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En los últimos años la sociedad observó cómo los actos delictivos parecen multiplicarse y crecer en su saña contra los victimarios. Casos como los de Lializ, Liz Teresita, Camila Cabriza y decenas de otros casos generan en la sociedad indignación, rabia, impotencia y también envilece las virtudes humanas ya que la gente en su desesperación por “mejorar” la situación va a los extremos del retroceso planteando por ejemplo la pena de muerte.
Sobre ese planteamiento, es necesario profundizar para comprender la pena de muerte, porque es una idea errada. La Constitución Nacional de Paraguay de 1992 en su artículo cuarto garantiza la vida, la protección física y psíquica por parte del Estado y suprime la pena de muerte. No es que Paraguay sea un país de tontos por haber abolido esa medida, esa es la tendencia mundial de una sentencia que degrada al ser humano y viola sus derechos garantizados no solo en leyes nacionales sino también en Tratados Internacionales, como el Tratado San José de Costa Rica.
Legalmente hablando no se puede ni siquiera plantear esta posibilidad, explicó a ABC Color la viceministra de Justicia Carla Bacigalupo. “Nuestra Constitución Nacional establece como objeto de la pena la readaptación del condenado y la protección de los bienes jurídicos, por lo tanto de ninguna manera puede establecerse la pena de muerte como objeto de la pena o como consecuencia de la pena”, indica.
Para la diputada Olga Ferreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, hablar de esa posibilidad representa un “retroceso”, ya que actualmente vivimos en democracia, según dijo a ABC Color.
“La pena capital es el homicidio premeditado y sancionado judicialmente de un ser humano a manos del Estado. Es la máxima negación de derechos humanos”, indica el informe sobre pena de muerte de Amnistía Internacional del 2012.
Todavía en el marco de las cuestiones legales, hay que saber que enmuchos países donde todavía se practica la pena de muerte, las condenas pueden llegar a ser por delitos menores, por cuestiones religiosas o raciales, utilizadas contra las minorías, contra los pobres, y en países cuyo sistema judicial generan gran preocupación, indica el mismo informe. Además no existen pruebas de que la pena capital sirva para disuadir a las personas de cometer crímenes.
Prueba de ello son las noticias, que gracias a la tecnología, hoy podemos conocer y en algunos casos interceder como seres humanos a favor de la vida de personas como Mariam Ishaq, una sudanesa de 27 años condenada a muerte por convertirse al cristianismo. En Egipto por ejemplo se llevan a cabo juicios colectivos y condenan a centenares de personas a la pena capital, violando toda forma de defensa legal y pisoteando los derechos de la gente.
Nelson Mandela, recordado por gran parte del mundo por su labor histórica a favor de los derechos humanos, estuvo cerca de ser condenado a muerte en 1964.
Entonces caben algunas preguntas: ¿Tiene Paraguay siquiera un sistema judicial trasparente y justo? ¿Quiénes serían los encargados de juzgar algo tan importante como la vida de un ser humano?
Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Paraguay, la pena de muerte es una respuesta simplista a problemas humanos complejos, y resalta la mala utilización de esta medida que en algunos casos puede acabar con la vida de personas inocentes.
“Los últimos datos sobre delincuencia en países abolicionistas no demuestran que la abolición tenga efectos perjudiciales. En 2006, 30 años después de que Canadá aboliera la pena de muerte para los delitos comunes, el índice de asesinatos había disminuido en más de un tercio”, señaló.
Vega es clara al indicar que la pena de muerte, una medida de degradante, cruel e inhumana, sirve para desviar y dividir: “Desvía energía y recursos que podrían ser utilizados para hallar soluciones más constructivas, como mejorar las investigaciones policiales o atender a las familias de las víctimas, y divide a las personas y las comunidades sin ofrecer a cambio un beneficio claro”.