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Los institutos penitenciarios en Paraguay fueron siempre un depósito de seres humanos más que centros de reinserción. Las políticas públicas para las personas privadas de libertad solo buscan castigar al transgresor de las leyes, pero no se enfocan en devolver a la sociedad a ciudadanos o adolescentes útiles, solo exconvictos. Esto se refleja en las incómodas cifras de la situación penitenciaria que dejó el 2016.
La educación es una de las aristas vitales para la formación del ser humano, de su nivel de conocimiento depende su calidad de vida. Está visto que los que menos acceso a la formación tienen, son los que más recurren al delito como forma de vida; también es factor determinante en las denuncias en los casos de violencia doméstica, pues mientras más bajo es el nivel de escolaridad del agresor, más recurre a las agresiones físicas en su pareja. También una víctima con unos pocos grados de formación, es la que menos denuncia la violencia.
En este aspecto, el informe más reciente del Mecanismo de Prevención de la Tortura es lapidario: en las prisiones para adultos solo el 18 de cada 100 presos tiene acceso a la educación. En su mayoría por falta de lugar y hasta algunos ni enterados estaban que se impartían clases dentro. Es decir, el sistema penitenciario paraguayo no está interesado en la formación académica.
Un aspecto que no puede pasar desapercibido es el chantaje, varios presos de los entrevistados dijeron que una de las barreras que les impedía estudiar era que los guardias les exigían dinero para cruzar los portones que dividen los sectores de las cárceles.
Los adolescentes tampoco escapan de esta realidad. Los centros educativos son, o deberían ser, instituciones más comprometidas con la educación, pues es vital demostrar a los jóvenes infractores que existen mejores oportunidades fuera del mundo delictivo.
El 92 por ciento de los adolescentes privados de libertad admitió que asisten a clases dentro de los centros penitenciarios. Se trata de una cifra bastante auspiciosa pero esto no es constante en todos los centros, por ejemplo, solo Concepción y Encarnación logran que todos sus internos asistan a clase, en Ciudad del Este el porcentaje cae a 92, en Itauguá 87%, y la más preocupante es Villarrica donde solo el 70 por ciento de los adolescentes asiste a clases regularmente.
Si bien los números parecen elevados, la cantidad de días y horas que se destinan a las clases tiran el pulgar abajo de estas políticas. Solo el 74% de la población nacional de adolescentes privados de libertad tiene clases cinco días a la semana, el restos varía entre tres y cuatro.
El Ministerio de Educación sugiere 30 horas a la semana para planes de estudio de primaria y secundaria, pero en los centros para menores infractores solo se alcanza entre 10 y 15 horas semanales, es decir, a penas logran alcanzar la mitad de lo recomendado.
A lo largo del 2016 los comisionados del MNP hicieron numerosas denuncias por torturas dentro de las cárceles, lo que quedó reflejado en las estadísticas.
El MNP advierte que el Estado debe atender con urgencia la mejoría en el trato que reciben las personas privadas de su libertad, ya sea al momento de ser arrestados o al ser ingresados a las prisiones. El 70% de los presos entrevistados - 212 en total - confesó haber recibido golpes y otros los reciben constantemente durante su estadía, por parte de guardiacárceles.
Esta misma práctica se da en los Centros Educativos, ya que más de la mitad de los adolescentes contó que es víctima de permanentes castigos físicos, golpes e insultos.
Estos números sirven para ver el reflejo de una política penitenciaria incompleta en los adolescentes y adultos que recuperan su libertad luego de cumplir sus condenas.
