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En la búsqueda de un real cumplimiento de esta norma de rango constitucional, y en la búsqueda de una mayor “humanización” de las cárceles de nuestro país, fue creada la Asociación Caminos de Libertad, con el objetivo de dignificar a las personas privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios.
Al respecto, la directora de la asociación, doctora Alda Cardozo, explicó que la nueva organización es el resultado del sueño de muchas personas, profesionales y amigos comprometidos con el sistema penitenciario y con las personas privadas de su libertad.
Añadió que se ocupan de la permanente necesidad de los presos de una asistencia jurídica de su causa procesal, pero lo más importante es cambiar la mentalidad de la persona que está en prisión. “Queremos restablecer su vida interior. La ayuda espiritual es una herramienta muy importante que vamos a utilizar fuertemente, que es el sostén de muchas de las personas que se encuentran en prisión”, destacó.
Comentó que también quieren atender la parte psicosocial, para lo cual tendrán el apoyo de expertos, por ejemplo, en programación neurolingüística, para seguir luego con la educación y capacitación, a través de un programa denominado “Cirugía de la mente”, de modo a transformar, rehabilitar y reinsertar al condenado a la sociedad.
Por su parte, el doctor José Altamirano, director adjunto de la asociación, y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que pretenden, con los instrumentos al alcance, trabajar con las personas que han perdido su libertad y que tiene el “estigma social”, pero también quiere trabajar con la sociedad que los discrimina.
“Tenemos una pretensión casi quijotesca, pero lo vamos a intentar, y en ese intento, queremos el apoyo de muchos con pequeñas cosas, porque son estas las que logran las grandes”, resaltó.
En ese sentido, agregó que no cree en el “hombre extraordinario”, sino en el ordinario capaz de hacer lo que hace de manera extraordinaria. “Creo que hemos de conseguir gente que aporte de corazón sus pequeñas cosas, para que volvamos a esto más humano”, expresó.
La asociación fundamenta sus acciones en cuatro ejes principales: Asistencia psicosocial, educación, capacitación laboral y seguimiento de causas procesales.
En cuanto a la asistencia psicosocial, considera que contextualizar al interno es esencial para diseñar el tratamiento adecuado que iniciará, antes de ingresar a los distintos programas previstos: educativos, deportivos, laboral, tratamiento de adicciones, de reducción de violencia, acompañamiento psicológico y psiquiátrico, etc., para convertirlos en persona útil a sí mismo y a la sociedad.
Sostiene asimismo que los psicólogos y asistentes social tienen un rol preponderante en las cárceles, ya que la situación de encierro es traumática y cada persona debe ser evaluada y asistida en la medida necesaria.
Respecto de la programación neurolingüística, la asociacón considera que es la técnica aplicada para que las personas puedan organizar sus ideas y acciones para alcanzar resultados; es decir, se refiere a sus patrones mentales y a los objetivos que se plantean.
Neuro se refiere a la neurología de las personas, recogiendo la idea fundamental de que todo comportamiento proviene de sus procesos neurológicos de visión, audición, olfato, gusto, tacto y emoción. Lingüística guarda relación a cómo la persona utiliza el lenguaje para ordenar sus pensamientos, cómo influye en su conducta y para comunicarse con los demás.
La asociación estima que la educación es una de las vías más idóneas para lograr la reinserción social, por tanto la meta apunta a la universalidad de la educación formal. Dice que la capacitación en carreras técnicas es el camino para insertarlos en el mundo del trabajo y para la generación de herramientas que posibiliten la adquisición de nuevas habilidades conducentes a hábitos saludables tendientes a una mejora en la calidad de vida. Apunta, además, a modificar la conducta por la adquisición de valores que les asegure una vida digna a su egreso de la penitenciaría.
Consiste en la formación de círculos de lectura de libros de autoayuda cuyo objetivo fundamental es inhibir las limitaciones mentales, despertando en ellos un cambio de actitud y de conciencia crítica y reflexiva hacia el “yo puedo”, reconociendo sus debilidades y fortalezas; actitudes y aptitudes que les posibiliten desarrollarse conscientemente con su valor personal e interpersonal.
