupaban la asombrosa cifra de 2,6 terabytes– habían sido tomados de los archivos de Mossack Fonseca.
De repente, la rutina de establecer empresas ficticias en paraísos fiscales ya no era la prioridad para el bufete. En lugar de ello, según muestran nuevos documentos obtenidos de Mossack Fonseca, los empleados comenzaron a trabajar furiosamente en una nueva misión: descubrir quiénes eran sus clientes.
Como un jugador clave en el mundo de las finanzas extraterritoriales, Mossack Fonseca había desobedecido durante años las normas que exigían que los abogados y otros especialistas offshore identificaran y verificaran a sus clientes, requisitos diseñados para prevenir la actividad delictiva.
Durante las siguientes semanas y meses, según los documentos recientemente filtrados, los empleados de Mossack Fonseca enviaron frenéticamente correos electrónicos a banqueros, contadores y abogados –los profesionales que habían contratado al bufete para establecer compañías ficticias para clientes acaudalados que deseaban permanecer en el anonimato– con la intención de cerrar las brechas en su control de registros. Esos intermediarios respondieron con pánico y furia.
“¡EL CLIENTE DESAPARECIÓ! ¡YA NO LO PUEDO LOCALIZAR!”, escribió en marzo de 2017 Nicole Didi, asesora suiza de gestión patrimonial. Esta mujer, intermediaria desde hacía mucho tiempo de Mossack Fonseca, representaba a 80 empresas creadas por el bufete.
“Esto es ridículo”, escribió Eliezer Panell, un abogado de Florida que se exasperó por las múltiples peticiones de Mossack Fonseca –a veces con solo un día de diferencia– de que obtuviera y compartiera documentos de dos propietarios de compañías offshore para probar sus identidades.
“NO PODEMOS VOLVER un día después de pedir documentos a pedir otra cosa”, escribió. “PARECEMOS UNOS MALDITOS AFICIONADOS.
Los nuevos documentos revelan que Mossack Fonseca no pudo identificar a decenas de miles de propietarios de compañías que había registrado en jurisdicciones opacas, con bajos impuestos. Dos meses después de que el bufete se enteró de la filtración de registros, aún no podía identificar a los propietarios de más del 70% de las 28,500 compañías activas en las Islas Vírgenes Británicas, el centro offshore más activo del bufete, y el 75% de las 10,500 empresas ficticias activas en Panamá, según muestran los registros.
La ignorancia de la empresa sobre quién se beneficiaba de las empresas ficticias que ayudó a establecer representaba un riesgo importante. El incumplimiento de las reglas de “conocimiento del cliente” podía exponer a Mossack Fonseca a demandas judiciales e incluso a investigaciones penales –y obligar al bufete a cerrar las empresas ficticias, provocando el caos en sus propios negocios y los de sus clientes–.
Los estándares de conocimiento del cliente se han ido volviendo más estrictos a medida que los gobiernos han intensificado sus esfuerzos para combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. La descarada indiferencia de Mossack Fonseca ante una obligación legal tan fundamental fue extraordinaria, según los expertos.
“No debería ser aceptable que un bufete como éste no conozca al dueño de una empresa ficticia, y mucho menos a miles de ellos”, dijo Jack Blum, un abogado estadounidense especializado en fraude fiscal y lavado de dinero. El hecho de que no había registro de quién poseía qué, dijo Blum, “te dice cuán lejos ha ido el negocio de las empresas ficticias. Me parece que no podría ser más loco”.
Este recuento de los últimos meses de Mossack Fonseca es el resultado de una segunda filtración importante del bufete. La primera filtración condujo a la investigación de ‘Los Papeles de Panamá’ y a la ruina del bufete.
En abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y más de 100 medios de comunicación asociados publicaron cientos de historias basadas en la filtración de millones de documentos internos que expusieron el funcionamiento interno del bufete desde finales de la década de 1970 hasta 2015.
