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Esta semana muchos ciudadanos celebramos la devolución de las tierras ancestrales a los Sawhoyamaxa. Fueron necesarios 23 años de lucha, primero en Paraguay con resultados infructuosos y luego en estrados internacionales, que obligaron al Estado Paraguayo a restituirle sus tierras.
Sin embargo, mientras tanto otro grupo de indígenas del pueblo Ava Guaraní era desalojado de sus tierras ancestrales en Corpus Christi, departamento de Canindeyú. No era la primera vez que iban a desalojarlos, pues hace más de una década la firma agropecuaria Americana S.A. pugnaba con ellos por unas 5.000 hectáreas.
Lo paradójico es que en el 2001 la jueza Silvia Isidora Cuevas Ovelar favoreció a los indígenas con un interdicto de posesión y obra nueva, y fallaba así contra la firma Americana S.A. El interdicto es un trámite sencillo y sumario para definir a quién pertenece una propiedad de forma provisoria y “obra nueva” es para detener obras ajenas que afecten la propiedad.
En comunicación con la jueza para conocer la razón por la cual ordenó el desalojo, la respuesta fue: “No puedo dar informaciones por teléfono, y tenemos que tener orden superior”.
En la Cámara de Senadores ya hay algunos parlamentarios interiorizándose del caso. Uno de ellos es Hugo Richer (FG), quien relató que además de su contradictoria decisión, la jueza se valió de una “maniobra engañosa”, pues citó a los líderes de la comunidad indígena para una audiencia y al mismo tiempo ordenó el desalojo.
Mientras los líderes se dirigían a la audiencia, agentes de la Policía desarmaban y quemaban las casas, la capilla y se burlaban de las costumbres de los nativos, profanando sus artículos rituales.
“Una barbaridad de manipulación, más allá del marco legal la actitud demuestra un intento grosero de engaño”, dijo Richer, y comentó además que la Federación Guaraní ya dirigió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres, para protestar por la actitud de la magistrada.
El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Jorge Servín, contó la misma versión sobre lo ocurrido, así como la hermana Raquel Peralta de la Pastoral Indígena de la zona que acompaña a la comunidad con asesores legales.
“Tratamos de frenar (el desalojo)”, dijo Jorge Servín, pero está claro que no lo lograron. Aseguró que están acompañando a los nativos en el caso y que están conversando con las autoridades que intervinieron en este desalojo.
Otro punto a considerar en el caso es que el desalojo perpetrado por orden de la citada jueza, no fue en favor de Americana S.A. sino de una nueva firma denominada Laguna S.A., que según todos los entrevistados sería de los mismos propietarios de la firma que anteriormente quería las tierras.
La hermana Raquel Peralta explicó que esta no es la primera vez que los indígenas –son en total unas 100 familias-, sufren este tipo de operativos, sin embargo comentó que hace mucho tiempo no veía que se haga con tanta violencia.
Sin embargo lo que hacen los indígenas cada vez que se ven asediados por las “autoridades” es moverse dentro de las 5.000 hectáreas. Nunca se van, nunca salen, dijo.
“Están rehaciendo todo, no salieron. Cuando apareció toda la Policía se ausentaron porque ya sufrieron varios desalojos, incluso por parte de personas particulares (peones), que se burlan de sus creencias, usan elementos rituales de los indígenas, patean las cosas sagradas”, comentó.
Por ahora el Poder Judicial no da la cara y el INDI no está tan interiorizado del caso. Pareciera que se trata de una película repetida, en la que la justicia paraguaya no funciona, y es necesario salir a gritar en estrados internacionales para poder resolver nuestros problemas.