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Las estadísticas económicas también muestran la falta de equidad entre hombres y mujeres. Según Verónica Serafini, exviceministra de Economía Social, las desigualdades económicas importan cuando del bienestar se trata, sobre todo en un país en el que el 31,8% de los hogares tiene como jefa a una mujer y el 29,9% tiene a una mujer como principal proveedora económica.
Señala que las desventajas económicas que sufren las mujeres restringen su autonomía económica y contribuyen a la pobreza de ellas y sus familias, así como a su incapacidad para responder ante situaciones de violencia intrafamiliar debido a la dependencia económica y a una trayectoria de vida marcada por diferentes tipos de violencia.
“A pesar de la relevancia económica que tienen las mujeres en el bienestar de la familia, de sus avances educativos y de sus deseos de trabajar, las oportunidades económicas no son las mismas para ellas que para los hombres”, explica, y como prueba, presenta el siguiente cuadro.
Las mujeres se encuentran en desventaja en la mayoría de los indicadores laborales. Si son jóvenes o campesinas, la situación empeora. La inactividad y el trabajo no remunerado hacen que el 32,0% de las mujeres mayores de 15 años no cuenten con un ingreso propio, frente al 11,7% de los hombres. Es decir, la proporción de mujeres que no cuenta con ingresos triplica la de hombres sin ingresos.
En su artículo “8 de marzo. Yo Paro. Las desigualdades de género en el trabajo”, Serafini subraya que la brecha de ingresos se debe a la menor cantidad de horas trabajadas por las mujeres y a su ubicación en ocupaciones peor remuneradas (trabajo doméstico, trabajo por cuenta propia), pero una parte importante de esta desigualdad no está explicada por ninguna variable económica, ya que ellas, a pesar de que trabajan la misma cantidad de horas, y tienen similares credenciales educativas y años de experiencia, de todos modos ganan menos.
Agrega que “las niñas y adolescentes enfrentan problemas todavía más agudos, como el trabajo infantil peligroso”, ya que el 23,5% del total de niños y adolescentes (5-17 años de edad) realiza alguna actividad económica, lo que quiere decir que 436.419 niños y adolescentes están involucrados en algún tipo de trabajo, de los cuales 146.201 son mujeres. Un dato alarmante en este sentido es que unas 50.000 niñas y adolescentes permanecen en situación de criadazgo en nuestro país
Por otro lado, el 75% de los jóvenes (15-29 años de edad) son mujeres, es decir, 254.000 personas. Éstas, según el estudio, están “excluidas de la educación y del trabajo porque se encuentran en los hogares realizando tareas domésticas y de cuidado de dependientes”.
El acoso laboral es otra parte de esta problemática, y que incluso carece de estadísticas. De esta manera la impunidad prevalece, señala.
“Desde todo punto de vista, estas desigualdades son incompatibles con cualquier aspiración de mejoras en las condiciones de vida de las mujeres y sus familias, de crecimiento económico sostenible, desarrollo y reducción de la pobreza”.
-La asignación de responsabilidades familiares (labores domésticas y de cuidado) recae casi exclusivamente en las mujeres, a pesar de que las actividades que realizan son esenciales para la reproducción social.
En este punto, se reproducen datos de La Encuesta de Uso del Tiempo, relevada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). En ella se refleja la sobrecarga de trabajo que tienen las mujeres. Ellas dedican 28,7 horas semanales al trabajo no remunerado (actividades domésticas, de cuidado y de producción para el autoconsumo) frente a 12,9 horas que los hombres destinan a esas funciones.
“Esta injusta división sexual del trabajo repercute en las oportunidades económicas, ya que las mujeres deben destinar menos horas al trabajo remunerado y optar por ocupaciones que les permitan conciliar sus responsabilidades familiares con las de proveedora económica”.
-Una cultura empresarial machista y de poco apego a la ley. El resultado es que solo la mitad de las trabajadoras en relación de dependencia cuenta con los beneficios del acceso a la seguridad social. La exclusión del Instituto de Previsión Social (IPS) implica una alta vulnerabilidad a los riesgos derivados de una enfermedad de toda la familia y, en el largo plazo, la dependencia económica y la pobreza de las trabajadoras cuando se retiran.
“La reacción negativa de algunos referentes empresariales sobre el reciente alargamiento del permiso de maternidad muestra con claridad que el bienestar de las trabajadoras, y la calidad de vida de la niñez en su primera infancia, son vistos más como un gasto que como una inversión”.
-La falta de políticas de empleo y producción, protección social y cuidado. Por un lado, son necesarias políticas que faciliten el acceso a ocupaciones de mayor productividad y calidad, especialmente para las mujeres jóvenes: capacitación y formación para el trabajo de calidad, intermediación laboral, acceso a productos financieros y a activos (tierra).
“En el ámbito rural, el acceso a la tierra está limitado para las mujeres, a pesar de que las leyes le dan prioridad. Solo entre el 8% y 12% de las fincas está a nombre de ellas. El acceso a servicios públicos también presenta grandes desigualdades. Las mujeres campesinas tienen menor cobertura del crédito público y de las políticas agropecuarias”.
En segundo lugar, indica que se requiere la sustancial ampliación de los programas que buscan erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente. El principal programa -Abrazo- cubre a menos del 10% de la población infantil y adolescente que trabaja, la mayoría en ocupaciones peligrosas.
En tercer lugar, en el Paraguay se necesitan políticas de cuidado que impulsen una distribución más justa de las responsabilidades familiares y de cuidado, de manera que las mujeres cuenten con igualdad de oportunidades al entrar al mundo del trabajo.
“La teoría económica y la evidencia empírica señalan que el mercado no solo no reduce las desigualdades, sino que en algunos casos las aumenta”, concluye la experta.