La investigación de ‘Los Papeles de Panamá’ convulsionó los mundos de la política, las finanzas y la ley. La lista de personas reacias a la publicidad que utilizaron los servicios de Mossack Fonseca incluyó a miembros del círculo íntimo de Vladimir Putin, al entonces primer ministro de Islandia y a una compañía sospechosa de obtener ganancias de un célebre robo de oro en Londres en 1983.
El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció luego de que la investigación reveló una participación en una compañía offshore que él y su esposa usaron en secreto para mantener casi cuatro millones de dólares en bonos en bancos islandeses, aun cuando su gobierno estaba negociando con los acreedores de los bancos.
Los paquistaníes salieron a las calles a protestar cuando se reveló que los hijos del entonces primer ministro Nawaz Sharif habían establecido empresas ficticias para ayudar discretamente a mantener propiedades inmobiliarias multimillonarias en Londres. Sharif renunció en julio de 2017 luego de que el Tribunal Supremo de Pakistán lo inhabilitara para su cargo.
La policía allanó las oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador, Perú y Ciudad de Panamá. A finales de 2016, los gobiernos y las empresas de 79 países habían abierto 150 indagaciones, auditorías o investigaciones relacionadas con el bufete de abogados, sus intermediarios o clientes.
La nueva filtración ofrece una visión interna de Mossack Fonseca y el círculo de profesionales con los que hizo negocios en las semanas previas al comienzo de la investigación de Los Papeles de Panamá, y luego, cuando el bufete se apresuró a identificar a sus clientes y los clientes comenzaron a distanciarse. Los documentos, que incluyen correos electrónicos, copias de pasaportes y archivos de casos criminales, datan de principios de 2016 hasta finales de 2017, unos meses antes de que el bufete colapsara.
La información fue obtenida por el mismo periódico que recibió la primera filtración, Süddeutsche Zeitung. Los registros se compartieron con el ICIJ y sus socios de los medios de comunicación.
En 1986, Jürgen Mossack, un inmigrante alemán cuyo padre llevó a su familia a Panamá después de servir en las Waffen-SS de Hitler, y Ramón Fonseca, un destacado novelista y abogado panameño, fusionaron sus prácticas legales.
El bufete, Mossack Fonseca, desarrolló un nicho que ayudaba a los ricos a ocultar su riqueza en el extranjero. Desde su base en Ciudad de Panamá, el bufete expandió sus operaciones a más de 30 países, trabajando estrechamente con bancos globales, incluyendo HSBC, UBS y Credit Suisse, y bufetes de abogados en los Países Bajos, México, Estados Unidos y Suiza.
Mossack Fonseca rara vez se comunicaba directamente con los beneficiarios finales de su trabajo. En su lugar, se comunicaba con los intermediarios que se interponían entre el bufete y los individuos adinerados que buscaban proteger casas de lujo, yates y aviones, cuentas bancarias y valiosas colecciones de arte de batallas judiciales imprevisibles, excónyuges y curiosos inspectores fiscales. Algunos beneficiarios de los discretos servicios de Mossack Fonseca utilizaron empresas ficticias para sobornar a funcionarios del gobierno y esconder montañas de efectivo.
El acuerdo le permitió a Mossack Fonseca operar en gran medida en la oscuridad durante décadas. Luego, alguien se hizo de un enorme tesoro que incluía sus registros más confidenciales, los cuales llegaron a los periodistas.
A principios de marzo de 2016, las llamadas de los periodistas de ICIJ comenzaron a llegar a Mossack Fonseca y a profesionales intermediarios. Con el descubrimiento de la violación del sistema informático, el bufete entró en modo de crisis.
El día después de que se confirmara la violación, el abogado de Mossack Fonseca le pidió al fiscal general de Panamá lanzar una investigación criminal e “interrogar urgentemente” a periodistas de Francia, Dinamarca, Australia, Estados Unidos y Alemania que estaban en Panamá filmando documentales para lo que se convertiría en la investigación de “Los Papeles de Panamá”. No se les debe permitir a los periodistas abandonar Panamá o su hotel Hilton hasta que revelen cómo obtuvieron los documentos de Mossack Fonseca, exigió el abogado, sin éxito.
