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“Fue un error involuntario. Se fue un cero de más”, fue lo que respondió el jefe administrativo de la Policía, Comisario Atilio Gabriaguez, cuando denuncias periodísticas pusieron en el foco de la atención pública que la institución pretendía comprar un lote de diez sillas giratorias a G. 4.600.000 cada una de ellas.
En conversación con el programa Sin Anestesia, de radio ABC Cardinal, Gabriaguez afirmó en reiteradas ocasiones que se había tratado de un error al momento de la carga de los precios de la oferta que había presentado la empresa M y F S.A. dentro del acta de adjudicación.
Es decir, de acuerdo a lo expresado por el propio jefe administrativo de la Policía, cada silla en realidad iba a tener un precio real de G. 460.000.
Por su parte, la oficial Ignacia Brítez, de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) se mantuvo en esa misma línea durante la conferencia de prensa brindada en la mañana de este viernes e insistió en que todo se había tratado de un error.
Su superior, el comisario Darío Mongelós, jefe de la UOC, también se ratificó en la versión del supuesto error en conversación con la 730 AM. “En verdad que es un monto alto, hubo un error en la carga del monto. Realmente un cero de más es fácil decir, pero es un error fundamental”, dijo el comisario.
De hecho, no deja de ser llamativo que dentro del mismo lote de adjudicaciones, que un mismo producto apareciera varias veces con el mismo código de catálogo, es decir las mismas características, pero con diferencias de precios abismales.
Por ejemplo, en un mismo lote aparece en varias oportunidades el ítem “sillas giratorias” y con el mismo código de catálogo: 56101504-002. Sin embargo, en cada uno de los puntos aparece con precios diferentes.
En uno de los puntos, las sillas tienen un precio unitario de G. 460.000; en otro aparecen con un precio de G. 1.470.000; en un tercer punto figuran con un precio de G. 1.430.000 y en el primero de los puntos aparecen costando G. 4.600.000. Lo llamativo es que esta diferencia de precio se da con sillas que deberían tener las mismas características, son de la misma marca y el mismo proveedor.
Las sillas forman parte de un gigantesco lote de mobiliario y electrodomésticos que iba a adquirir la Policía Nacional y cuya adjudicación fue anunciada la semana pasada. Para este fin, la institución iba a destinar unos G. 3.800 millones.
La empresa adjudicada para la provisión de las “sillas de oro” es M y F Industrial y Comercial Representaciones SA, cuya representante legal es María Digna Méndez Escobar. Dentro del mismo paquete fueron adjudicados además Constructora Eco SA, Data Lab SA y Data Systems Emisora de Capital Abierto.
Además de las diferencias de precios entre ítems con las mismas características, los documentos desmienten categóricamente la versión de la Policía sobre el supuesto error o el cero demás en la carga de los datos recién al momento de cargar los datos de la oferta.
El cuadro comparativo de ofertas, donde cada empresa que participa de la licitación expone los precios de los productos a ser ofrecidos, muestra que desde un principio se tenía pensado pagar G. 4.600.000 por algunas de las sillas.
En la página 13 del señalado documento se observa que ya en su oferta inicial la firma M y F S.A. establece ese precio para el lote de sillas giratorias. Estos precios superan por lejos a lo que cuesta en el mercado un producto de similar característica. De acuerdo a catálogos consultados por ABC Color, una silla giratoria con reposabrazos y confortables pueden ser adquiridas a partir de G. 450.000.
Renombradas mueblerías locales ofrecen alternativas de alta gama que, cuanto mucho, alcanzan unos G. 2.045.000 por unidad, es decir, menos de la mitad de los G. 4.600.000 que iba a pagar la Policía para comprar el mobiliario.
Apenas líneas más abajo de donde se establece el precio inicial dentro del cuadro comparativo de ofertas, el mismo jefe de la UOC de la Policía Nacional, comisario Darío Mongelós, estampó su firma. El mismo Mongelós que luego aseguró que todo se había tratado de un error en la carga en el acta de adjudicación.
Es decir que no se trató de un simple error a la hora de cargar o tipear los datos de las actas de adjudicación sino que el precio de las llamadas “sillas de oro” estaba establecido desde un primer momento y la Policía avanzó en su intento de compra.
Probablemente, si la denuncia periodística no hubiera evidenciado los altos costos, se hubiera realizado el desembolso del dinero, lo que deja en evidencia a los encargados administrativos de las fuerzas del orden.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano