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En 2010 el sacerdote Juan Andrés López Sosa fue condenado a 8 años de prisión por violar a un niño de 11 años en Ciudad del Este. Otra sentencia conocida y más reciente es de 2016, con una condena de 6 años de prisión al sacerdote Estanislao Arévalos, quien abusó de dos monaguillos en la Iglesia del barrio San Vicente de Asunción.
También fue a juicio oral y público el sacerdote Teobaldo Velázquez, acusado de acosar sexualmente a un niño de 12 años, pero fue absuelto. No son conocidos públicamente otros casos en los que sacerdotes tuvieran que sentarse -metafóricamente- en el banquillo de los acusados... hasta ahora.
Silvestre Olmedo Lezcano (59) era párroco de Limpio y reconoció, en un “mano a mano” con jóvenes de la Iglesia, que le tocó los pechos a la coordinadora de la Pastoral de la Juventud de esta ciudad. La víctima tenía 20 años. Lo que no sabía el sacerdote es que estos chicos grabaron la conversación y la filtraron a la prensa.
Recién después de que el manoseo tomara estado público, las autoridades eclesiásticas decidieron abrir una investigación y apartar a Olmedo del cargo; no antes. Igualmente, ya adelantaron que el religioso no perderá su Ministerio, independientemente de si es condenado o no la próxima semana. Su juicio es el 7 de junio.
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Lo concreto es que la Iglesia, en un principio, apañó a Olmedo. El mismo arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, en una carta dirigida a la Pastoral de Juventud de Limpio, calificó el hecho como "una piedrita" porque, según lo repitió en varias ocasiones, el acoso sexual no es lo mismo que el abuso sexual de menores. Y si bien confirmó que Silvestre Olmedo efectivamente manoseó a la víctima, también pidió a los creyentes que se cuide la información de este tipo de incidentes para evitar daños mayores. En otras palabras, no denunciar públicamente los casos. En realidad, si la situación no salía a la luz en la prensa, probablemente Silvestre Olmedo seguiría siendo párroco de Limpio.
Esto es un ejemplo de que clero, al igual que en la mayoría de los gremios, actúa corporativamente. Entonces se entiende -pero sigue siendo irracional- que los feligreses también apoyen ciegamente a abusadores y pederastas; que ataquen y estigmaticen a las víctimas. Esto ocurrió en Limpio: hubo manifestaciones a favor de un sacerdote que reconoció haber manoseado a una joven.
Probablemente, la víctima respetaba al pastor, lo admiraba y lo tenía como guía espiritual. Allí radica el abuso de los sacerdotes que incurren en este tipo de prácticas: aprovecharse de la fe y la jerarquía que se establece en las iglesias (en la católica y en todas la demás), cuya base es una grey que confía en el clero y lo respeta.
Silvestre Olmedo tiene que ir a juicio y si bien la expectativa de pena es de entre 6 meses y dos años de prisión, hay que aclarar que es un delito excarcelable. Y aunque puede ser ser condenado, seguirá en el altar. Esto ya lo adelantó el mismo Valenzuela.
Es que el Art. 1395 del Código del Derecho Canónico establece la expulsión del estado clerical cuando un sacerdote comete "un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad". No hubo violencia (al menos física), no fue públicamente y, como se dijo más arriba, la víctima tenía 20 años.
Un caso más terrible sucedió en Paso Yobái, Guairá. Seis jóvenes de entre 16 y 21 años entre los años 2011 y 2013 fueron manoseados, abusados y presionados a tener contacto sexual por el entonces párroco Gustavo Adolfo Ovelar Núñez y el vicario Francisco Javier Bareiro Acosta, según sostiene una acusación del Ministerio Público. Un catequista empezó reunir los testimonios de las víctimas y, con la ayuda de un sacerdote de San Juan Bautista, se organizaron para denunciarlos ante su congregación y ante la Justicia, a fines de 2014.