Nicole Didi, la consejera suiza, fue de las primeras en contactar al bufete sobre las indagaciones de los periodistas. “¡Este periodista francés quiere publicar un artículo en el periódico Le Mondeque no es aceptable para mí!”, escribió Didi en un correo electrónico que incluía texto resaltado en amarillo.
El coordinador de atención al cliente de Mossack Fonseca, Jorge Cerrud, trató de calmar a Didi por teléfono, según muestran los registros.
“Voy a hablar con nuestro departamento de relaciones públicas para ver cómo podemos ayudar a prepararte en caso de que los periodistas te contacten nuevamente”, escribió Cerrud por correo electrónico más tarde.
Después de que se publicó la investigación de “Los Papeles de Panamá” el 3 de abril, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas al bufete de abogados se dispararon. Los empleados del bufete aumentaron el uso de la dirección de correo electrónico CrisisCommitte@mossfon, según muestran los registros.
Muchos correos electrónicos se hicieron eco de uno enviado por Charles Hotton, director gerente de una filial de Jersey del Banco de Singapur, la cual ayuda a los ricos a proteger sus activos. “URGENTE ... qué documentos/que información de BO se sacó de los archivos y cuándo”, escribió Hotton, refiriéndose a los llamados “beneficiarios finales” de compañías offshore.
Cerrud, el coordinador de relaciones públicas, intentó animosamente calmar a Hotton. “Hemos evitado que los hackers saquen información de nuestro sistema de correo electrónico a partir de marzo”, respondió. En ocasiones, los clientes de alto perfil se apresuraron a demostrarle a Mossack Fonseca que eran, en realidad, clientes.
Ayudantes del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, enviaron al asediado bufete una factura de electricidad para demostrar su identidad luego de que las autoridades antilavado de dinero de las Islas Vírgenes Británicas exigieran la confirmación de la propiedad de la compañía offshore de Poroshenko. Los abogados del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, enviaron una carta protegida con contraseña a Mossack Fonseca sobre su pasaporte y los miembros de su familia. Esa prueba le permitiría al monarca seguir siendo propietario y administrador de propiedades en el Reino Unido a través de compañías offshore.
Entre la correspondencia se encuentran 17 correos electrónicos con representantes de la estrella de Hollywood Jackie Chan, un cliente de Mossack Fonseca que proporcionó su pasaporte escaneado y una declaración de American Express en un intento por mantener abiertas las compañías de producción y de películas y de ayudar a Mossack Fonseca a evitar multas por trámites incompletos.
Mossack Fonseca también se comunicó con abogados que ayudaron a administrar la compañía panameña de la superestrella del fútbol argentino Lionel Messi, quien recientemente había sido declarado culpable de fraude fiscal en España como parte de un caso no relacionado con “Los Papeles de Panamá”.
Otros reaccionaron a las noticias de la violación con incredulidad y enojo. Según los correos internos de Mossack Fonseca, un contador uruguayo rechazó la sugerencia de la firma de abogados de que escribiera y antedatara un documento para que pareciera que la empresa tenía información precisa sobre la propiedad de una empresa controlada por la familia del presidente argentino Mauricio Macri. La idea fue descartada luego de que el contador le dijera presuntamente a Mossack Fonseca que el documento sería “refutado fácilmente por un calígrafo experto”.
Un abogado que representaba al presidente del Senado de Nigeria, Bukola Saraki, y su esposa tomó un vuelo nocturno de Londres a Panamá. Y uno de los abogados de más alto perfil de Suiza fustigó a la firma en nombre de la familia de Beny Steinmetz, un ejecutivo minero ahora bajo investigación en Israel por presunto soborno y corrupción en África.
“La filtración de información de la cual Mossack Fonseca & Co era el guardián ha causado daños a nuestros clientes, quienes se equivocaron al confiar en ustedes y confiaron en sus habilidades y rigor profesional”, escribió el abogado Marc Bonnant.
