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Nadie iba a imaginarse que el 15 de junio de 2012 la historia del Paraguay iba a marcar un nuevo rumbo con la muerte de 6 policías y 11 campesinos. Un rumbo que, tras cinco meses de la masacre en Curuguaty, sigue en la incertidumbre.
Cambios en escenarios políticos, sociales y económicos del país continúan en la brecha acerca de las consecuencias que trajo la matanza en Campos Morombí, siendo la más contundente la destitución por juicio político de Fernando Lugo, lo que luego desembocó en una crisis regional con la sanción a Paraguay en el Mercosur.
Por supuesto no se puede pasar por alto la cantidad de manifestaciones, protestas y represiones que siguieron.
Esta semana, saltó un hecho que conmocionó nuevamente a toda la ciudadanía. La inacción de la Fiscalía ante el pedido de prisión domiciliaria de 24 procesados por la matanza, y que, hasta ayer, cuatro de ellos se encontraban en delicado estado de salud por recurrir a una huelga de hambre por más de 60 días, apelando a “llamar la atención”.
El fiscal Amir Jalil Rachid, quien encabeza la investigación, recibió la petición de darles prisión domiciliaria a los huelguistas diciendo que no tiene “problemas” en acceder al pedido, pero que no obstante, la decisión dependía de un juez.
Sin embargo, la medida alternativa de Habeas Corpus, fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia.
Sectores de izquierda alzaron su voz de protesta manifestándose por la misma causa frente al Minister¡o Público. Pasaron los días y fueron reprimidos por las fuerzas del orden. Como si continuáramos en la era stronista.
Repudiando estas situaciones y aún cuando ya ha transcurrido casi medio año sin tener respuestas, la ciudadanía por su parte buscó su manera de reclamar. En las redes sociales, la pregunta “¿Qué pasó en Curuguaty?” fue posteada por miles de usuarios pronunciándose para exigir justicia también por lo sucedido aquel 15 de junio.
Una investigación paralela sobre lo ocurrido lleva a cabo una organización que preside Domingo Laíno. La Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos plantea que hay “intereses” y “parcialidad” en el caso.
Entre otras cosas argumentan que el fiscal Amir Jalil Rachid maneja con mucha parcialidad el caso y que esto obedecería a que es hijo de un exsenador colorado (Bader Rachid Lichi), quien era amigo de quien también reclamaba las tierras como suyas: Blas N. Riquelme, fallecido meses atrás.
Igualmente ponen en duda la implicancia del campesino Rubén Villalba, tal como lo sostiene la Fiscalía.
Todo lo expuesto es solo una muestra de los tantos cuestionamientos que existen en torno a la tragedia en Curuguaty. Quizás la pregunta "¿Qué paso en Curuguaty?" debería figurar en el encabezado principal del expediente fiscal de esa investigación, que hoy por hoy la ciudadanía exige sea esclarecida.