Eran colaboradores de la Iglesia y los ataques se registraron en retiros espirituales y en la casa parroquial.
Pero, parte de la culpa es de las autoridades de la Iglesia. En el 2006 (ocho años antes), un exseminarista ya había denunciado a Francisco Bareiro por manosearlo. Tenía 21 años y en una misión en Horqueta le tocó dormir en la misma habitación que el sacerdote. Según contó el denunciante, a la noche el religioso se metió en su cama y empezó a manosearlo. La congregación Oblatos de María Inmaculada ocultó el hecho. El ataque sexual fue un episodio que incidió en su decisión de abandonar el seminario.
Y en medio del escándalo, un adolescente se animó a romper el silencio y contó que cuando tenía 13 años -y para la ley era un niño- fue abusado sistemáticamente por Gustavo Ovelar. El muchacho contó que sus padres le instaban y presionaban a que ayudara en la Iglesia y que se quedara a dormir en la casa parroquial los sábados, a fin de que a la mañana siguiente oficiara como asistente en la misa dominical.
Fin de semana de por medio, durante cuatro meses, Ovelar lo visitaba en las noches y abusaba de él, de acuerdo con su denuncia. Al día siguiente, impoluto, oficiaba una celebración eucarística mientras que la víctima hacía de monaguillo. Pero el joven narra que no perdió la fe y que no le guarda rencor al sacerdote. Sí pide a la Iglesia Católica trabajar para evitar que otro niño sufra lo mismo.
Este adolescente no se animó a declarar en el Ministerio Público. La Fiscalía no lo presionó, para evitar la revictimización y la exposición. La sociedad tiende a cargar la culpa a la víctima y más en un “pueblo chico, infierno grande”. Es que para la comunidad católica de Paso Yobái los degenerados no son los sacerdotes, y el dedo y los cuchicheos señalan al chico que tuvo algún tipo de contacto sexual con un cura.
Cuando el caso ingresó a la Fiscalía, el obispado de Villarrica expulsó a ambos sacerdotes y meses después, tras una sumario, se les sacó el ministerio. Pero la comunidad católica de Paso Yobái amaba al párroco y al vicario, como a los demás sacerdotes de la congregación de los oblatos, que tiene una casa de retiro en Guairá. El pueblo católico veía una injusticia, apoyaba a los sacerdotes y consideraba falsas las denuncias.
Tanto fue así que de los seis jóvenes que inicialmente se animaron a denunciar a Ovelar y Bareiro, dos se retractaron. Pero con los elementos que se juntaron había pruebas suficientes para sostener una acusación.
Sin embargo, Gustavo Olevar se fugó antes de la audiencia preliminar. Su exmano derecha, Francisco Bareiro, se presentó en el primer día del juicio, el 17 de mayo pasado, en el Palacio de Justicia de Villarrica. Pero al día siguiente ya no apareció. Se sospecha que escapó ante la inminencia de una condena.
Otras denuncias que salpicaron a sacerdotes de Paraguay no llegaron a juicio oral y público. El más sonado es del 2002, cuando un grupo de jóvenes denunció que fueron victimas de abuso sexual de parte del obispo de Encarnación, Jorge Livieres Banks. Finalmente fue sobreseído por la Fiscalía y falleció el año pasado.
Igualmente el párroco de la Parroquia Virgen de Fátima de Pedro Juan Caballero, Herminio Abel Casco, había sido imputado por coacción sexual y estupro. En mayo de 2016 el mismo arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, denunció por abuso sexual de menores al sacerdote Gumercino Caputo, de la parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa.
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Otro caso polémico fue el del sacerdote Carlos Richard Ibáñez, quien era buscado en Argentina, sospechoso de varios casos de abuso sexual infantil. Fue detenido en Paraguay en 1997, pero como se rechazó su extradición, se quedó a salvo en nuestro país y acá ejercía normalmente su ministerio.