Un portavoz de Steinmetz le dijo al ICIJ que las acusaciones de corrupción y soborno son infundadas. Un profesional de las finanzas le dijo a Mossack Fonseca que nunca había dado permiso para que su nombre se escribiera en documentos de compañías offshore, y mucho menos que se hiciera público. “Es increíble, y exijo que ELIMINEN mi nombre de todos sus archivos”, escribió Jean-Yves de Louvigny en un correo electrónico a la oficina de Mossack Fonseca en Luxemburgo.
“¡Me asombra el hecho de que otra persona pueda proporcionar mi nombre sin mi consentimiento!”, escribió de Louvigny. El banquero había visto su nombre publicado como parte de ‘Los Papeles de Panamá’, pero afirmó que nunca había tenido relación alguna con una compañía offshore. Comparó el error a escribir los nombres del entonces presidente francés Francois Hollande y el entonces presidente estadounidense Barack Obama. “¿¿¿¿¿Habrían ustedes hecho eso?????”
ICIJ buscó comentarios de Louvigny y otros intermediarios cuyos nombres aparecen en esta historia, pero ninguno respondió.
En medio de la campaña para identificar a sus clientes, Mossack Fonseca intentaba limitar las consecuencias de la filtración. Mossack Fonseca les dijo a clientes e intermediarios que había instalado un cortafuegos para rechazar los ataques informáticos y que había implementado un sistema para encriptar correos electrónicos y documentos sobre la parte más sensible de la industria offshore: quién posee qué.
El bufete contrató a consultores de relaciones públicas con los medios de difusión para “dar nuestra versión de los hechos”. También contactó a lo que llamaron “embajadores de la industria” para pedirles apoyo público, según muestran los correos electrónicos.
El bufete de abogados dirigió a los clientes hacia un artículo de opinión de Daniel Mitchell, cofundador del libertario Centro para la Libertad y la Prosperidad, en Caribbean News Now. Mitchell escribió proactivamente que “bufetes como Mossack Fonseca son los más recientes sustitutos y representantes de una campaña mucho más amplia que realizan los gobiernos de izquierda y sus diversos aliados y grupos de interés”.
Mitchell le dijo a ICIJ que un empleado de Mossack Fonseca lo contactó después de la filtración, pero que él “ya estaba al tanto del asunto”. El cierre de Mossack Fonseca es “desafortunado”, dijo Mitchell.
“La protección y seguridad de la información es nuestra prioridad más importante”, dijo Mossack Fonseca a sus clientes en un anuncio en mayo de 2016 después de la publicación de los Papeles de Panamá. “Una vez más, les pedimos disculpas por la difícil situación que ha creado esta violación ilegal”.
Los registros muestran que a los clientes no les tranquilizaron mucho los intentos de control de daños del bufete. Un abogado se impacientó al escuchar la música de espera de un teléfono y se quejó en un correo electrónico en julio de 2016 a Josette Roquebert, directora senior de Mossack Fonseca en Panamá. Otro se frustró cada vez más a medida que pasaban los días sin una respuesta a un correo electrónico. “Nuestros clientes no son veletas que giran según los deseos de ustedes”, escribió el empleado de la compañía de gestión offshore.
Un intermediario suizo quedó totalmente harto. “Con muchos mensajes, ustedes, MOSSACK, están intentando convencer a los clientes de que tienen esta increíble situación bajo control”, escribió Félix Chille.
El mensaje concluía: “Probablemente este correo electrónico será interceptado como 11,600,000 de los otros documentos. No me importa”.
Otros fueron más comprensivos, pero dejaron en claro que Mossack Fonseca había violado el código de secreto sagrado, aunque no escrito, de la industria offshore.
“Sentimos mucho lo que sucedió... y les deseo lo mejor, pero se ha roto el objetivo principal de este tipo de estructuras: la confidencialidad”, escribió el planificador financiero uruguayo Ignacio Frechou.
El bufete recibió preguntas directas de los reguladores y las autoridades en las semanas y meses posteriores a la publicación de la historia. Los gobiernos abrieron investigaciones sobre las empresas establecidas por algunas de las oficinas más concurridas de Mossack Fonseca, incluyendo Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Samoa, las Seychelles y Anguila.
