Preso "por querer salvar vidas"

Édgar Martínez Sacoman se encuentra actualmente con prisión domiciliaria por haber producido cannabis medicinal para familias de escasos recursos. Cumplió 1.000 días recluido por esta causa y su caso está estancado en la justicia.

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Édgar Martínez Sacoman tiene 41 años y su historia ha conmovido a cientos de familias que sufren por tener un familiar con enfermedades como el cáncer o la epilepsia.

“El día miércoles 3 de abril del 2019 cumplí 1.000 días en prisión por la elaboración de aceite de cannabis para uso medicinal lo cual distribuía de forma solidaria y gratuita entre personas enfermas y con necesidades urgentes de dicha medicina que en ocasiones acudían a mi ayuda”, relata el hombre.

Martínez cuenta que su madre falleció por un cáncer terminal hace algunos años y dicha experiencia fue tan fuerte y marcante en su vida que le sensibilizó a tal punto de llenarse de valor “incluso estando consciente del riego de sufrir las consecuencias por llevar a cabo dicha acción e ir preso por eso”.

Relata que luego del fallecimiento de su madre, a raíz de un cáncer terminal, vivió una etapa muy dolorosa y difícil de su vida. “Cuando pasa eso no le desea a nadie”, expresó.

Decidió ir a vivir a las Islas Canarias, tras una propuesta laboral. Estando allí, aprendió mucho sobre la medicina natural, especialmente porque en el Centro de Investigación del Cáncer de dicha localidad, que quedaba a unas cuadras de su casa. Pudo aprender técnicas de extracción y aplicación del cannabis, luego de una charla intensiva en la cual participó.

En el 2013, regresó al país e inició su trabajo en el ámbito de la agroecología y los cultivos orgánicos. En medio de esa labor empezó además a trabajar en los minerales e instalaron en su vivienda los equipos necesarios para analizar e identificar los minerales que hallaban en todo el país. “La idea era localizar las minas y luego ponerlas a trabajar”, añade.

En medio de los recorridos, se percató de grandes cultivos de marihuana en el interior del país y conoció además a muchas familias que sufrían por tener a un miembro con enfermedades crónicas como la epilepsia o el cáncer. Decidió ayudar a todas las familias de escasos recursos, para que los enfermos puedan tener una despedida digna de sus familiares y mejorar su calidad de vida, recurriendo al cannabis medicinal.

Fusionando sus conocimientos y la materia prima que recogía en pequeñas cantidades, solo para la fabricación de los aceites de cannabis, optó por no ignorar las necesidades de las personas y fabricar la medicina. “Para mí el crimen sería omitir auxilio”, expresa.

Édgar afirma que ayudó de manera gratuita a un aproximado de 20 personas, incluidas varias que mostraron una notable mejoría consumiendo el aceite de cannabis.

Por ejemplo, recuerda, el caso de una amiga suya que ya estaba postrada en la cama y con dolores muy intensos a raíz de escleorosis y al poco tiempo de consumir la medicina fabricada de manera natural, logró levantarse y hoy está “flamante y hasta bailando”.

Asimismo, destacó que uno de sus testigos calificados fue un médico que prestaba servicios en el Hospital de Clínicas y tuvo conocimiento de su caso luego de que vaya preso. El especialista demostró la evolución de los pacientes que fueron tratados por el aceite producido por Édgar y la recaída tras volver a los fármacos tradicionales.

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Édgar corrió el riesgo de ayudar a quienes le pedían ayuda hasta que el 8 de julio del 2016, cuando en un allanamiento policial entraron a su vivienda y encontraron unos 20 ml de aceite de cannabis para uso medicinal y unos 100 gramos de cannabis en proceso de extracción sumergidos en agua y congelados en la heladera. “Que de la manera y el estado en que se encontraba ya no servía para uso recreativo o para fumar sino que solo servía para medicina”, afirma.

En setiembre del 2017 se inició su juicio oral y en diciembre del mismo año, fue sentenciado a dos años y medio de prisión, un par de horas antes de que el presidente de la República promulgara la Ley 6007, del Cannabis Medicinal en Paraguay.

Estuvo 18 meses en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este y el 29 de diciembre del año pasado le otorgaron la prisión domiciliaria, que se encuentra cumpliendo actualmente.

En los primeros días de enero del 2018, el fiscal de la causa Abg. Elvio Aguilera Vásquez solicitó que sea revocada su pena, debido a que el Ministerio Público sostiene que no es aplicable en este caso el artículo 22 del Código Penal, que habla del “Error de prohibición” e indica que “no es reprochable el que al realizar el hecho desconozca su antijuridicidad, cuando el error le era inevitable”.

Precisamente la aplicación de este artículo logró atenuar la pena a 2 años y medio, teniendo en cuenta que la mínima prevista para estos casos es de 5 años, indica el fiscal. Sin embargo, agrega el fiscal Aguilera, durante todo el juicio Édgar admitió que estaba en conocimiento de que estaba cometiendo un delito. 

El 2 de julio del 2018, el tribunal de apelaciones revocó la medida domiciliaria y ordenó su remisión a la cárcel, además de invalidar su sentencia del juicio anterior, por lo cual tendría que ir a un nuevo juicio oral y público.

Tras recusar al fiscal de la causa Abg. Elvio Aguilera Vásquez, se dio inicio a su tercer juicio oral el 13 de noviembre del 2018, teniendo como fiscal de la causa a Manuel Rojas Rodríguez.

El 4 de diciembre del mismo año estaba prevista la culminación de su juicio oral pero una hora antes del inicio de juicio oral, su defensa recibió una notificación en la cual se volvió a confirmar al fiscal Aguilera Vásquez.

El juicio fue suspendido y fue marcada una nueva para el día 11 de febrero del 2019. El 12 de diciembre del 2018 presentaron nuevamente un pedido de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, acción que aún no fue resuelta.

Los primeros días de febrero, el fiscal Aguilera solicitó la revocatoria de su prisión domiciliaria. Al presentarse en tribunales para su juicio oral, el 11 de febrero, les comunicaron que se había cambiado el tribunal. Actualmente, no cuenta con tribunal asignado, ni fecha de reinicio de juicio oral.

“Es una abierta persecución porque no me callo y me quejo ante las injusticias”, lamenta el hombre, quien reitera además que su único objetivo fue ayudar a los enfermos y sus familiares.

Por su parte, el fiscal afirma que no se trata de una persecución y que incluso dentro de este nuevo juicio oral el acusado “ya estaría en condiciones de salir con libertad condicional”, teniendo en cuenta el tiempo que ya lleva recluido. 

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Pacientes con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías afirman que no han encontrado alivio o cura en los tratamientos con medicinas tradicionales, por lo que optaron por la del uso medicinal del cannabis con resultados extraordinarios.

La organización Mamá Cultiva, por ejemplo, defiende abiertamente esta medicina y lleva años luchando por la legalización del uso medicinal de la marihuana.

En diciembre del 2017, el Senado sancionó en forma unánime el proyecto de ley que habilita la investigación medicinal de la planta de cannabis, la producción local de aceite de cáñamo y su distribución gratuita a pacientes con enfermedades crónicas.

Actualmente, el aceite de cannabis es vendido en el mercado local por ciertas farmacias habilitadas por el Ministerio de Salud, a un costo aproximado de G. 1.800.000 por cada 240 ml.

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