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“Justicia pronta y barata”, sería el ideal, pero con las actuaciones de varios juzgados del país resulta una misión imposible, ya que uno de los casos donde un exmagistrado se encuentra imputado tardó casi un año en destrabarse.
En setiembre del año pasado la defensa del exjuez Alberto Sosa, imputado por quebrantamiento de depósito, había recusado a la jueza Dina Marchuk; argumentando que en los años en que fueron compañeros la magistrada nunca lo saludó. Posteriormente recurrieron hasta la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, la sala penal integrada por los ministros Luis María Benitez Riera, Alicia Beatriz Pucheta y Sindulfo Blanco rechazaron la recusación y confirmaron a la jueza Marchuk para que siga en la causa de su excolega. A raíz de la confirmación el juzgado ha fijado la audiencia de imposición de medidas para el próximo de 30 de junio a las 09:00.
Los fiscales Martín Morínigo y Andrés Arriola imputaron al magistrado por quebrantamiento de depósito, que según el artículo 298 del Código Penal, tiene una expectativa de pena de hasta cinco años o multa, cuando se trata de sustracción de objetos que se le hayan confiado a un funcionario público.
El exjuez Alberto Sosa había sido cuestionado y su actuación saltó a la luz pública, cuando liberó en cuatro ocasiones a los presuntos autores de un ataque a la estudiante Camila Cabriza, baleada por "motochorros". La joven logró salvar su vida.
A raíz de ello la Superintendencia General de Justicia de la Corte Suprema había realizado una auditoría, como resultado de dicha investigación se detectó un millonario faltante en mercaderías incautadas en varios procedimientos.
Se hablaba de la “desaparición de mercaderías incautadas, cuyo valor se estima en US$ 1.500.000 (un millón y medio de dólares); desaparición del expediente judicial formado al efecto, pero cuyos vestigios aparecen en el parte diario de la Policía Nacional que custodia el edificio”, según la denuncia realizada por el ministro Sindulfo Blanco.
También, la auditoría detectó un “depósito cuyo control estaría en manos exclusivas de la actuaria Cleider Marlene Velázquez López (que ya no se encuentra en el cargo) y que contendría, además, un bibliorato con resoluciones judiciales para conceder medidas sustitutivas y alternativas con desconocimiento del respectivo juez de ejecución, por falta de notificación y otras evidencias cuya cantidad y contenido no se pueden establecer con precisión”.
Anteriormente a este proceso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había resuelto removerlo de su cargo de juez penal de garantías de Luque, dado que se comprobó que incurrió en “mal desempeño de sus funciones” luego de haber otorgado medidas sustitutivas a la prisión preventiva a un imputado en el marco del asalto e intento de asesinato a la joven estudiante Camila Cabriza, hecho ocurrido en Luque a inicios de abril del 2014.