En abril de 2016, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles, la cual que regula a operadores como Mossack Fonseca para garantizar que los vehículos offshore no sean mal utilizados, le solicitó al bufete revelar quiénes eran los dueños de algunas de las 5,379 empresas activas que había instituido en el archipiélago.
Una de las formas en que Mossack Fonseca eludió las estrictas reglas de conocimiento del cliente fue confiando en abogados externos para que avalaran la reputación y la identidad de los propietarios reales de las empresas.
Correos electrónicos internos muestran que algunos empleados reconocieron entre sí que no podrían cumplir con las solicitudes, y discutieron el posible riesgo de perder el derecho a operar en el país.
“Ésta es un área gris que se presta a la interpretación”, escribió Josette Roquebert sobre la dependencia del bufete de ciertos terceros para garantizar la reputación y la identidad de los clientes. La práctica “podría considerarse una violación” de la ley de Seychelles, escribió Roquebert.
Una auditoría realizada por la agencia de delitos financieros de las Seychelles meses después concluyó que la oficina de Mossack Fonseca no monitoreaba regularmente a los clientes políticamente conectados de alto riesgo y había violado seis leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, según muestran los nuevos archivos.
“En general, los examinadores encontraron deficiencias importantes en las operaciones de Mossack Fonseca Seychelles”, escribió Phillip Moustache, director de la Unidad de Inteligencia Financiera del país, en una carta al bufete.
Los clientes de la firma también estaban siendo investigados. Las autoridades en la India, España, Suecia y Argentina exigieron información de Mossack Fonseca sobre los contribuyentes que poseían compañías offshore a través del bufete, según muestran los nuevos registros filtrados. La policía local examinó la oficina de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas en busca de registros como parte de una investigación sobre sobornos que involucró al magnate petrolero de Nigeria, Kolawole Aluko.
Dos meses después de la publicación de la investigación sobre “Los Papeles de Panamá”, las autoridades británicas obligaron a Mossack Fonseca a entregar documentos sobre una empresa ficticia administrada por una filial de Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), en aquel momento una empresa minera y de energía que cotizaba en bolsa. En 2013, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido anunció una investigación de ENRC por presuntos sobornos en Kazajstán y África. La compañía se retiró de la bolsa de Londres posteriormente ese año.
Cofiparinter Ltd., la empresa ficticia de ENRC, estaba siendo investigada por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido por corrupción, soborno y lavado de dinero y otros presuntos delitos, según una copia de la orden de registro. La investigación de la compañía no había sido reportada previamente.
“El acuerdo que involucra a Cofiparinter plantea una serie de preguntas sobre quién se beneficiaba de la riqueza natural del Congo”, dijo Anneke van Woudenberg, experta en minería del Congo quien trabaja con la organización sin fines de lucro del Reino Unido Rights and Accountability in Development (RAID). “Una respuesta está clara: no fueron los ciudadanos pobres del Congo”.
Las autoridades británicas se negaron a comentar sobre lo que provocó la investigación de Cofiparinter o a decir si está en curso actualmente.
“Se marchitaría eventualmente”.
Al principio, Mossack Fonseca trató de alentar a sus clientes a permanecer leales, a pesar de la furiosa tormenta de relaciones públicas y legales.
El bufete redujo las tarifas y ofreció a algunos clientes la opción de cambiar el nombre de sus empresas ficticias para que las operaciones comerciales pudieran continuar discretamente.
Mossack Fonseca ayudó a algunos clientes al cambiar su propio nombre comercial para eliminar cualquier referencia obvia a los fundadores panameños en los correos, los paquetes y las facturas. En Samoa, Mossack Fonseca se convirtió en Central Corporate Services Ltd. En Panamá, Mossack Fonseca transfirió los clientes a Orbis Legal Services, la cual contrató a algunos empleados de Mossack Fonseca para mantener el “mismo nivel de servicio”.
