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Muchas son las personas que suelen llamar a las oficinas públicas, canales de televisión, colegios u otros sitios diciendo que hay un bomba que, de un momento a otro, va a explotar.
Esa simple llamada telefónica genera una movilización policial y causa un revuelo que, luego de confirmarse que solo fue una falsa alarma, aparentemente finaliza ahí.
Sin embargo, lo que los “llamadores” no tienen en cuenta es que, una vez que se descarta la amenaza, entra a funcionar una maquinaria policial-judicial que tiene a su cargo identificar desde qué teléfono y lugar se realizó la llamada y finalmente detener al autor de la misma.
Las personas que hacen una llamada de falsa alarma se exponen a ser procesadas y condenadas a una pena que podría llegar a los tres años.
Actualmente, existen varios procesos abiertos por llamadas de alarma de bombas en los que están procesados los autores de este tipo de “bromas”.
El juez de Garantías, Óscar Delgado, tuvo a su cargo varios de estos procesos y ya llegó a dictar sentencias.
“En mi juzgado fueron abiertos tres procesos de personas que llamaron a decir que había una bomba en un edificio. En dos casos se llegó a una condena de 2 años y en uno de ellos el procesado fue absuelto, porque había algunas dudas sobre su responsabilidad”, explicó el magistrado Delgado.
Antonio Ismael Fernández Prieto fue el primer condenado por coacción grave y amenaza de hecho punible, por haber llamado a amenazar la casa del senador Robert Acevedo, donde dijo que había una bomba.
El otro condenado es Sixto Daniel Ocampos Cabral, quien llamó a la Embajada de los Estados Unidos a decir: “Vamos a hacer volar la Embajada de los Estados Unidos”. Por ese hecho fue sentenciado.
Actualmente, el juez Alcides Corbeta tiene un caso de un llamador identificado como Óscar Inocencio Pereira, de 28 años, recolector de basura, quien el pasado 13 de mayo llamó al Sistema 911 a decir que había una bomba en el Poder Judicial.
El magistrado ya dispuso prisión para el joven y se espera que se llegue a la audiencia preliminar a fin de saber si es llevado a un juicio oral, en el que podría ser condenado al igual que los otros ya citados.
El Sistema 911, por su parte, suele recibir un promedio de cuatro llamadas mensuales diciendo que hay bombas en diferentes lugares.
Todas estas llamadas son identificadas por un sistema de rastreo. Desde el Sistema 911, todas las comunicaciones son grabadas y, si son falsas alarmas, los antecedentes son remitidos a la justicia, para su proceso.
Por una cuestión de protocolo que tiene la Policía Nacional, al recibirse una llamada de amenaza de bomba, se tiene que movilizar a las fuerzas de la FOPE. Todo esto hace que los uniformados desalojen a las personas que se encuentran en los lugares donde se cree que está el explosivo.
En épocas de exámenes, las llamadas apuntan a los colegios, donde son los mismos alumnos los que hacen estas advertencias, para evitar dar la prueba.
También los canales de televisión y entes públicos son blancos predilectos de estos "llamadores".