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Primeros en América latina y cuartos a nivel mundial. Esas son las posiciones que ostenta nuestro país en índice de prisión preventiva. “Cuarto lugar en el mundo, pero por detrás de países como Libia, Mónaco y Andorra, pero por proporción, nuestro porcentaje es el más grande a nivel mundial. Eso es escandaloso”, alerta Soledad Villagra, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Lo recomendado es que el 40% o menos de la población penitenciaria de un país cuente con prisión preventiva. En Paraguay, el porcentaje es de 78% de personas privadas de libertad sin condena.
“Hay una grandísima cantidad de personas presos sin se haya probado de lo que se acusa. Encerrada, la gente causa muchísima más inseguridad de lo que la gente piensa”. Según estimaciones 800 personas nuevas ingresan al sistema penitenciario al año al sistema y actualmente existe un déficit de 5.000 internos sin lugar en los recintos penitenciarios.
Refiere que el hacinamiento empeoró drásticamente desde el 2011, con la duplicación de la cantidad de personas encerradas. Lo atribuye en parte a la ley antidrogas que califica de populista. “Es criminología mediática. Pasa algo, se asusta la gente y ya sacan cualquier ley, sin estudiar estadísticas. Esta situación ha disparado la tasa penitenciaria, en algunas cárceles incluso hay 377% de hacinamiento. “La cárcel de Emboscada es la peor. La de Tacumbú alberga más del doble de su capacidad. En Ciudad del este, 225%”, detalla.
Describe a esta situación como “cultura del encierro” en la que se piensa que las personas infractoras están mejor encerradas. “En la cárcel hay cualquier cantidad de gente con trastornos mentales, problemas de adicciones. Las adicciones no tienen por qué ser tratadas en las cárceles. La mayoría de los jóvenes no tienen un problema de delincuencia; hemos visto gente que por fumar marihuana está presa”.
La gran mayoría de las personas con prisión preventiva, con procesos que ni siquiera son revisados, son los más débiles del sistema. “Nuestra justicia tiene mucha burocracia y cuesta mucha plata. Es muy fácil entrar, pero cuesta mucho salir”.
Un censo sobre población penitenciaria femenina y de menores infractores expone que un 63% de las mujeres están presas por tráfico de drogas en pequeña escala, mientras los adolescentes y adultos, por acusaciones de hurto, delitos contra la propiedad, no delitos violentos.
El Código de Ejecución penal ofrece una cantidad de formas alternativas a la prisión, pero la costumbre de la sociedad y de la justicia paraguaya es que están mejor tras las rejas o en instituciones.
Sobre este punto, alerta que hay alrededor de 1.500 niños privados de vivir con familias, a falta de un programa de familias acogedoras. “Llegamos a ver casos de menores con hasta 12 años o más sin acceder a una familia.
La encarcelación también se traslada al ámbito de los adolescentes infractores, quienes ante un problema, ya son recluidos en centros educativos. “Es el fracaso de nuestra sociedad la falta de respuesta a una necesidad, a una situación de vulnerabilidad”.
Los principales objetivos de la persecución penal –expone– no son los verdaderos delincuentes, sino la gente de los barrios marginales. “Hay sobrepoblación de barrios de las periferias. No significa que ahí haya más delincuentes; significa que la persecución penal comienza ahí”.
“En algunas comisarías, hay un cobro permanente, una especie de chantaje contra las personas que tienen antecedentes”, exclama Villagra. Es decir, aquellas personas que tienen hechos punibles en su historial siempre están en la mira, e incluso son obligadas a pagar a algunos policías para evitar ser considerados como sospechosos en hechos en los que no se involucraron.
“Y eso no pasa en barrios más prestigiosos de la ciudad”, sino solo en las zonas marginales, como los barrios de las zonas bajas o los asentamientos. Aclara, sin embargo, que no se trata de un gran porcentaje de la Policía, pero hay agentes que se aprovechan de esta situación para sacar provecho. Es esta práctica la que les resta confianza en estas zonas.
De acuerdo a las investigaciones sobre reincidencia, existen muchas dificultades para que una persona que estuvo privada de su libertad se reinserte positivamente a la sociedad. “La gente cree luego que las personas privadas de su libertad no deben de gozar de derechos, porque se las consideran seres inferiores. Esto se aplica mucho a las personas con antecedentes penales. Vuelven a ser penalizados aunque no hagan nada”.
Esta cultura del encierro deshumaniza a la gente, que termina en el sistema penitenciario. “La gente se queda sin posibilidad, se les considera un número”, reflexiona.
Villagra, quien participó de numerosos recorridos con el MNP en los establecimientos de reclusión, asegura que la clave para reducir la inseguridad y mejorar la condición de vida de las personas privadas de libertad es invertir y delinear mejores programas de reinserción, con lugares de trabajo más dignos dentro de las cárceles.
Y, obviamente, apostar por las medidas alternativas en lugar de mandarlos a todos a prisión. “En la medida que paremos la entrada de gente sin razón, por delitos que ni valen la pena, vamos a progresar como país y en materia seguridad. Es un llamado especial para legisladores futuros y que no se dejen llevar por políticas de mano dura que lo único que hacen es exacerbar la inseguridad”, finaliza.