Otros clientes simplemente trasladaron su negocio a otros proveedores de servicios offshore en paraísos como Guernsey en las Islas del Canal, las Islas Vírgenes Británicas y Chipre.
“SU BUFETE NO ES CONFIABLE NI CREÍBLE ---------- ADIÓS”, escribió el intermediario con sede en Luxemburgo, Jeffrey Davies.
Los clientes comenzaron a informar que los bancos se rehusaban a aceptar o procesar pagos a Mossack Fonseca.
En mayo de 2016, el bufete les anunció a los clientes que cerraría su oficina en la Isla de Man, la dependencia de la Corona británica en el Mar de Irlanda. Pronto se sucedieron los cierres de oficinas en Jersey y Hong Kong.
Más tarde ese año, Fonseca y Mossack anunciaron que se retirarían del bufete que habían fundado. Permanecería abierto un reducido Mossack Fonseca por unos años más para cumplir con las obligaciones existentes, pero “se marchitaría eventualmente”, decía un correo electrónico a los clientes.
En febrero de 2017, la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, alegó que las compañías de Mossack Fonseca habían sido utilizadas para enviar y recibir sobornos en América Latina en relación con el escándalo Lava Jato. La investigación, la cual aún se está llevando a cabo, se enfoca en las acusaciones de que docenas de políticos y ejecutivos de la compañía petrolera estatal brasileña, Petrobras, recibieron miles de millones de dólares en sobornos de contratistas a quienes se les otorgaron generosos contratos.
La Procuradora General Porcell llamó a Mossack Fonseca “una organización criminal que se dedica a ocultar activos monetarios de orígenes sospechosos”. Ordenó que Mossack y Fonseca fueran arrestados por cargos de lavado de dinero. Los hombres, quienes negaron haber cometido delito alguno, pasaron varios meses en la cárcel antes de pagar la fianza.
“Los fiscales están tratando de obtener evidencia de un crimen que no existe”, escribió Mossack en un cuaderno desde su celda. “Si esto fuera España en los Años Oscuros, nos estarían quemando en la hoguera”.
Mossack y Fonseca fueron liberados en abril de 2017. Aproximadamente un año más tarde, el bufete de abogados con sus nombres cerró para siempre.
En mayo de 2018, los fiscales panameños acusaron a otros 10 empleados de Mossack Fonseca de lavado de dinero como parte de las investigaciones sobre el escándalo Lava Jato de Brasil. Mossack sigue bajo investigación por parte de fiscales en Colonia, Alemania, como cómplice de evasión de impuestos, según un comunicado entregado a Süddeutsche Zeitung.
La procuradora general de Panamá no respondió a las preguntas de ICIJ. Las investigaciones en Panamá continúan, según los informes de los medios.
Mossack y Fonseca no respondieron preguntas específicas de ICIJ o sus socios. En junio, los abogados emitieron un comunicado de prensa que decía que el bufete de abogados, sus empleados y sus fundadores “nunca estuvieron involucrados en actos ilegales”.
Los mensajes de Nicole Didi no se interrumpieron. La asesora suiza fue una de las primeras intermediarias en enviar un correo electrónico a Mossack Fonseca después de ser interrogada por periodistas, y continuó escribiéndole al bufete, con creciente frustración, durante los siguientes 19 meses.
Acusó al bufete de extraviar documentos, de identificar erróneamente al dueño de una compañía offshore y de hacer preguntas en repetidas ocasiones que Didi sentía que no podía responder.
“¡No puedo creer lo que hacen en su bufete!”, escribió Didi en mayo de 2017.
Finalmente, Makya Villarreal, gerente de la oficina de Mossack Fonseca en Seychelles, le dijo a Didi que ya era hora de que se llevara su negocio a otro lado.
“No responderemos a ningún mensaje que envíe, y debe resolver cualquier problema con el nuevo agente con el que elija trabajar”, escribió la gerente.
La empleada de Mossack Fonseca ofreció una última ayuda.
Villarreal le señaló a Didi una lista de otros 67 especialistas en compañías offshore con sede en las Seychelles que ofrecían los mismos servicios que Mossack Fonseca.