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Maria Eisenhut duerme pero nunca descansa. Al abrir los ojos siente una leve confusión y se pregunta si se trata de un sueño, pero desafortunadamente no es así. Su realidad es que hace 11 años perdió a su hija de 17 años. Deysi Patricia Azcona tenía esa edad en noviembre de 2007, cuando desapareció una madrugada de noviembre de su hogar, ubicado en el barrio Santa Librada de Limpio, dejando solamente una carta.
A lo largo de estos años, la familia no ha hallado una explicación ni tampoco las autoridades ayudaron mucho a esclarecer el caso, revela la angustiada madre, quien siente temor de llevarse esa sensación de incertidumbre hasta la tumba, considerando los pocos avances en el proceso investigativo.
“Muchos momentos malos ya pasé en estos años. La Fiscalía no me ayudó cuando les decía que tenía pistas que yo encontraba por mi cuenta, ya que veía que nadie hacía nada. Viajé a muchos lugares sin éxito. Una vez me dijeron que Deysi estaba en una quinta, le llamé a la fiscala y lo que hizo fue llamarle al dueño de ese lugar a preguntarle si ahí estaba mi hija. Se supone que ellos tenían que actuar de inmediato y sin previo aviso”, rememora.
Deysi era menor de edad cuando desapareció, por lo que las acciones deberían haber sido inmediatas. “Cuando desaparecen niños no existe eso de las 24 horas de espera para solicitar búsqueda y localización. Hay que ir inmediatamente a la Policía y tienen que tomar la denuncia y buscar, porque el riesgo es mayor. No hay juicio del personal policial que pueda interferir con eso. Si hablamos de novios, hablamos de una situación mucho más compleja que puede ser abuso. Es un hecho punible, es decir, es grave; no importa la opinión, hay que actuar, esa es la regla. Si como padre sé dónde puede estar, puedo también solicitar acompañamiento de la Policía”, señala Licia Martínez, encargada de Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez.
Oti Eberhardt atraviesa una situación similar desde hace seis años, ya que su hijo, Marcelo Esteban Felhauer Eberhardt, salió de su casa el 28 de febrero de 2013, diciéndole: “Mami, voy a ir a Asunción a hacer dinero para pagar mi tarjeta de crédito. En dos días vuelvo”, pero “nunca más tuve otra conversación con mi hijo”, nos cuenta la mujer, oriunda del barrio Florida de Filadelfia, departamento de Boquerón.
Marcelo, quien en ese entonces tenía 27 años, debía traer a Asunción una camioneta por encargo de un ciudadano holandés, quien luego, cuando el joven ya no contestaba el teléfono, entró en contradicciones al decirle a la madre que Marcelo finalmente viajó a otro lugar por un supuesto cambio de planes.
Según la mujer, esa versión luego sería desechada, ya que durante la investigación se pudo corroborar -con imágenes de circuito cerrado- que el joven llegó a Asunción junto con dos mujeres que lo asediaban constantemente. Una de ellas, Mirtha Carabajal, posteriormente diría que el joven “fue encerrado” por un supuesto narcotraficante poderoso “porque falló con él”. Pese a que esas palabras son de la principal sospechosa de la desaparición de su hijo, son las que le dan esperanzas y así seguir con la incansable búsqueda.
Revela que no confía en la justicia, ya que pese a que en casa de Carvajal se encontraron enterrados dos celulares del joven, la mujer pagó una fuerte suma de dinero como fianza y fue liberada. “No confío completamente en la investigación, tenemos gente privada que sale a buscar pero no tenemos recursos suficientes. No se hizo ninguna búsqueda en la zona porque creo que hay gente poderosa detrás de esto. A mí también me amenazan”, nos dice.
José Miguel Castedo Arce, ciudadano boliviano de 40 años, se comunicó con su hermano Líder Vaca Bejarano y otros allegados por última vez el 23 de junio de 2018. Vaca comenta que su hermano le avisó en una visita a su domicilio que iría a Horqueta, Concepción, para un trabajo -es técnico veterinario- en una estancia ganadera de un amigo, a donde ya había acudido en otras ocasiones. Pero luego del 23 de junio, nunca más hubo comunicación con él. De eso hace ya nueve meses.