Según la asociación, el Código de Ejecución Penal (Ley Nº 5162/15), otorga mucho valor a los programas de reinserción, y dispone en el Art. 120 que “los internos condenados a una pena privativa de libertad mayor de tres años, que se encuentren en el periodo de tratamiento, en un establecimiento cerrado ordinario o semiabierto, que posean una conducta calificada como muy buena, podrán ser beneficiados con el régimen de redención ordinaria, por el que se restará un día a la condena, por cada tres días de trabajo o estudio”, por lo que hoy día los Internos se muestran interesados y buscan su integración a los programas de aprendizaje.
Añade que la acción culmina con la incorporación a un plan de empleo con apoyo de empresas del sector privado. Dice que en este punto se trabajará para la exención impositiva.
La novel organización considera igualmente que la asistencia jurídica, enfocado como un derecho humano fundamental, ofrece asistencia personalizada, acompañamiento y seguimiento a las causas y la comunicación veraz y oportuna del estado del proceso. Esto se encarga de la protección de los derechos procesales y la aplicación efectiva de las leyes penales y las convenciones internacionales ratificadas por nuestro país.
Señala que la idea es adelantar “brigadas jurídicas”, evaluando en forma integral la situación de los procesos mediante la asistencia a los consultorios jurídicos y participación activa en los distintos juzgados. Culmina la tarea con el informe presentado a cada interno entrevistado.
Creará tambén “clínicas legales”, que bucarán ser espacios de instrucción y capacitación en materia legal conducentes a formas personas conocedoras de los procesos a seguir hasta la conclusión de su causa y así evitarles angustia, ansiedad y depresión por la falta de conocimiento y de visita de su defensor.
La asociación se propone igualmente actuar en representación de las personas privadas de libertad, ante los órganos legislativos para los casos de peticiones legales que favorezcan al colectivo.
Por otro lado, la asociación sostiene que los egresados de las penitenciarías sufren discriminación como consecuencia de la “estigmatización social”, por lo que cree que se debe diseñar estrategias para bregar por un cambio de paradigma, mediante campañas a nivel nacional para visibilizar la problemática carcelaria y las favorables consecuencias de la implementación de programas de rehabilitación para la reinserción social, así conseguir una visión social modificada.
Expresa que para lograrlo, pregona la necesidad de reconocer a las personas privadas de libertad como seres con derechos insatisfechos. “Visibilizamos los trabajos realizados y sus resultados, logramos el interés de organismos de instancias de decisión, como por ejemplo Comisiones del Congreso (de Narcotráfico, de Derechos Humanos, de Codificación)”, recalca.
En cuanto a los avances logrados al 30 de agosto pasado, la asociación informa que en el marco del convenio de cooperación firmado con la Cooperativa del Sur, han iniciado los trabajos con mujeres que se encuentran privadas de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Encarnación.
Dice que el proyecto se encuentra en el Eje Nº 2, y atendiendo a los “sorprendentes resultados”, la cooperativa decidió ampliar su apoyo y así ingresar al centro educativo 12 adolescentes infractores de la Ley, que se encuentran participando en los programas.
Asimismo, en el marco del convenio con la Pastoral Social Penitenciaria, se dispuso iniciar un plan piloto en el Pabellón D, con 20 internos, para luego seguir avanzando. También se firmó un acuerdo con el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
La idea es trabajar con la comunidad indígena de las penitenciarías de Concepción y Pedro Juan Caballero, labor ya iniciada. Comenta que en Concepción se encuentran en prisión 26 indígenas (siete analfabetos) y en PJC 66 indígenas (17 analfabetos). Para esta grave situación la asociación ha contactado con la Dirección de Educación de la Gobernación del Amambay para que se ocupe de alfabetizarlos.
Por otra parte, la organización informa que en la penitenciaría de Encarnación está en ejecución el eje Nº 2 “Cirugía de la mente”, con un grupo de 34 mujeres consolidadas en el cambio de pensamiento y actitud. Además, en ese mismo contexto, ingresaron en el Centro Educativo 12 adolescentes.
El acompañamiento de causas judiciales ya produjo el primer beneficiado, y es el caso de Juan Carlos Gómez García, con cinco meses en prisión sin proceso alguno, y que fue liberado por la intervención de un abogado integrante de la Asociación Caminos de Libertad y la presentación de un hábeas corpus reparador. El juez Óscar Delgado intervino en la causa.