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“Estos chicos salen a la luz cuando tienen 14, 15 años, pero todo ese periodo anterior estuvieron olvidados, invisibilizados, nadie se ocupó de educación, su salud, su alimentación… Oportunidad es lo que los chicos no tienen”, dijo el director del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (Senaai), Orlando Castillo, durante una visita al Centro Educativo de Itauguá.
Castillo se refiere a la realidad de cientos de chicos encerrados en al menos media docena de centros educativos en todo el país, en regímenes cerrados y semiabiertos. Solamente en el centro educativo de Itauguá tienen una rotación de aproximadamente 600 menores de edad al año, aunque no todos son nuevos: muchos de ellos vuelven a ingresar, algunos por reincidencia y otros por violar las medidas sustitutivas a la prisión.
Pero, ¿de dónde vienen todos estos adolescentes privados de libertad? ¿Qué hacían, quiénes se ocupaban de ellos y hacia dónde pueden apuntar al ingresar a un centro educativo? Los problemas que aquejan a estos chicos son numerosos y de larga data.
Según el director del centro educativo visitado, Daniel Zaracho, la mayoría de los adolescentes que llegan allí estaban fuera del sistema educativo cuando ingresaron. Lo que dice coincide con un censo realizado por CDIA y el MNP entre abril de 2014 y febrero de 2015, cuando encontraron que el 90% de la población adolescente privada de libertad no contaba con la educación primaria obligatoria completa y más del 50% de ellos no estaban estudiando cuando fueron detenidos o derivados al centro.
Además, muchos de los que estaban en el sistema educativo se encontraban en situación de "sobre-edad" para el grado al que asistían. Además, un ínfimo porcentaje de los padres de estos adolescentes contaba con estudios universitarios culminados. La mayoría había asistido a la primaria, algunos a la secundaria y otros eran analfabetos. De allí se puede entender que la educación no representa un bien que colabore con la situación económica y social de la familia.
Una vez ingresados al sistema penitenciario, el panorama tampoco es el ideal. Si bien -según el censo- el 68% estudia durante el encierro, las horas de clase semanales son inferiores a las del sistema oficial educativo. La mayoría de los adolescentes -88%- clama por la posibilidad de aprender algún oficio que les permita sustentarse al salir, lo que es clave para la tan ansiada reinserción social.
Para la mayoría de estos adolescentes ese es, de hecho, uno de los disparadores por los que los que dejan el sistema educativo. La falta de recursos para comer los lleva a trabajar -el 83% trabajaba antes de entrar a los centros educativos- y muchas de las familias eran beneficiarias de programas destinados a familias en situación de pobreza extrema.
Hasta aquí, el sistema judicial en Paraguay encierra mayoritariamente a jóvenes pobres, sin acceso a educación, con padres para quienes la educación no tiene un valor real en el presente. La mayoría de los adolescentes provienen de familias cuyas características se corresponden con familias que están entre el 10% más pobre del país, cuyos ingresos mensuales no sobrepasan los G. 183.000, señala el documento citado.
Un factor sobre el cual no se ha indagado mucho en la incidencia que tiene como disparador para cometer hechos punibles es el consumo de drogas; sin embargo, Castillo y Zaracho coincidieron en que el 90% de los que ingresan al centro educativo de Itauguá tienen antecedentes de consumo de algún tipo de estupefaciente, sobre todo el crack, conocida como la droga de los pobres.
Los adolescentes deben atravesar por procesos de desintoxicación que se realizan usualmente en el Centro Nacional de Control de Adicciones y luego en el centro se cuenta con psicológas y terapeutas que acompañan a los chicos. Sin embargo, muchas veces se debe esperar a que haya lugar en el centro de adicciones, porque son escasos; entretanto, los chicos sufren síntomas de abstinencia, lo que puede derivar en situaciones de violencia, señalan las autoridades.
Además de estos, hay muchos otros factores, como la falta de acompañamiento de los defensores públicos, el abuso de la prisión preventiva de los jueces y la falta de apoyo de los familiares que ni siquiera visitan a sus hijos. En general, existe un gran déficit en el sistema de recuperación de adolescentes infractores y el solo encierro no genera soluciones de fondo.
Uno de los chicos del Centro Educativo de Itauguá recuerda que “nadie es perfecto y todos merecemos una oportunidad”.