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El 11 de junio de 2014, la justicia parecía estar un poco más cerca para los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa. Después de 23 años de luchas, reclamos y muertes, por fin el presidente Horacio Cartes promulgaba la ley de expropiación de las 14.400 hectáreas de tierras ancestrales que les pertenecían.
Las campañas internacionales y locales por fin habían dado sus frutos. Sin embargo, a más de un año de aquella histórica fecha, la comunidad Sawhoyamaxa, del pueblo enxet, sigue sin poder vivir en paz en las tierras que les pertenecen desde mucho antes de que el primer “blanco” llegara a estas latitudes.
Son unas 90 familias, casi 400 personas, las que forman parte de la comunidad. Cuando aún luchaban por la ley de expropiación, sus líderes relataban que de un día para otro se enteraron que las tierras en las que vivían pertenecían a latifundistas extranjeros y que ahora ellos –que llevaban miles de años viviendo en la zona- eran invasores.
Durante mucho tiempo, sus hermanos y antepasados sirvieron de mano de obra a los terratenientes de la zona sin ganar un solo guaraní, en una condición cercana a la esclavitud.
Desde 1991 comenzaron una lucha que en principio era solo para ser reconocidos como comunidad, pero que dio pie a otra: la de recuperar esas tierras que originalmente les pertenecían.
En 2006, la CIDH sentenció al Estado paraguayo a devolverle a la comunidad unas 14.404 hectáreas de una propiedad que figura a nombre de un ciudadano de origen alemán llamado Heribert Roedel. A pesar de que los plazos para el cumplimiento de la sentencia ya habían expirado, Paraguay seguía sin hacer la más mínima gestión para dar soluciones a los indígenas.
En marzo de 2013, cansados de las promesas falsas e incumplidas, decidieron tomar sus cosas y establecerse en pequeños campamentos improvisados en el interior de las tierras que legítimamente les pertenecían.
A partir de ahí, y con la creciente presión mediática local e internacional, finalmente consiguieron la promulgación de la ley de expropiación de las tierras.
Pero la cuestión no se hizo más fácil para la comunidad, a pesar de la promulgación de la ley, ya que el Grupo Liebig’s, del que forman parte las dos empresas a cuyo nombre figuran las tierras, presentó varias acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Todas fueron rechazadas.
De hecho, abogados señalan que la segunda acción presentada no debería ni siquiera haber sido estudiada puesto que se estaba incurriendo en un doble juzgamiento de una cuestión ya resuelta. Aún así, la ministra de la Corte, Gladys Bareiro, dio lugar a la acción para su estudio alegando que no se trataba de un doble juzgamiento y abriendo sumario a una abogada que la había criticado por su decisión. Finalmente, la sala constitucional de la CSJ volvió a rechazar la acción.
En los últimos días, la cuestión dejó atrás las polémicas jurídicas y se tornó un poco más violenta. El miércoles pasado, miembros de la comunidad Sawhoyamaxa denunciaron haber sido amenazados con armas de fuego por un grupo de empleados del ganadero alemán Roedel.
Ireneo Tellez, abogado de la organización Tierraviva, señaló a ABC Color que la situación se desató luego de que algunos hombres de la comunidad llegaran hasta una casa que funcionaba como retiro de una de las estancias de Roedel.
Cuando el líder de la comunidad, Carlos Marecos, se enfrentó al gerente de Roedel, identificado como Luís Brítez, este respondió sacando una pistola y apuntándole a la cara. Todo esto ocurrió ante la presencia de dos efectivos policiales, según manifestó Tellez.
El abogado de la ONG señaló que si no hubiera sido porque se intentó calmar el ambiente, probablemente se habrían registrado muertes ese día. Cuestionó la falta de acción de los efectivos policiales que a pesar de haber presenciado el hecho y de que el mismo constara en su acta, no detuvieron a Brítez. “No requiere de ninguna orden judicial para eso”, aseveró para luego explicar que los agentes están habilitados para detener una persona descubierta en flagrante comisión de un delito.
Desde el punto de vista de Tellez, estando ya firme la ley de expropiación, la situación en la que se encuentran los empleados de la firma ganadera pasó a ser irregular.
“Antes usaban las chicanas, ahora ya usan la violencia contra los miembros de la comunidad”, se lamentó el abogado, quien aseguró que 36 horas después aún no había existido acción alguna por parte de la Fiscalía. “Queremos que se haga un allanamiento para ver quiénes son los que están ahí adentro”, indicó.
Modesto Guggiari, abogado del Grupo Liebig’s, señaló que fueron ellos los que fueron atacados. “Una vez más fuimos atacados. Sin embargo, se publica como que nosotros fuimos los que atacamos”, refirió Guggiari. El abogado relató que el grupo ocupa las tierras desde hace ya casi 30 años y si bien reconoció la existencia de una ley de expropiación a favor de la comunidad indígena insistió en que la propiedad fue “invadida” por los sawhoyamaxa.
Explicó que a pesar de que existe la citada ley de expropiación, la misma no puede ser ejecutada debido a la falta de pago. En este punto, se le señaló que la justicia dispuso el depósito de la suma tasada por el Estado en una cuenta del Banco Nacional de Fomento debido a que los propietarios de las tierras se niegan a recibir el dinero. Ante esto, aseguró que aún no han sido notificados.
Guggiari, visiblemente ofuscado y alzando la voz, señaló que se debe terminar de justipreciarse la propiedad y que antes de ello no se puede dar por terminada la operación. “Nosotros somos dueños de la propiedad y explotaremos la propiedad hasta el momento que se efectúe el pago. No hay una sentencia judicial de ningún juez”, manifestó. Insistió en que la misma ley establece que se realizará el proceso bajo el artículo 109 de la Constitución Nacional.
“Mientras eso no termina, nosotros estamos haciendo uso de la propiedad y lo vamos a seguir haciendo”, aseveró. Indicó que es por ello que fueron imputados los indígenas que supuestamente extraen madera de la propiedad -que se encuentra dentro de sus tierras ancestrales- de manera irregular. Sin embargo, los mismos miembros de la comunidad Sawhoyamaxa también habían denunciado la deforestación que se realiza en el lugar ante la Fiscalía de Villa Hayes.
“Ellos vienen a atacarnos y a amenazarnos y nosotros nos defendemos”, sentenció y finalmente acusó a Tellez de ser quien incita la supuesta violencia de los indígenas. Criticó además que el Estado, que es el que debería administrar la situación, lo esté realizando de mala manera.
Los empleados que amenazaron a los indígenas se encuentran en el interior de una casa a apenas 100 metros de la comunidad indígena, por lo que la tensión sigue. Si el Estado no actúa pronto, se podrían registrar hechos que enluten a nuestro país.