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Cuando mencionamos la palabra tortura, posiblemente llegan a la cabeza imágenes lejanas de la guerra o de otras épocas. Pero hay que saber que esto es algo que ocurre lastimosamente de forma cotidiana, en los sitios más cercanos. Nuestro país es signatario de varios documentos al respecto; sin embargo, del papel a la acción hay todavía un largo tramo, según reconocen los expertos.
El derecho internacional humanitario (DIH) define la tortura como “la existencia de un propósito concreto, sumada al hecho de infligir sufrimiento o dolor graves en forma intencional”; a diferencia de los “tratos crueles e ihnumanos”, que son “sin propósito concreto”, infligiendo un nivel considerable de sufrimiento o de dolor. Finalmente, los tratos degradantes son hechos sin propósito concreto, donde se ve “humillación o degradación”, ya sean físicos o psicológicos, según el DIH.
Conversamos al respecto con Carlos Portillo Esquivel, comisionado del Mecanismo de Prevención de la Tortura, que es una instancia del Estado, pero independiente y autónoma de los tres poderes, justamente para lograr que su misión de prevención no se vea afectada por ningún tipo de influencia. El trabajo que hacen en la mencionada institución los lleva a ver realidades que la mayoría de nosotros ignoramos, o que la misma Justicia pasa por alto.
Portillo comentó que no solamente en penales y comisarías hay indicios de tortura o tratos degradantes, como generalmente se conoce. Esto también ocurre en allanamientos, manifestaciones o marchas, donde los agentes del orden recurren a la represión. El Mecanismo de Prevención recopila todos estos hechos y los acerca a los tres Poderes del Estado, para que tomen “cartas en el asunto”, recordó el comisionado.
Desde la creación de la mencionada instancia, ya se han entregado dos informes a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, hechos en los años 2013 y 2014. Sin embargo, el trabajo continúa, porque “persiste la tortura y otros tratos degradantes” en nuestra sociedad, manifestó Portillo.
Uno de los más graves problemas que encaran desde el mecanismo, es que a medida que se crean sistema de control, también se desarrolla otro sistema “de ocultamiento de las prácticas de tortura”, lamentó Portillo. Esta es una gran preocupación, ya que hablamos de la existencia de cómplices en instituciones del Estado, que están en conocimiento de estas situaciones pero no hacen nada para evitarlo, o bien, denunciarlo en el caso que ocurra y lo sepan. O en los casos más graves, los cometen.
¿Qué pasa en los calabozos de las comisarías? ¿Qué pasa dentro de las cárceles? Esas son algunas de las preguntas que quedan por responder.
Para tener más claro de qué se trata, Portillo ejemplificó las situaciones de tortura o tratos degradantes, que tienen un factor en común: la víctima está en condiciones de vulnerabilidad.
“Son detenciones prolongadas, uso de la fuerza sin que se ajuste a los principios legales, aislamiento en los penales sin que haya normativa vigente, o en los casos de remisión a albergues de niños o adultos mayores que no se les da la oportunidad de reclamar”, dijo. Cuando todo esto se convierte en una práctica sistemática, hablamos de tortura, agregó.
La educación es fundamental, afirma el experto. Las definiciones legales son muy precisas, y hay que hacer que se conozcan. Por ejemplo, hay que educar acerca de que el uso de la fuerza y de armas de fuego son medidas extremas, y es algo que los policías y militares deben saber y respetar, indicó. Así también es necesario que las personas conozcan sus derechos.
“No solo debemos detectar los casos, sino educar para que a través de esto, se puedan controlar los desbordes, sin recurrir como primera y única medida a la fuerza”, manifestó. Recordó que la Fiscalía de Derechos Humanos es la responsable de llevar adelante las investigaciones y los procesos relacionados a estas situaciones.