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Durante la pasada semana representantes de organizaciones sociales de Formosa, localidad argentina directamente afectada por el plan de instalar una procesadora de uranio, visitaron el país con el objetivo de dar a conocer el impacto del proyecto ya aprobado por el gobierno provincial y exhortar tanto a las autoridades paraguayas a dar una respuesta en defensa de los intereses de la ciudadanía, en este caso de Pilar.
Ángel Fernando Araoz, integrante del Movimiento Ciudadano Formoseño sostuvo que todo el procedimiento legal provincial para aprobar la instalación de Dioxitek en Formosa debe ser atacada como nula, ya que aprobaron el proyecto con anuencia de la Secretaría de Ambiente local el 31 de octubre, a pesar de la existencia de una ley que prohibía la instalación de este tipo de industria en la provincia, dicha ley contemplaba además la prohibición de tránsito de materiales radiactivos o peligrosos.
Llamativamente esta ley finalmente fue derogada en noviembre de 2014 apenas seis días después: "con esto queda en evidencia que actuaron de mala fe y ni siquiera estamos hablando de la posibilidad de contaminación radiactiva, sino que el acto administrativo para aceptar la instalación de la planta es nulo", detalló Araoz.
Esta situación fue denunciada a través de un recurso que también fue desestimado por la Gobernación de Formosa, "con argumentos poco convincentes". El escenario actual obliga a recurrir a la Corte Suprema en un momento donde justicia del vecino país está en el ojo de la tormenta por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
"Por eso incentivamos a las autoridades paraguayas que estudien el caso y responsan al requerimiento de la ciudadanía, ante un proyecto contaminante que afecta a su territorio, necesitamos mayor énfasis en lo legal, porque apoyo político ya los tenemos". "Como ciudadanos no podemos aprobar algo que no ha sido informado, sino hasta después de la aprobación provincial, creemos que hay una mala jugada de parte del gobierno, por eso tenemos que juntarnos entre todas las asambleas ciudadanas" insistió.
Natalia Benítez, cofundadora de la organización Formosa No Nuclear, expresó que si bien la ciudadanía tanto paraguaya como argentina rechaza el plan nuclear, requieren mayor información sobre lo que ocurre, especialmente tras conocerse el trasfondo mencionado, alegó que su lucha no obedece a una superstición sino a un serio riesgo y trajo a colación lo ocurido en la central de Fukushima en Japón, donde los efectos del desastre nuclear aún se sienten.
A su turno Néstor Núñez de la organización Reforma Constitucional Paraguay, lamentó la postura de las autoridades nacionales sobre el proyecto nuclear del país vecino, nos extraña que el canciller actúe más como un empleado de Dioxitek que como representante de los intereses nacionales en materia de salud, medio ambiente, sin olvidar las consecuencias económicas que podría traer la liberación de elementos radiactivos en el aire especialmente para los productos fitosanitarios que exigen contaminación nuclear cero.
La principal diferencia entre la planta procesadora de uranio y el reactor tipo Carem, constituye la actividad de cada uno, la primera convierte el uranio en estado natural, con el que se alimentará el futuro reactor, sostuvo Araoz. Para que la planta se ponga en marcha se neceistan insumos considerados altamente peligrosos y tanto Paraguay como Argentina muestran serias debilidades en cuanto a control de radioactividad se refiere.
En la última sesión ordinaria la Cámara Alta pida un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer los detalles sobre la planta procesadora de uranio que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner prevé instalar en la ciudad de Formosa, fronteriza con el departamento de Ñeembucú y a poco más de 200 kilómetros de la capital paraguaya.