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Un total de 21 Estados forman parte del Tribunal Internacional del Mar, órgano independiente surgido de la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar, y se enfoca en los diversos aspectos que contemplan el derecho marítimo, especialmente la resolución de controversias en torno al mismo, desde la definición de límites, preservación del medio marino, entre otros.
El pasado 14 de junio se realizó la elección de 7 nuevos miembros, entre los cuales figura el actual viceministro de Relaciones Exteriores, Óscar Cabello Sarubbi, quien adquiere la condición de juez e inicia funciones a partir del 1 de octubre próximo en la sede permanente situada en Hamburgo, Alemania.
La elección se dio en el marco de la Reunión de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Un total de 165 Estados formaron parte del escrutinio, de los cuales 161 dieron su voto favorable al candidato propuesto por nuestro país, cabe destacar que los magistrados se eligen a título personal, no en representación de un Estado.
De acuerdo a la normativa de la instancia en cuestión, cada miembro debe estar avalado por una reputación que le permita tomar las decisiones con la mayor imparcialidad posible, teniendo en cuenta el ámbito en que desarrollará su gestión y por sobretodo “con una comprobada integridad y de reconocida competencia en derecho al mar”.
En conversación con ABC Color, el diplomático afirmó que el Tribunal adquiere importancia no solo como una instancia de resolución de controversias entre los Estados parte, también como órgano consultivo para los Estados miembros que tienen dudas sobre los alcances del derecho que rige en el mar.
El Tribunal se acoge a la Convención del año 1982, de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, que define su campo de acción en aspectos tales como utilización de recursos tales como minerales, navegación, pesca y definición de límites, pero por sobretodo su protección ante eventuales amenazas, puesto a que es fundamental para la vida del planeta.
Según Cabello, en la actualidad uno de los principales desafíos del Tribunal tiene relación con el establecimiento de nuevas fronteras marítimas, que traen consigo tanto la superposición de territorio marítimo y eventuales discrepancias cuando se pretenden explotar recursos mas allá de la Zona Económica Exclusiva de cada país con costas sobre el mar y esto ocurre se puede recurrir al Tribunal para la resolución de un conflicto en base a lo que dicta la Convención del 82, explicó.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la elección representa un importante logro no solo por el status de la mencionada instancia en materia diplomática, también por tratarse de una autoridad proveniente de un país sin litoral marítimo. En efecto el Tribunal incluye por primera vez a los sistemas jurídicos de países sin salida al mar.
Con ello se pretende una distribución más equitativa de las representaciones como marcan los preceptos que dieron origen a la organización, y más aún por los problemas propios que sobrellevan los países mediterráneos al momento de transportar productos, bienes y servicios por vía primero fluvial y posteriormente marítima.
En ese ámbito, Cabello señaló que en el caso de los países mediterráneos, existe menos presión en lo que a disputas se refiere en comparación al mar, no obstante, son numerosos los casos en que nuestro país tropezó con trabas al momento de la navegación, la mayoría de ellas impuestas por los gobierno de Brasil y Argentina, especialmente del tipo arancelario, lo que a su vez genera mayores gastos para el exportador.
Desde su creación, el Tribunal ha intervenido en unos 25 casos contenciosos entre países y emitió varias opiniones consultivas.
Su elección como juez, implica su alejamiento de la Cancillería Nacional, confirmó Cabello Sarubbi, atendiendo a que cumplirá una función de tiempo completo y cuyo salario depende de los Estados que componen el Tribunal.
El vicecanciller evitó hablar de plazos en que presentaría su nota de renuncia, a la espera del retorno del doctor Loizaga.
Cabello Sarubbi cuenta con una vasta experiencia en cargos vinculados al derecho marítimo. Fue delegado de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en Nueva York, entre 1977 y 1982.
Integró la delegación oficial que suscribió la Convención sobre el Derecho del Mar en Montego Bay, diciembre de 1982. Fue Jefe de Delegación durante la primera sesión de la Asamblea de la Autoridad de los Fondos Marinos, Kingston, Jamaica, 1985.
De igual manera, publicó artículos en la Revista de la Universidad Católica y de la Academia Diplomática del Paraguay en materia y numerosas conferencias, con especial énfasis en los derechos de los países sin litoral marítimo.