Doña Martina Benítez de Cabrera es otra madre acongojada ante el extravío de uno de sus hijos. Se trata de Águedo Crispín Cabrera (40), quien desapareció en Minga Guazú, km 19, lado Monday (Alto Paraná), mientras asistía a un retiro espiritual. Desde el 12 de agosto del año pasado no se tienen pistas de él.
Según averiguaciones que hicieron por su cuenta -porque según la mujer no hubo mucho acompañamiento de las autoridades-, el hombre fue visto por última vez, tras su salida del retiro, por unas personas que lo vieron descalzo y, al conversar con él, se percataron de que no parecía estar bien, situación que llama la atención de su madre ya que, según dice, Cabrera no padecía ningún tipo de trastorno.
Señala además que no hubo ningún problema los días previos a la desaparición. Este caso se torna aún más penoso, ya que el padre de Águedo, don Crispín, falleció el 6 de noviembre del año pasado, tres meses después de la desaparición de su hijo. La mujer asegura que la muerte está estrechamente relacionada a la ausencia de Águedo, ya que el papá había quedado visiblemente afectado tras lo ocurrido y la había advertido incluso en una ocasión: “He de morir si no encuentro enseguida a mi hijo”, y “fue eso lo que pasó finalmente”, nos dice doña Martina entre sollozos.
No pasa un día sin que don Ramón Galeano intente desde su posición buscar pistas sobre el paradero de su hijo de 22 años, Néstor Galeano, extraviado desde el 13 de diciembre de 2018. De hecho, el día que contactamos con él vía telefónica lo logramos tras varias llamadas, ya que se encontraba en audiencia con el fiscal que investiga el caso de Néstor. El joven fue visto por última vez cuando salió de su casa ubicada en el barrio San Antonio de Ciudad del Este, a las 18:00 del 13 de diciembre.
Según el padre, el joven dijo que iría a una bodega. Ya según datos que le dieron testigos posteriormente, tras salir del comercio, Néstor se habría dirigido a una casa de juegos, frente a la bodega, donde permaneció hasta las 5:00 del 14 de diciembre. “Nos dijeron que luego de eso salió, se subió en un vehículo con el que recorrió unos 200 metros, que se bajó y más nada. Es como si le hubiera tragado la tierra”, dice.
Don Ramón dice que su hijo era conocido por la mayoría de los vecinos del barrio. “Todos le conocen, pero al final, cuando acudimos a los que supuestamente estuvieron con él esa noche, no ayudan e incluso niegan que le vieron. Corren muchas versiones, pero finalmente resultan no ser ciertas”, lamenta el padre.
Otro punto que lamentó don Ramón es la burocracia en los procesos judiciales, ya que, según dijo, pese a que hizo la denuncia tras cinco días de la desaparición, recién el 6 de febrero de este año fue emitida la orden de búsqueda y localización. “La justicia es bastante lenta y los momentos perdidos pueden ser de mucha importancia cuando alguien se pierde. Esto no es un juego, es una persona desaparecida. Cualquier mascota se pierde y uno se angustia y ahora es mi hijo el que está desaparecido y da la sensación que nadie me ayuda a buscarle”, dice visiblemente afectado.
Otro joven que no vuelve desde diciembre, específicamente desde el 31, es Patrocinio Núñez, de 26 años. Su hermana Crisnilda señala que hasta hoy les es extraño el extravío de su hermano, ya que siempre fue muy hogareño, pues solo se dedicaba a trabajar como ayudante de albañil y volver a su casa ni bien culminaba la jornada laboral. “Salió a las 23:00 de la casa sin decir a dónde iba a ir. Salió sin su celular, sin dinero. Nada llevó”, cuenta la hermana. Son oriundos de Villeta, barrio Itá Yvaté.
Conversamos con la licenciada Rocío Villalba, trabajadora social y activista a favor de desaparecidos. Según nos dice, nuestro país no cuenta con lo mínimo en lo que a búsqueda de personas se refiere. Asegura que falta un registro único y centralizado -entre las instituciones involucradas en este tipo de situaciones- que integre los datos con la identidad de las personas.
“Una persona desaparece, se hace la denuncia en la comisaría de la zona pero no se deja una foto. Se emite una orden de búsqueda, pero la Policía ni la Fiscalía tienen un software con fotos de los desaparecidos. Los únicos que saben que despareció son ellos. No hay conexión ni comunicación a nivel nacional. Saben que desapareció Juan Pérez pero no saben sus características”, cuestiona.
A su criterio, debería haber un sistema de alerta nacional, con un convenio entre la Fiscalía, Policía y prensa, la llamada “alerta amber” en otros países, que se activa apenas se tiene conocimiento del extravío, para perder el menor tiempo posible.
Dice además que, si bien existe un protocolo, no es cumplido como debería. “No existe un buen protocolo que se cumpla y mucho menos profesionales especializados en búsqueda y localización y que manejen la metodología de investigación para casos de desaparición de personas”, acota.
En su opinión, lo ideal sería tener una ley de desaparecidos, que pueda dar pie a programas estatales en que se preste atención integral a la problemática social de las víctimas y sus familiares. “No hay ningún programa de concienciación ciudadana en cuanto a desaparecidos, solicitando a la sociedad civil su colaboración en la búsqueda. No hay ninguna campaña en los medios de comunicación y redes sociales orientadas a visualizar y sensibilizar a la sociedad sobre este flagelo”, lamenta la especialista.
Desde el 6 de febrero de este año funciona dentro de la Policía Nacional una División de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que tiene como fin realizar el seguimiento de casos de desaparición de personas, en coordinación con las demás dependencias policiales. También le corresponde llevar las estadísticas de estos casos, se informa en la web del Ministerio del Interior.
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En Paraguay, sólo en lo que va de 2019, tienen contabilizados 354 ciudadanos desaparecidos, de los cuales 70 fueron localizados, informó el subcomisario Felipe Figueredo, jefe del Centro de Operaciones de la Policía Nacional.
Por su parte, el comisario Édgar Meza, director de Policía de Asunción, señaló que la tarea de esta dependencia será recibir las denuncias sobre la desaparición de personas de las comisarías, subcomisarías, puestos policiales y destacamentos, como así también acompañar a los familiares.
Detalla que cuando una persona desaparece, el proceso es el siguiente: se debe realizar la denuncia en dependencias policiales o a través del sistema 911. “Cualquiera sea la persona que realiza la denuncia, eso inmediatamente se comunica a la Fiscalía, como también a Informática de la Policía Nacional, para que automáticamente se emita una orden de búsqueda y localización”, de modo a que si la persona es verificada en algún punto del territorio nacional, se pueda saber que es alguien que está siendo buscado por sus familiares.
“Una vez hecha la denuncia, la investigación corre por cuenta de la Fiscalía y, si necesita apoyo, la Policía ayuda”, añade.
Desde la creación de esta dependencia, “estamos trabajando en un sistema informático con datos a nivel nacional”, aunque reconoce que esto aún es sólo dentro de la Policía Nacional y no con otras instituciones involucradas.
El hecho de que en solo tres meses se hayan registrado más de 350 desaparecidos en nuestro país y a la luz de los casos que expusimos en que la mayoría de los familiares lamenta la escasa actuación de las autoridades asignadas debería ser un llamado de atención para los gobernantes de turno.
No son objetos perdidos, se trata de vidas humanas dignas de ser respetadas y cuyas existencias están en juego con cada minuto que pasa. Y por sus familias, que con esas horas, días, meses y años que pasan, sea cual fuere el trasfondo real de cada caso, tienen derecho a recibir al menos una explicación sobre qué fue de sus seres queridos.
Nota de Redacción: Sobre el caso de Marcelo Felhauer, Mirtha Carabajal, se comunicó con esta redacción argumentando que ya fue desvinculada de las investigaciones. Remitió un documento en que consta que obtuvo el sobreseimiento definitivo en el caso de desaparición del joven.